Evlin Aragón/
El presidente en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Isaac Torres Carmona, aseguró que en la actualidad existe indicadores contundentes que reflejan que en la entidad oaxaqueña existe una clara criminalización a la protesta social, ello debido a que se utiliza el servicio de la función pública con fines particulares, a través de revanchas políticas contra grupos sociales y amplios sectores populares, al margen de la constitución y la legalidad.
Lo anterior de acuerdo con el activista deriva en un deterioro grave, tanto en las libertades democráticas, como en los derechos humanos, toda vez que hay un claro uso indebido del poder por parte del estado, que utiliza las instituciones para reprimir la protesta social, lo que paralelamente violenta el derecho a defender las causas sociales y humanas en la entidad.
Como ejemplo Torres Carmona puso de manifiesto los hechos suscitados el 14 de febrero en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, donde integrantes de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y comunidades (UCIDEBACC), que se manifestaban en contra de la construcción de una tienda comercial, fueron atacados por elementos de la policía estatal, lo cual por supuesto dijo constituyo una violación a los derechos humanos de la población y un castigo ineludible a la protesta social.
De acuerdo con el activista en ningún momento existió diálogo por parte de las autoridades, que intervinieron de forma directa con personal de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), institución que reporto un saldo de 19 detenidos, a quienes no se les pudo comprobar la responsabilidad en la comisión de algún delito.
Pese a lo anterior, si fueron difundidas las imágenes de su detención, inclusive días después de que habían sido liberados, situación que dijo promueve la criminalizacion de la protesta social, misma que reiteró da pie a la vulnerabilidad de los derechos de las y los defensores de derechos humanos.
Al respecto el presidente de la LIMEDDH en Oaxaca, detalló que tan sólo en lo que va del año la instancia que representa tiene un registro de por lo menos 40 violaciones a los derechos humanos de defensoras y defensores comunitarios que van desde detenciones arbitraria y actos de tortura, hasta desapariciones forzadas en la defensa de diferentes causas al interior de comunidades de la entidad.
Finalmente y en torno al panorama nacional, Torres Carmona calificó de grave la ley que regula la protesta social en el Distrito Federal, ya que dijo se desprende de una reforma a la ley denominada antiterrorista, lo cual dijo, evidencia la imagen que las autoridades tienen de las marchas, manifestaciones y bloqueos de grupos o particulares en el país, situación que dijo no puede permitirse en la entidad oaxaqueña, ya que promueve una clara violación a los derechos humanos.
