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Por Rocío Flores
Irene vive en la comunidad de Barranca Fiera, en la Mixteca oaxaqueña, a unas 10 horas de la capital del estado. Su vida transcurre en una cama desde hace 17 años. Está cuadrapléjica por una negligencia médica durante una cesárea de emergencia que le practicaron en el Hospital Rural de Oportunidades Número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlaxiaco.
El escaso servicio de Salud en su población obligó a la familia de Irene a trasladarla, primero a Santa Cruz Itundujia, la cabecera municipal, y luego, por una posible complicación en el parto, la canalizaron al hospital de Tlaxiaco.
Durante su cirugía, una joven practicante le aplicó mal la anestesia, cuatro horas más tarde tuvo que ser trasladada al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado en la capital, donde después de un mes le dijeron que no había nada que hacer. Le diagnosticaron encefalopatía hipóxica isquémica, es decir había perdido la movilidad y el razonamiento.
Maternidad frustada
Irene no habla, no se mueve, aunque sigue viva, su estado vegetativo le arrebató la posibilidad de vivir la maternidad en sus diferentes etapas, de abrazar, cuidar y educar a su hijo que dio a luz en el año 2001, cuando tenía 26 años de edad. La única manera que tiene para comunicarse con él y su familia es a través de la mirada.
En el caso de Irene se conjuga una cadena de discriminación. “Es también un ejemplo para contar cómo funciona el racismo institucional”, apuntan Yareli Hernández y Alhelí Hipólito, comunicadora y psicóloga, respectivamente, ambas con estudios sobre racismo por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en coordinación con la Universidad de Cambridge.
“Hay muchas Irene en Oaxaca” destacan las entrevistadas, quienes produjeron un video animado titulado Irene después de los 26, para mostrar cómo funciona este sistema de desigualdad estructural marcado por el género, la clase y la discriminación con las comunidades rurales y principalmente, con la población indígena en Oaxaca.
En este estado del sureste mexicano, la violencia obstétrica, es decir, cualquier acción que dañe la salud o el cuerpo de las mujeres, no es un caso aislado, es lo común. Igual que Irene, a quien también le colocaron un Dispositivo Intrauterino (DIU) sin autorización, muchas mujeres padecen de la deficiente atención en centros de salud, clínicas y hospitales públicos, principalmente en zonas rurales y marginadas, donde incluso algunas han tenido que parir en los jardines o patio de la institución.
Aunque en el año 2016, la 62 Legislatura local reconoció la Violencia Obstétrica en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, no se tipificó como delito, por lo que no hay sanción para este tipo de prácticas.
¿Cómo se puede terminar en una situación tan grave por un parto?
“Cualquiera de nosotras puede a dar a luz en cualquier condición, pero no todas tenemos el mismo riesgo. Quienes somos de población indígena estamos acostumbrados a recibir atención de salud de practicantes, porque claro, son cuerpos que a nadie le importan”, dice Alhelí, quien se asume como zapoteca.
La psicóloga señala que los hospitales escuelas, ha sido una gran discusión entre los profesionales de Salud, en estos asignan a los jóvenes egresados de las carreras de Medicina para abaratar los costos. “Esta es una forma de hacer del Estado, una política racista, en donde entregan a cuenta gotas recursos para las zonas de alta marginación. El servicio es igual que hace diez años, en algunos casos peor, pues hay desabasto de medicamentos”, indica la profesionista, originaria de Tanetze de Zaragoza, en la Sierra Norte.
La historia es similar en el Hospital Civil de segundo nivel de atención, donde llegó Irene en 2001; el inmueble cumplió 53 años este 2018, rebasó ya su tiempo de vida, calculado entre 25 a 30 años. Ahí las mujeres que acuden de las distintas regiones del estado, son atendidas en los pasillos o esperan horas para ocupar una cama después del parto. La sobresaturación y la escasez de medicamentos es la principal queja, entre pacientes y personal médico.
La situación anterior contrasta con los gastos presupuestales de Seguro Popular para Oaxaca, que en los últimos años ha ido triplicando el presupuesto, según datos de la investigación Gente sin importancia, en el año 2006, el presupuesto otorgado a Oaxaca fue de 500 millones de pesos (mdp), en 2009, de 2 mil mdp; en 2012, 2 mil 500 millones de pesos.
Naturalizar el racismo
«El caso de Irene es un asunto estructural, tiene que ver con el sistema de comunicación, carreteras, con el acceso a la salud, con las violaciones a sus derechos humanos, el derecho a la reparación del daño. Es un tipo de desprecio, ellos (los gobernantes) hacen las políticas, la administran pero no usan el servicio público, hay una gran desconexión sobre su funcionamiento”, coinciden Alhelí y Yareli.
En México no nos atrevemos a hablar de racismo, siempre hablamos de discriminación o decimos” me trataron mal”. Aunque para las realizadoras, el racismo es evidente, y no se ha planteado otra posibilidad de atención.
“Hemos naturalizado este tipo de racismo, hay una clase media que creemos que a nosotros no nos puede pasar, Irene puede ser cualquiera de nosotros. Mientras no seamos de esa elite que tiene el control del poder, que está diseñado para que los que estamos aquí abajo no podamos llegar allá arriba”
10 años de indiferencia
Es la misma cadena de discriminación también está el tema judicial y el impacto en la familia de Irene. Su esposo Alberto Núñez Cruz denunció la negligencia médica una semana después de la cesárea, en la entonces Procuraduría General de Justicia de Oaxaca bajo la responsabilidad de Sergio Santibáñez Franco. Su expediente estuvo rezagado durante 10 años hasta que finalmente la dependencia determinó que el caso era de competencia federal y lo turnó a la Procuraduría General de la República.
En 2012, la PGR solicitó la detención de la anestesióloga practicante, como probable responsable. En 2013, le otorgaron la libertad definitiva pues el delito prescribió, es decir, había vencido el plazo de 10 años para juzgarla. No obstante, el tribunal Unitario resolvió que, en el caso de Irene, el Estado mexicano violó sus derechos humanos y estaba obligado a reparar los daños con una indemnización y rehabilitación, la cual consiste en ofrecer una terapia física cada mes en su hogar, en Barranca Fiera.
Para las autoridades, ésta fue una sentencia inédita en México hasta ese momento. Sin embargo, para la profesora-investigadora de la Universidad de Cambridge, Mónica Moreno Figueroa y el investigador del CIESAS, Juan Carlos Martínez Martín*, el caso de Irene reproduce una lógica de desigualdad a partir de una acción pública que paradójicamente intenta mitigarla, pero que demuestra que en lo cotidiano persiste una condición de género, de clase y étnica racial que determina el éxito de las personas frente al Estado.
Durante estos años, el marido de Irene tuvo que migrar hacia Estados Unidos por problemas económicos, un día se fue y no volvió; su padre sufrió un accidente y pasó por la misma cadena de indiferencia médica, mientras que su hijo ha vivido 17 años mirando como languidece el cuerpo de su madre postrado en una cama por una negligencia médica.
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*Moreno Figueroa y Martínez Martín, son autores de la investigación: Gente sin importancia: el racismo institucional en el acceso a la salud en México, que será publicada próximamente.