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Por Rocío Flores
El gobierno del estado inició este domingo 6 de abril las pruebas piloto en el Centro de Transferencia de Residuos, sin presentar los estudios técnicos y de impacto ambiental y sin realizar una consulta a la comunidad afectada.
Esta acción fue calificada por los habitantes como unilateral y arbitraria. «El convenio que da paso al inicio de esta prueba piloto del Centro de Transferencia que se localiza en el municipio vecino de Santa Cruz Xoxocotlán, afectará directamente a nuestro territorio», manifestaron habitantes de la Tercera Sección de San Antonio de la Cal.
Denuncian que la firma se realizó con total opacidad, a espaldas de la ciudadanía, sin transparencia ni participación social real, violentando sus derechos fundamentales.
Desde hace más de dos meses, los habitantes de esta colonia afectada han solicitado mediante conferencias, oficios y reuniones los documentos legales y técnicos que deberían regir este proyecto. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ni el proyecto ejecutivo, ni los permisos de uso de suelo, de impacto ambiental o licencias de construcción.
Los habitantes han denunciado el riesgo de contaminación en los mantos acuíferos, mientras que las autoridades solo se han concentrado en mostrarles videos de proyectos similares, ubicados en otros estados de la República.
“No se ha mostrado un estudio técnico sobre el manejo de residuos, ni el reglamento interno del centro; tampoco se ha instalado la geomembrana para evitar la contaminación por lixiviados”
La presidenta de la colonia Eliveth Xala informó dijo que hasta hoy, ninguno de esos documentos ha sido entregado a la comunidad. En la última visita al predio, los funcionarios del gobierno del estado incluso prometieron que serían citados la semana siguiente ser observadores de la instalación de la geomembrana y para conocer los documentos técnicos, pero la reunión nunca se realizó.
Todas estas omisiones, indica, violan directamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos para la ubicación, diseño, construcción y operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
Las autoridades se han escudado en el argumento de la “burocratización” para no cumplir con su deber de transparencia, como lo mandata el artículo 6° constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
«Están incumpliendo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al no presentar públicamente el estudio de impacto ambiental, que es obligatorio para este tipo de proyectos, según el artículo 28 de dicha ley», manifestaron.
Molestos por la actuación de las autoridades estatales y municipales, exigen que se cancele esta prueba piloto y que las decisiones sobre su territorio se tomen con la ciudadanía, no sin ella; que se garantice su derecho a la salud y el derecho humano al agua, al ambiente sano y a la participación ciudadana.