Rocío Flores
UNIÓN HIDALGO, Oax. Hace 10 años, en el paisaje del Istmo de Tehuantepec, se veían grandes extensiones de tierra donde campesinos sembraban sorgo y un horizonte de arbustos endémicos, ahora lo que se puede observar son unas mil 700 turbinas eólicas o aerogeneradores de la iniciativa privada que ocupan una superficie de 100 mil hectáreas de esa región, lo anterior ha beneficiado el desarrollo económico de las empresas, pero ha desencadenado inconformidades y afectaciones de tipo político, económico y social en algunas comunidades de esta región.
Actualmente el Istmo concentra 24 parques eólicos distribuidos en Juchitán, La Venta, La Ventosa, El Espinal y Santo Domingo Ingenio. A pesar del descontento y la resistencia entre la población a estos proyectos, el gobierno federal otorgó un nuevo permiso el 29 de julio pasado, a la empresa a EDF Energies Nouvelles (Energías de Francia) para operar por 30 años una nueva eólica en Unión Hidalgo, sin brindar información y sin consultar a los habitantes, en su mayoría indígenas zapotecas.
La empresa EDF ocupará una superficie aproximada de cuatro mil hectáreas de terrenos de Juchitán y Unión Hidalgo, de las cuales 2 mil 500 pertenecen a la zona de riego de Unión Hidalgo (la parte poniente de la población). La zona de temporal, donde se siembra sorgo, colinda con la empresa Eólica Demex. A seis kilómetros de Unión Hidalgo, en La Venta, están los aerogeneradores de la empresa española Eurus Acciona, cuyas torres tienen un espacio de menos de 90 metros entre ellas.
Este escenario para Pedro Matus, habitante de Unión Hidalgo, “es una explotación intensiva, una brutalidad pues en ningún país del mundo pasa esto, en España, Francia y Estados Unidos la mayoría de los parques están en terrenos desérticos, no aprovechables y lejos de las comunidades y aquí los tenemos a 300 metros”.
Pedro y otras personas inconformes integraron un Comité Indígena en Defensa de la Tierra y el Territorio de Unión Hidalgo, y así, en colectivo interpusieron un amparo en el Juzgado séptimo en Salina Cruz contra la empresa EDF, mismo que fue aceptado hace un par de semanas. Sin embargo, la empresa ya tiene el permiso para construir la central eólica: lo solicitó el 27 de abril de 2017 y se autorizó el 29 de junio con el número de resolución RES/1219/2017. Mientras que para el comité de defensa la respuesta al amparo se ha retrasado.
El proyecto en Unión Hidalgo, denominado Gunaa Sicarú contará con 96 aerogeneradores, con una capacidad de 2 mil 625 megawatts (mw) cada uno para generar un total de hasta 252 mw. Las obras iniciarán el 1 de diciembre de 2017 según la información solicitada a través de Transparencia gubernamental, y concluirán el 31 de mayo de 2019. Gunaa Sicarú empezaría a operar el 1 de junio de 2019.
Los integrantes del comité de defensa consideran que antes de operar, los gobiernos y las empresa deben asumir la responsabilidad de informar a la población cómo se va a construir, cuál es el impacto al medio ambiente, a la salud, a dónde van a destinar la energía, cuáles son los beneficios que va a obtener la comunidad, y luego pedir su anuencia.
Argumentan que de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, el Estado mexicano está obligado a realizar una consulta entre las poblaciones indígenas antes de iniciar cualquier megaproyecto.
[quote]“Nos dicen que van a dejar beneficios económicos, que habrá trabajo y desarrollo, pero ya tenemos instaladas decenas de eólicas desde hace años y no hubo y no hay nada de eso”, dice Zeila, una integrante del Comité.[/quote]
Los habitantes opositores consideran que las eólicas han impactado en la disminución de la capacidad productiva de terrenos agrícolas, afectaciones al paisaje, muerte de aves y murciélagos por los aerogeneradores, generación de ruido y la degradación de ecosistemas; destacan que en todo esto hay una reiterada violación a sus derechos humanos.
Por su parte, Marco Leyva, integrante de Servicios para una Comunicación Alternativa A.C. (Educa) opina que este gobierno, federal y estatal, tiene la idea de que a través de este tipo de proyectos se generarán inversiones, pero no en beneficio de las poblaciones.
[quote]“Pueden atraerlas, pero esto no mejora la calidad de vida de la gente, por el contrario el falso modelo de industria verde, de la energía limpia, no sólo ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños sino que además ha corrompido y destruido el tejido social, y ha doblegado a autoridades judiciales coludidas con autoridades de todos los niveles”.[/quote]
El activista avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el estado. Dice que el capital internacional y la élite política mexicana ven con avaricia los territorios del estado.
Otros colectivos indígenas y defensores de derechos humanos en México han insistido en la necesidad de una consulta previa, pero hay omisión de los gobiernos y las empresas.
Según su informe México, empresas y derechos humanos, entregado a un representante de la ONU en agosto de 2016, otra constante es la impunidad en la que permanecen los responsables por los abusos e impactos negativos de las empresas. Destacan la rapidez con la que se resuelven los casos que presentan las empresas en contra de opositores; en contraste con la lentitud con la que avanzan los procesos en contra de un proyecto empresarial.
También observan cómo se reubica a jueces locales que perjudican u obstaculizan la actividad de las empresas mediante sentencias a favor de los derechos de las comunidades.
Autoridades continúan promoción
Los gobiernos siguen promocionando el Istmo como la región con mayores potenciales de generación de energía eólica en todo el mundo, calculado entre 5 000 y 7 000 mw de capacidad anual, suficiente para abastecer a 18 millones de habitantes del medio urbano. En esta región se proyecta el parque eólico más grande de América Latina. Incluso, para garantizar el desarrollo de las eólicas, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa creó en el mes de julio, el Consejo de Energía y acordó brindar a las empresas garantías en materia fiscal, de protección civil, registral y social, con el apoyo del Poder Legislativo del estado, de la Federación y de presidentes municipales.
El gobernador argumenta que estas inversiones (mayormente extranjeras) generará un desarrollo económico y beneficiará a la población.
Recientemente, el secretario del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, José Luis Calvo Ziga dijo a este medio que entre los beneficios con que ya se puede contar se encuentra el pago de 65 millones de pesos de parte de una empresa que se traducirán en obra social, un hospital, caminos rurales, arreglos en escuelas y luminarias, con un importe de 27 millones de pesos extra.
Los integrantes del Comité Indígena en Defensa de la Tierra y el Territorio de Unión Hidalgo opinaron que esos supuestos beneficios son responsabilidad de los gobiernos.
En el tema de Educación, Zeila Guerra, una integrante del Comité, recordó que las autoridades hablan de un Tecnológico, pero lo que están haciendo es abrir un módulo no escolarizado. “Ese Tecnológico ya estaba funcionando en Unión Hidalgo y ahora lo traen con un discurso del progreso”.
[quote]Pedro Matus es más enfático, “nosotros, no vamos a dejar que nos cambien por obras porque hay efectos de estas eólicas a futuro. Las empresas y los gobiernos lo saben, conocen del impacto a la salud, al medio ambiente, y a la fauna. Estamos en zonas migratoria de aves y pretenden instalar 5 mil aerogeneradores en todo el Istmo, van a afectar las tierras y con ello a la población, porque en esta región dependemos en gran parte del campo y del comercio”.[/quote]
[quote]“El gobierno federal hace todo a su modo, es el peor gobierno, el más corrupto, pero Unión Hidalgo no está para recibir el parque eólico a cambio de algo”.[/quote]
La preocupación central de las personas entrevistadas, es que las nuevas generaciones van a sufrir las consecuencias de esta industria a largo plazo. Dicen que La Venta es un pueblo cercano rodeado por parques eólicos desde hace siete años, dónde ya se está viendo algunas afectaciones. Según reportes ciudadanos se ha elevado la mortandad por cáncer, aunque ninguna institución ha documentado y confirmado la relación con esta industria hasta el momento.
Energía renovable sólo para empresas privadas
En los municipios del Istmo las empresas desarrollan los parques eólicos con el argumento de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que causan el cambio climático global, generar energía limpia y promover el desarrollo económico de Oaxaca, uno de los estados con mayores niveles de pobreza en México.
No obstante, el Informe desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca, elaborado por la Oxfam y Educa, señala que la inversión eólica en esta región no ha representado una derrama económica. Según la Secretaría de Gobernación, la renta de la tierra representa un costo de 3.9% en promedio en la instalación de un aerogenerador a nivel internacional, pero en México, el pago de la tierra que se ofrece varía de .025% a 1.5%.
Durante las obras, algunos habitantes son contratados, pero una vez concluida la empresa trae a sus trabajadores especialistas en el tema.
Aunque la instalación de parques eólicos pueda generar energía menos contaminante, la mayor parte de la electricidad que producen está dirigida a empresas privadas, nacionales y extranjeras ubicadas en México: CFE, Cemex, Wal-Mart, entre otras, algunas reportadas por medios internacionales dentro de las más contaminantes. Las comunidades no reciben la energía producida en sus tierras y aún pagan tarifas por consumo de energía eléctrica.
La desigualdad en el acceso al servicio de energía producida a partir de las eólica se explica según el análisis de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Segob, porque son los organismos financieros internacionales, países desarrollados y empresas quienes definen las pautas, en función de sus intereses, guiados más por la obtención de ganancias en el corto plazo que por resolver problemas ambientales.
La energía eólica se presenta como una alternativa para reemplazar el uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo) en la generación de energía eléctrica, pero aún existen barreras jurídicas, políticas y económicas que dificultan su uso. Una de las más importantes, según el análisis, es la resistencia de los países desarrollados a cambiar el modelo energético que utiliza combustibles fósiles porque estos combustibles reciben millonarios subsidios gubernamentales, por tanto son fundamentales en la economía de las empresas y en el mantenimiento del dominio económico mundial.