Elisa Ruiz Hernández
OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Aunque en México existe un marco jurídico que reconoce el que el acceso a la justicia de los pueblos indígenas se debe dar a través de intérpretes, traductores y defensores con conocimiento de la lengua y cultura, la falta de políticas públicas adecuadas y presupuestos impiden el avance en este tema.
Así lo considera el titular del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet), Tomás López Sarabia.
En entrevista, López Sarabia, dirigente de la asociación civil, integrante de la Red de Monitoreo Legislativo en pro de los Derechos Humanos que coordina el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, fundada por Sergio Aguayo, indicó que de forma preliminar existen datos que revelan escasa atención por parte de algunas instancias que implementan políticas públicas y del poder legislativo local y federal con respecto al tema.
“De acuerdo con el monitoreo que se encuentra desarrollando el Cepiadet actualmente, se han podido constatar avances por parte de algunas instancias, sin embargo, en otras, no existe el interés de cumplir con su responsabilidad legal. Es una obligación de la autoridad que imparte justicia proporcionar el servicio de interpretación, traducción o defensa cuando la persona sea indígena, son derechos reconocidos en la Constitución”, expuso.
Explicó que la Red de Monitoreo Legislativo, cuyo objetivo es dar seguimiento a la implementación de la normatividad en materia indígena, se enfoca no sólo al tema de intérpretes, traductores y defensores bilingües, sino también al ejercicio de la jurisdicción indígena.
Por otra parte, añadió, una parte fundamental consiste en monitorear las acciones del Poder Legislativo de la entidad, para hacer un balance sobre su trabajo en lo que se refiere a reformas y leyes en la materia. En este rubro tampoco se han visto resultados, manifestó.
“Las iniciativas que han presentado distintas instancias, entre ellas, el gobernador de la entidad, algunos legisladores y dos iniciativas que el Cepiadet ha enviado desde el año 2011 sobre el tema, no han sido aprobadas”, precisó.
Asimismo, subrayó que según la información recabada hasta el momento, ni el legislativo estatal, ni las instancias de impartición de justicia y las que implementan políticas públicas han puesto atención en los presupuestos necesarios para llevar al terreno de la práctica los derechos y garantías de las personas, pueblos y comunidades indígenas.
“Se necesitan políticas públicas adecuadas y desde luego presupuestos para implementar acciones concretas en la materia, sin planeación adecuada ni recursos, seguiremos observando una brecha entre lo que se reconoce en la norma jurídica y la realidad cotidiana de los pueblos indígenas, máxime si observamos que las dos principales fuentes de ingreso de la entidad son remesas y turismo, en los cuales la población indígena tiene un aporte fundamental” puntualizó López Sarabia.
En los trabajos de monitoreo legislativo que coordina Propuesta Cívica desde el año 2014, participan además de Oaxaca los estados de Chihuahua, Guanajuato, Nuevo león, san Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Estado de México y el Distrito Federal.