Rocío Flores/Foto: archivo
OAXACA, Oax. Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a nivel federal, el pasado 19 de julio, se llevará a cabo un sistema de evolución patrimonial de las declaraciones de intereses y declaración fiscal de todos los servidores públicos, es decir, habrá un análisis de la evolución de su patrimonio de la mano de los tabuladores de sueldos, para evitar algún delito.
La experta en materia de participación y fiscalización de recursos públicos, Ivonne Henestrosa Matus explicó en entrevista radiofónica que con motivo de esta Ley, las faltas de funcionarios públicos se tipifican en delitos graves y no graves, éstas últimas pueden prescribir en un plazo de tres y hasta siete años respectivamente, para que funcionarias o funcionarios puedan ser sujetos de sanciones.
En Oaxaca dijo, con la aprobación de la Ley de Combate a la Corrupción, publicada en mayo de este año, se deberán reformar las leyes ordinarias del estado, como la ley de fiscalización y las reformas al Código Penal y se debe adoptar de manera obligatoria la ley general de responsabilidades (vigente a nivel federal) para que también se pueda observar la evolución del patrimonio de los servidores públicos en todos los niveles.
Además destacó con esta ley de responsabilidades, las declaraciones fiscales y patrimoniales deben ser públicas y acordes a los sueldos en los tabuladores.
[quote]No se sabe qué cambios habrá al respecto, o si se va a generar una nueva ley o adiciones a la que ya existe”, pero se tiene que adoptar, precisó.[/quote]
La contadora agregó que se deberá crear también dos comités: el Coordinador, que se integrará por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por el fiscal anticorrupción y otros organismos; y el de Participación Ciudadana, el cual se conformará por cinco integrantes de la sociedad civil destacados por su contribución a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Henestrosa Matus subrayó que El Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción es un precedente contra la corrupción. Tienen la finalidad de prevenir, detectar y aplicar sanciones administrativas y hechos de corrupción de funcionarios públicos y particulares. Asimismo determinar los mecanismos sobre la información relativa a la fiscalización y control de recursos públicos.
En el año 2015, se publicaron reformas a la Constitución Política mexicana y se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, posteriormente se publicó la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.
Como consecuencia se dieron cambios, reformas, adiciones e incluso la creación de nuevas leyes federales, y con ello se estableció la obligación de hacer una réplica en cada uno de los estados, para adoptar e implementar con carácter de obligatorio este sistema.
La consultora externa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destacó que la creación de dicho sistema es un mensaje contundente para los servidores públicos y particulares de cero tolerancia a la corrupción.
Finalmente destacó la necesidad de la confianza de la ciudadanía y recordó que existe precedentes en materia de rendición de cuentas en el estado, como es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley general de Contabilidad Gubernamental, entre otras que establecen sanciones y penas para funcionarios y empresas.