Rocío Méndez Robles/MVS
MÉXICO. Hace casi 18 años, en un campamento de desplazados, «Los Naranjos», de Acteal, Chiapas, fueron asesinadas 47 personas («más cuatro que aún no nacían») y 26 resultaron heridas en un ataque paramilitar que se prolongó por más de seis horas sin que policías, ni militares, actuaran para impedir la agresión, denunció la comunidad tzotzil, al acusar que la acción formaban parte de un llamado “plan Chiapas” con el que presuntamente, la entonces administración de Ernesto Zedillo “intentaba acabar” con la fundación de municipios autónomos bajo el auspicio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), expresó el líder indígena Juan Vázquez Luna, en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, los representantes del Estado mexicano desconocieron el supuesto plan y rechazaron cualquier liga vinculada al ataque “de civiles armados”; ante ello, la comunidad de Las Abejas del municipio de Chenalhó, Chiapas, rechazó la solución amistosa propuesta por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Ante la controversia, los peticionarios solicitaron a la CIDH que emita el informe de Fondo respectivo al caso.
En representación de la comunidad de Las Abejas que reclama “lesiones permanentes, dolores y cicatrices” a raíz de la masacre y en nombre de su padre, el catequista de la comunidad de Acteal y de 9 de sus familiares que fueron asesinados ese día, Juan Vázquez Luna aclaró que han acudido ante el sistema interamericano para “buscar justicia” por la masacre del 22 de diciembre de 1997, de “hace 6 mil 512 días”, en Acteal.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), defensa de Las Abejas desde diciembre de 1997, reclamó la impunidad mientras Juan Vázquez se quejó de que el más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “lejos de castigar a los responsables de la masacre, los han liberado y los han premiado con tierras, casas y hasta pensiones mensuales”.
“No hay garantías de no repetición. El regreso de los militares a Acteal, es una bomba de tiempo”, en los pueblos que consolidan sus procesos autonómicos frente a “72 campamentos militares que están en situación de guerra”, dijeron los peticionarios.
La CIDH preguntó a los representantes del gobierno de México «en qué se basó la Procuraduría General de la República (PGR), para concluir que masacre Acteal no fue perpetrada por paramilitares. Si el Estado dijo que no se preservó el lugar de masacre Acteal, entonces cómo pueden sacar conclusiones confiables».
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz, reconoció que ante la masacre en la comunidad de Acteal, el Estado «fue incapaz de prevenir estos hechos y de responder adecuadamente después de ellos»; sin embargo, rechazó las acusaciones, negó vínculos con el grupo agresor y la señalada situación de «guerra de baja intensidad» en Chiapas.
Las Abejas de Acteal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) presentaron un Estudio sobre la Masacre de Acteal, titulado: Estudio Psicosocial de los antecedentes, factores asociados al hecho y manejo de la emergencia, consecuencias psicosociales e impacto colectivo en la comunidad de Acteal elaborado por el Dr. Carlos Martín Beristain, Médico y Doctor en Psicología español (por cierto uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH para el caso Ayotzinapa), que incluye un Informe Pericial Médico Forense.
El Estudio da cuenta del estrés crónico ante la ausencia de justicia, el desgaste comunitario y los efectos colectivos que han tenido tanto la masacre como la situación de impunidad a lo largo de 17 años; la división comunitaria posterior, así como las evaluaciones que los sobrevivientes y familiares hacen sobre las respuestas o responsabilidades del Estado; tomando en consideración “lo tardado que ha sido el proceso para la búsqueda de la verdad y la justicia por parte del Estado mexicano, la demora injustificada en los procesos judiciales impulsados a consecuencia de la masacre, la falta de identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales”