*La ONU llama a garantizar la justicia y la no repetición de estos actos
Rocío Flores/Foto: Foto: Perseo Aldo García
OAXACA, Oax. El 19 de junio de 2016 ocho personas perdieron la vida y un centenar resultaron heridas durante un enfrentamiento entre civiles, profesores adheridos a la CNTE y fuerzas estatales y federales en la población de Asunción Nochixtlán, dos años después las autoridades siguen sin aclarar lo ocurrido.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) señala que aún está lejos de alcanzarse la verdad y justicia tanto para las víctimas como para la sociedad.
El enfrentamiento tuvo lugar durante el operativo en el que intentaron desalojar un bloqueo en la carretera federal, instalado por manifestantes de la sociedad civil e integrantes del magisterio disidente en Oaxaca, quienes exigían la abrogación de la reforma educativa y la liberación de sus presos, principalmente.
La Procuraduría General de la República (PGR) intervino en diciembre de 2017, después de varios meses de desencuentros con el magisterio oaxaqueño, recabó los testimonios de los servidores públicos que participaron en los hechos, también la voz de algunas familias afectadas.
En la Cámara de Diputados crearon una comisión especial de seguimiento de los hechos, se reunieron con las víctimas y los policías que participaron, quienes admitieron que usaron armas de fuego, contrariando la versión inicial de las autoridades estatales y federales. Se solicitó a las dependencias información sobre las acciones que llevaron a cabo. Senadores y diputados condenaron enérgicamente los hechos ocurridos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó un uso excesivo de la fuerza y calificó algunos de los hechos como graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha no hay evidencia de que algún servidor público esté siendo procesado.
En julio de ese mismo año, al presentar un avance del informe sobre esos crímenes y hechos violentos en Nochixtlán en el Senado de la República, el defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, consideró importante conocer cuáles fueron los objetivos de la corporación policiaca para intervenir en la población.
[quote]“Es muy importante poder conocer cual era el objetivo, porque si el objetivo era única y exclusivamente lograr el desbloqueo, éste se logró aproximadamente a los 15 minutos de haber incursionado” [/quote] refirió.
La ONU-DH considera como inadmisibles las conductas perpetradas ese mes de junio y cuestiona el que el Estado a través de declaraciones públicas haya culpado a pobladores y manifestantes y rechazado la responsabilidad de las autoridades.
“A lo largo de este tiempo han surgido legítimas dudas sobre la falta de imparcialidad e independencia con que se ha conducido la investigación”, apunta el organismo en un comunicado.
En este contexto, hace un llamado al Estado mexicano para que se realice una investigación exhaustiva e imparcial apegada a los estándares internacionales de derechos humanos, pues considera que aún está pendiente garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de este tipo de acontecimientos.
En tanto, para conmemorar este hecho que prolongó por meses las manifestaciones magisteriales en varios puntos del estado, profesores disidentes en Oaxaca marchan este martes del parque de Los Azulejos al zócalo de esa población de la región Mixteca, donde también realizarán un mitín.
