Demandan detener demolición de viviendas y libertad para decidir sobre sus hogares
Rocío Flores
OAXACA, Oax. El proceso de reconstrucción que viven pueblos istmeños después del terremoto de magnitud 8.2 del 7 de septiembre, ha generado nuevas inconformidades, entre ellas: la demolición de las viviendas sin diagnósticos de especialistas, las presiones y amenazas para obligar a las personas acceder a demoler los hogares y el monto asignado para la reconstrucción (120 mil pesos en cuatro depósitos mensuales) que califican como insuficiente.
Un mes después del sismo que sacudió el Istmo de Tehuantepec, habitantes de pueblos istmeños y organizaciones de la sociedad civil, critican que el proceder de empresas y gobiernos sólo tiende a favorecer al sector privado y no ayudan a recuperar la economía local.
Agrupados en la red nacional de organizaciones civiles de derechos humanos «Todos los Derechos Para Todos” exponen el escenario que se vive en esa región: las calles y casas de las familias afectadas están invadidas de constructoras que acosan a la población ofreciendo modelos no adecuados a las formas de vida y clima local.
El proceso que se está llevando a cabo está lucrando con la situación de urgente necesidad de las familias de contar con un techo donde alojarse, detallan en un comunicado.
“Vienen por todo y tienen prisa”, denuncian
Sobre la estrategia de intervención dicen que es una manera de convulsionar al Istmo. “Las maquinarias, personal de empresas privadas y funcionarios de gobierno, todos, todos se confabulan y desencadenan una serie de impotencias en las poblaciones afectadas”,
Señalan que la constante es la demolición masiva sin diagnósticos previos, presionando a la población. “Sin explicación alguna derriban viviendas de familias completas sin considerar que éstas requieren un espacio temporal para sobrevivir”.
Demoler las viviendas tradicionales sin un diagnóstico imparcial representa para ellos una afrenta para el patrimonio cultural y al sentido de identidad de los pueblos. Por ello, exigen detener de manera inmediata estas acciones y dictámenes imparciales realizados por profesionales de instituciones académicas o colegios de profesionistas.
La Red precisa que la exigencia es una vivienda digna y adecuada a las condiciones climatológicas de esa región. “Es necesario quitar los candados que impiden a las personas afectadas ejercer la libertad de decidir el diseño de sus viviendas y los materiales, así como el lugar donde comprarlos”. puntualizan.