Organizaciones de la sociedad civil como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), hicieron un llamado al Estado mexicano a emprender acciones de atención a la población migrante que vayan más allá de recepción de personas deportadas en los aeropuertos y la canalización a ofertas laborales.
En entrevista Miriam Hernández, vocera de IMUMI, expone que durante los últimos días en diversas partes del mundo los gobiernos se han pronunciado por la recepción de personas refugiadas y migrantes, sin embargo el gobierno mexicano no ha hecho ningún pronunciamiento formal para enfrentar las acciones migratorias que ha emprendido el nuevo mandatario estadunidense Donald Trump.
El gobierno de Enrique Peña Nieto reactivó el programa Somos Mexicanos que lanzó la Secretaría de Gobernación (Segob)desde marzo de 2014 y que consiste en brindar asistencia a personas mexicanas deportadas .Según la Secretaría de Gobernación, este programa tiene como objetivo brindar a la población que regresan a nuestro país, una atención integral para que se incorporen y contribuyan, en el corto plazo, al desarrollo de México.
Somos Mexicanos se refiere a la asistencia a migrantes deportados través de módulos de atención, en los cuales a los repatriados se les presentará un esquema que contempla lo siguiente: programa de auto-empleo y vivienda, canalización a ofertas laborales, vinculación para la educación, asistencia médica, comunicación y reunificación familiar, albergues y traslados, como se resume en la siguiente infografía:
En este contexto el IMUMI, observa que pese a este tipo de atención gubernamental, las expresiones de solidaridad de la población y la sociedad civil en diversas en Estados Unidos, desde México no hay una postura clara al respecto.
Miriam Hernández, vocera de este organismo, indica que Somos Mexicanos no aborda la participación de la Secretaría de Salud ni de la Secretaría del Trabajo en tal sentido.
Señala que aunque ha habido logros en el tema de la Educación al facilitarles a los connacionales el reingreso a las instituciones escolares, existe la necesidad de fortalecer la protección consular para la población de 11.5 millones de personas mexicanas que viven en Estados Unidos.
La comunicadora y activista recuerda que después de ungirse como mandatario Donald Trump, el pasado 25 de enero firmó dos órdenes ejecutivas con instrucciones para la construcción de un muro entre Estados Unidos y México, además de asignar más agentes migratorios a la frontera, la construcción de nuevos centros de detención, y la exigencia de cooperación entre autoridades estatales con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la aplicación de leyes migratorias para la eventual deportación de personas indocumentadas que han cometido ciertos delitos.
Posteriormente, el 27 del mismo mes firmó otra orden, colocando una restricción de 90 días a la entrada a ese país de personas provenientes de siete países (Irán, Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen), así como la veda inmediata del programa de refugiados por 120 días, acciones que por el momento están en pausa debido a la intervención de un juez de Seattle Washington, James Robart, sin embargo el gobierno de Trump aseguró que continuará su política de restricción y acción migratoria.
Estas acciones -señala el IMUMI- han traído consigo no sólo miedo y confusión, sino también protestas de parte de la sociedad estadounidense en apoyo a las personas migrantes, refugiadas, mujeres, comunidad LGBTTTI, y minorías religiosas, quienes se han convertido en foco de discriminación y xenofobia por parte de su gobierno.
En este contexto, el organismo refiere que la protección que México debe otorgar tiene que ir más allá de su población en el exterior.
Su estrategia debe incluir la protección de la población migrante y solicitante de asilo y/o protección internacional en el país, así como a las personas mexicanas de retorno, incluidas las hijas e hijos nacidos en Estados Unidos, de madre y/o padre mexicano, explica la vocera de este organismo mexicano de atención a la población migrante.
“México tiene que asegurarles acceso a vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, justicia, y documentos de identidad”, señala.
Para lograrlo, explica la especialista en temas de derechos humanos, es fundamental realizar cambios administrativos y legislativos que faciliten la inscripción de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria, la revalidación de estudios, y la certificación de habilidades vocacionales, así como garantizar la no discriminación en el acceso a servicios con base en la nacionalidad o situación migratoria de las personas. Acciones que hasta la fecha siguen pendientes en el país, puntualiza.
El IMUMI refiere que es imperativo trabajar con las organizaciones de la sociedad civil estadounidense y nacionales, así como los gobiernos locales aliados para la protección de la ciudadanía mexicana que está en riesgo de ser deportada.