Corrupción, omisión, falta de capacitación caracterizan a este sistema
Rocío Flores
El 30 de agosto pasado, se dio un paso en Oaxaca para combatir la violencia contra las mujeres, al decretarse la Alerta de Género, en ella se hace énfasis en la atención de urgencia para 40 municipios de Oaxaca.
En dicha alerta se mencionan acciones que deberá ejecutar el gobierno del estado, los municipios, la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer, principalmente.
De las instituciones de impartición de justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no se dice aún nada, o se menciona poco en general, pero también ahí viven la violencia institucional, al recorrer un largo camino por atreverse a demandar la pensión alimenticia, reconocimiento de paternidad, guarda y custodia o simplemente para que se les reconozca un concubinato a través de un simple procedimiento (la jurisdicción voluntaria) en los juzgados civiles de las regiones.
Un ejemplo de esto es el caso de Norberta, quién demandó desde 2011 al padre de su hijo para que cumpliera con la pensión alimenticia. Su hijo Manuel nació con una discapacidad, en el 2011 firmó un convenio ante el juzgado para que el padre cumpliera con los alimentos del menor, sin embargo, en noviembre del 2013 fue la última vez que pagó.
[quote]“A partir de ahí empezó mi viacrucis en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Puerto Escondido. Hasta este 2018 no he logrado que el Poder Judicial le obligue a pagar, por el contrario he recibido amenazas del padre de mi hijo”.[/quote]
De acuerdo a la versión de la víctima, el padre del menor es un político en la región de la Costa, que además de negarle a su hijo un derecho que por ley le corresponde, constantemente la intimida.
“Haz lo que quieras no te voy a dar un pinche peso, recuerda que soy político y puedo comprar a quien quiera”, es una de las respuestas que Norberta ha conseguido al intentar obtener el cumplimiento de la pensión alimenticia.
“A veces pienso en desistir, ha pasado tanto tiempo y nada se ha resuelto…” , dice Norberta con desánimo. Reconoce que es posible que el padre de su hijo cumpla con la amenaza debido a que es presidente municipal en una comunidad de la Costa.
Casos como este abundan en los juzgados del estado. En ellos, resalta la lentitud y tardanza con la que proceden para emitir un acuerdo o notificar al demandado.
Sin contar con la actuación de secretarios, actuarios y jueces; exigir celeridad en un expediente es, según testimonios, entrar a un mundo corrupto pues tienes que pagar para que impartan justicia. “Hasta en tono de burla en los pasillos de juzgados, los abogados usan el concepto “impulso procesal” necesario, es decir el que demanda debe promover (incluso con dinero) la continuación de su juicio, pues el juzgado no avanza con el caso».
El trato déspota e indiferente del personal es otro tema. Durante la hora del almuerzo las oficinas son un desierto. “Si te atreves a reclamar atención, ya te jodiste, la represalia es que tu siguiente audiencia puede irse hasta dos o tres meses después”, comenta una de las víctimas.
Los casos son atendidos con nula perspectiva de género, y los tratos discriminatorios para quienes se atreven a demandar a hombres con poder económico, son una constante.
Ellos (los demandados) se defienden con todas las herramientas procesales o jurídicas existentes para no cumplir su obligación y abusando de su capital económico, incluso pueden llegar a hacer amistad con empleados de los juzgados, quienes retardan los procesos, mientras los hijos o hijas siguen sin recibir un peso para sus alimentos.
Abogados especialistas en temas familiares coinciden en la urgencia de una modificación a la legislación, una exhaustiva revisión de los deudores alimenticios. Opinan que la deuda de alimentos podría ser considerada en el buró de crédito y podría ser impedimento para quien busca ocupar cargos públicos.
Es importante que se impongan sanciones contundentes para obligarlos a cumplir con la responsabilidad de darles de comer a sus hijos e hijas. Urge revisar la diaria violación a los derechos humando de las mujeres, las niñas, niños a recibir una justicia pronta y expedita, opinan las personas entrevistadas.