Redacción
México. Integrantes del Senado de la República, especialistas e integrantes de la academia coincidieron en que el dictamen para expedir la Ley General de Aguas, que se encuentra en la Cámara de Diputados, tiene fines privatizadores y beneficiará a las grandes transnacionales, por lo que es necesario impulsar un movimiento social que detenga la iniciativa.
Durante el foro El acceso al agua es un derecho humano realizado en la ciudad de México la semana pasada, la senadora Luz María Beristain Navarrete dijo que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal “a todas luces la vemos como privatizadora” por lo que es necesario que se escuche a personas expertas, academia y sociedad civil, a fin de que se cumpla en la ley con el derecho de las personas a este vital líquido.
Es momento de que en nuestro país se promueva una reforma al marco jurídico que permita propiciar el ciclo hidrológico natural del agua, con una visión completamente sustentable, manifestó la senadora del Partido de la Revolución Democrática.
La organizadora de este foro aseguró que a través de estos diálogos se busca enriquecer el debate nacional y generar información de carácter público, para que la ciudadanía participe activamente en la exigencia de garantizar a largo plazo el acceso al agua.
La sociedad mexicana debe actuar en la defensa de sus recursos, porque los intereses globales del imperio del capital buscan controlar el vital líquido como una mercancía más para el mejor postor, puntualizó.
Por su parte la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván advirtió que la Ley General de Aguas no debe ser analizada sólo desde el punto de vista económico, ya que es un tema integral y de seguridad nacional, “es urgente que cuidemos nuestros mantos acuíferos”.
Subrayó que el agua no debe utilizarse prioritariamente para el fracking o cualquier otro uso industrial, si no se garantiza antes el consumo humano, “por tal motivo es indispensable darle seguimiento a la iniciativa que se encuentra en Cámara de Diputados porque hay que dejar por escrito que este recurso natural es para todos”.
La senadora del PAN consideró que el Estado debe buscar la creación de una contraloría social en cada uno de los sistemas potables de los municipios “y esta reforma representa la oportunidad para legislar a favor del agua y sus habitantes”.
En tanto, el senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo indicó que el fracking no es una técnica que debe aplicarse en México, por el daño que representa para la naturaleza y sobre todo para el desgaste del agua. “En este sentido es que los intereses de las transnacionales no deben estar por encima del interés humano”.
Debemos detener la iniciativa privatizadora del agua, convocando a los mexicanos y concientizarlos sobre este tema, concluyó.
Su compañero de bancada, el senador Rabindranath Salazar Solorio afirmó que la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto es inconstitucional, privatizadora y contiene intereses de las transnacionales para explotar los mantos acuíferos de manera desmedida.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez resaltó que la intención de esta reforma es que el agua se utilice en la explotación de hidrocarburos, planteando manejos ineficientes y con un alto costo ambiental y social.
Con esta iniciativa se generarían mayores tensiones sociales, no solamente porque afectaría los recursos de los pueblos originarios, sino que además perturbaría los mecanismos de asignación y distribución en todo el territorio nacional.
En este sentido, planteó los senadores y senadoras deben comprometerse a frenar y revertir el dictamen que se encuentra en la Cámara de Diputados, así como retomar la iniciativa de distintas organizaciones ciudadanas y especialistas que pone en el centro de la preocupación el agua al servicio de la gente como un bien fundamental, estableciendo mecanismos de control y participación ciudadana que fortalezcan la responsabilidad constitucional del Estado para garantizar la prestación y el acceso a este servicio.
Tenemos la oportunidad de convocar a una importante movilización social en defensa del agua, el cual representa un bien público y un derecho humano sobre el cual el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su manejo adecuado y sustentable, priorizando el acceso suficiente y de calidad para el consumo humano, finalizó.
En su oportunidad, el actor Alberto Rodríguez Estrella expresó que esta iniciativa va en la ruta de un colapso hídrico, social y económico, ya que plantea una manera de legalizar el despojo a las comunidades de este recurso natural.
Puntualizó que, con esta nueva norma, las empresas mineras podrán hacer uso de toda el agua que quieran sin solicitar concesiones, únicamente bastará con un permiso de descarga.
En el foro participó Helena Cotler de la Red Mexicana de Cuencas; Arely Sandoval y Brenda Rodríguez de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Marcelo Mongoes de la Fundación Conciencia y dignidad; Angely Amezcua de El Barzón, quienes señalaron que la iniciativa para reformar la Ley General de Aguas debe desecharse ya que sólo beneficiará a las transnacionales.
Quienes participaron en dicho foro realizado el pasado 7 de abril coincidieron que es necesario construir una propuesta que garantice el derecho humano a este vital líquido, a través de medidas que permitan la sustentabilidad en la explotación de los mantos acuíferos, que establezca claramente la suspensión de los aprovechamientos irregulares e impulse las inspecciones de consejos ciudadanos en las cuencas.