Rocío Flores
OAXACA, Oax. En un país en donde existe un reporte de 106 periodistas asesinados desde el año 2000, en posible relación con su labor periodística, según la organización Artículo 19 y en el que la amenaza a la labor de defensores de derechos humanos y periodistas se ha vuelto una constante, la revelación sobre el #GobiernoEspía hecha el pasado lunes, es para Emilio Álvarez Icaza un acto criminal de parte del gobierno mexicano.
En su visita a la capital del estado, Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), opinó que el tema del espionaje a periodistas no es reciente, sin embargo en el recién revelado, el lunes 19 de junio en el diario estadunidense New York Times destacó dos elementos “extraordinarios”.
El primero –dijo- es que se documenta lo que ahí sucedió; además la manera en qué sucede, es la confesión de actos criminales y delictivos por parte del gobierno, agregó.
El sociólogo especialista en temas de Democracia y Derechos Humanos y actual aspirante independiente a la Presidencia de la República, explicó en conferencia de prensa, que el mecanismo que se instaló en los teléfonos de periodistas y de sus familiares así como en los de defensores de derechos humanos es un software denominado Pegasus, que solo se vende a los gobiernos para luchar contra la delincuencia y el terrorismo.
[quote]“Ese software fue utilizado en contra de los periodistas… utilizaron los recursos públicos, no para disminuir las amenazas o encontrar a los culpables de los delitos contra los periodistas, sino en contra de sus críticos, esto representa la comisión de un delito, es una práctica criminal”, dijo.[/quote]
El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala que esta práctica tiene coincidencia con momentos críticos de las tareas que realizan los defensores de derechos humanos y periodistas.
Por ejemplo, en el caso los defensores de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los tres integrantes fueron atacados para hackear su teléfono, cuando estaba por presentarse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que apoyaba con asistencia técnica especializada para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. En ese momento los defensores de los tres padres de las víctimas fueron atacados.
Álvarez Icaza responsabilizó a Tomás Cerón, “él compró ese tipo de software en la PGR, sólo se le vende a gobiernos”, reiteró.
El equipo de Aristegui Noticias fue atacado cuando estuvo trabajando en la denuncia sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto; cuando Carlos Loret de Mola estaba denunciando lo de Tanguato Michoacán, fue atacado.
En el caso de Mexicanos contra la Corrupción, estaban discutiendo los temas de la ley 3 de 3 cuando fueron atacados; lo mismo le sucedió al Instituto Mexicano de la Competitividad cuando estaba promoviendo los límites en la función pública, citó el experto.
[quote]“Los momentos de ataque tienen una correlación en momentos críticos del debate público en casos de abusos de autoridad y corrupción”, precisó.[/quote]
Lo de #GobiernoEspía no es una hipótesis, quedó demostrado que el software que compró el gobierno fue utilizado. Para Icaza, no basta que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, diga que no pasó, como ocurrió ayer martes en Chihuahua, cuando periodistas le dieron la espalda al titular de gobernación y le exigieron justicia por el asesinato de Javier Valdez.
[quote]“No puede haber una respuesta de ese nivel de cinismo”, dijo el ex ombudsman capitalino, se requiere de una investigación independiente seria e imparcial, expresó.[/quote]
Sobre el titular de la Fiscalía Especializada en delitos contra la Libertad de Expresión en México, o llamado también fiscal de periodistas, dijo que no ha resuelto un solo delito y en este sentido agregó, él también es responsable de la impunidad que reina en México.
SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Los datos recogidos por el New York Times son producto de una investigación de Citizen Lab y las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC. Según reportes de este diario estadunidense, cada licencia de infección tendría un costo alrededor de 77 mil dólares americanos (o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario).
El principal método de infección, documentado consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.
Las personas que recibieron los mensajes según este último reporte fueron: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal de noticias (Aristegui Noticias), así como Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui; el periodista Carlos Loret de Mola; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).