Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. El Senado de la República aprobó en lo general, así como los artículos no reservados, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Le da cumplimiento a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión expida una legislación, antes del 30 de abril, que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social.
El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, informó que las comisiones dictaminadoras enviaron un informe que contiene el proyecto de dictamen, la lista de asistencia y votaciones de las reuniones realizadas, así como los votos particulares y propuestas de modificación presentados por los senadores.
A propuesta de la Mesa Directiva y en votación económica, el Pleno autorizó que dicho dictamen se presentará ante la Asamblea para su conocimiento, discusión y votación, en términos reglamentarios. Luego de aprobarse se incorporó al orden del día; se omitió su primera lectura y dispensó la segunda de lectura.
La senadora Martha Tagle Martínez, sin grupo parlamentario, presentó una moción suspensiva para regresar el dictamen a comisiones y modificarlo, pero fue rechazada con 58 votos en contra y 37 a favor.
Al presentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Aarón Pozos Lanz, afirmó, en tribuna, que el dictamen cuenta con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social.
“Creemos –expresó– que la ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna y veraz; prevé el manejo transparente de los recursos públicos; establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación social en todos los poderes de los tres órdenes de gobierno y de los entes públicos”.
Por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, su presidente, el senador Froilán Esquinca Cano, dijo que las asociaciones civiles “nos han mostrado los mecanismos jurídicos, como instrumentos de lucha, ante los actos de gobierno que consideren vulneren sus derechos”.
El senador hizo un llamado para que se cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y forma, sin dejar de lado que el fondo de la Ley debe de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
Los senadores Héctor Larios Córdova y Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del PAN; Angélica De la Peña Gómez, del PRD, y Alejandro Encinas Rodríguez, presentaron votos particulares respecto al proyecto de decreto.