Rocío Flores
OAXACA, Oax. Organizaciones sociales no gubernamentales presentaron ante representantes de la ONU en Oaxaca los casos de minería en los Valles Centrales y en la zona chontal, eólicas y contaminación por derrames de hidrocarburos en el Istmo; proyectos hidroeléctricos en la Costa y el derecho a la consulta previa, libre e informada en cada una de las comunidades dónde se desarrollan estos proyectos.
Coordinadas por el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH), nueve organizaciones sociales se reunieron el pasado jueves con Pavel Sulyanziga, quien encabeza al Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos, para exponer la problemática que enfrentan diversas comunidades en Oaxaca y las acciones que han emprendido ante proyectos de inversión de empresas mineras, eólicas e hidroeléctricas.
Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como la falta de información, derecho a la consulta libre, previa e informada, asesinatos de defensores como el caso de Bernardo Vásquez en San José del Progreso, demandas y encarcelamientos entre otras estrategias que utilizan las empresas para realizar los megaproyectos. De igual forma, se expuso la preocupación ante la reciente aprobación de las Zonas Económicas Especiales, que tiene el puerto de Salina Cruz como punto de arranque en Oaxaca y del que no hay tampoco información clara al respecto de las afectaciones directas en las formas de vida de la región.
Entre los 25 casos presentados ante el grupo está el de la comunidad Agraria de Unión Hidalgo, Guadalupe Ramírez, integrante de la comunidad expuso el caso sobre la demanda de nulidad de contratos que interpusieron con el acompañamiento de ProDESC en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A. de C.V. (Demex) ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil siendo que las tierras de Juchitán son tierras agrarias.
El juicio se encuentra en la etapa final y se espera el Tribunal Agrario dicte una sentencia lo más apegada a derecho y respetando los derechos humanos de la comunidad.
Los representantes de la ONU señalaron que observarán de qué manera el gobierno mexicano y las empresas están implementando sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, en línea con los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos
Pavel Sulyanziga, quien encabeza al Grupo de Trabajo de la ONU, reconoció que México es un país vasto y diverso con grandes industrias en varios sectores. “Muchas veces el gobierno y las empresas nos ven como enemigos porque piensan que con nuestro trabajo vamos a hacer que se frustren sus negocios, pero el papel del grupo de trabajo de la ONU es velar porque se respeten los derechos humanos de la sociedad”.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, integrada por 5 personas, se encuentra en México realizando una visita oficial que inició el 29 de agosto y terminará el próximo 7 de septiembre, la visita cerrará con una conferencia de prensa donde presentarán su informe preliminar, mismo que, incluirá algunas recomendaciones al respecto de las visitas regionales que realicen durante su estancia en nuestro país y las diferentes reuniones que tengan con empresas, entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas.
Este Grupo de Trabajo fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011. Su trabajo incluye promover la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
De acuerdo a organizaciones defensoras esta visita es muy importante ya que, a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país se agrega un escenario en donde son también las empresas no cumplen con las regulaciones ni estándares internacionales, con ello están incurriendo en graves abusos a derechos humanos de comunidades agrarias e indígenas en diferentes regiones de Oaxaca y del país.