Rocío Flores
OAXACA, Oax. Derivado del acompañamiento a las comunidades y pueblos opositores a las concesiones mineras, la organización Servicios para una Educación Alternativa Educa A.C. ha sido objeto de difamaciones y criminalización, de parte de autoridades federales, municipales, y la empresa minera Fortuna Silvers Mines, denuncian sus integrantes.
La organización expone que en los últimos seis meses han sido objeto de agresiones y criminalización por su trabajo de investigación e información sobre las industrias extractivas en foros públicos, principalmente en la región de los Valles Centrales, donde han documentado junto con los pobladores las afectaciones de esta empresa en su pretensión de expandirse hacia otras comunidades.
El director general de Educa Marcos Leyva Madrid sostiene que han recibido comentarios dolosos de autoridades federales, entre ellos los de Conagua y Segob, así como de Javier Castañeda Pedraza, representante de la empresa minera Fortuna Silver Mines, quienes han tratado de descalificar su labor.
Leyva aclara que las características e impactos del proyecto “San José» y en general de las industrias extractivas, como la violación sistemática a sus derechos humanos ha sido constatada a partir de diferentes informes, observaciones e investigaciones académicas. Sin embargo, estas investigaciones han servido para descalificarlos.
“La información que Educa se ha construido a través de diversas solicitudes de acceso a la información pública, Educa no difunde información que no haya sido constatada previamente”, explica.
Refiere que el hecho que más le preocupa, sucedió al inicio de este mes, cuando las autoridades municipales de San José del Progreso iniciaron una campaña de difamación, además de amenazar públicamente a su organización, exigieron a las autoridades del estado de Oaxaca enviar seguridad para impedir que los integrantes de Educa ingresaran a la población, a la que acompañan desde hace ocho años cuando iniciaron los conflictos por la oposición a la empresa minera Fortuna Silver Mines.
Por estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos para que se garantice su integridad y capacidad de ejercer su derecho a la reunión, manifestación, libre expresión y libre tránsito.