Rocío Flores @Gunaa_huini
Foto: Carmen Pacheco
OAXACA. Oax. Después de un largo litigio de casi cinco años, la comunidad indígena de Capulálpam de Méndez logró un amparo contra cuatro concesiones mineras asentadas en su territorio, por haber sido otorgadas sin una consulta previa libre e informada como se establece el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Estas concesiones habían sido concedidas por la Secretaría de Economía a nivel federal entre 2002 y 2005 a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la compañía minera Natividad y Anexas y a otros particulares para la explotación de oro, plata y otros minerales.
La mayor afectación por la extracción de estos metales 一narraron las autoridades一 es la contaminación de los veneros de agua. Cuentan que a consecuencia de los trabajos subterráneos de las empresas extractivas (que han operado en la zona desde 1939 hasta la fecha) han desaparecido 13 manantiales, entre ellos, el manantial Zopilote y Lachichía, por mencionar algunos.
Pero su preocupación actual es la desaparición del manantial principal denominado la Y, con el que se abastecen todos los habitantes en sus diversas actividades comunitarias, los daños a la salud, por los desechos tóxicos utilizados en el beneficio de los minerales y por los riesgos inminentes para la biodiversidad.
Por ello, y ante el desinterés de los gobiernos por atender la problemática, en febrero de 2015 interpusieron una demanda de amparo y protección de la justicia federal, finalmente en octubre de 2019 el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Oaxaca reconoció jurídicamente la ancestralidad de dicha comunidad y a los habitantes como propietarios de las tierras comunales que ocupan desde la época prehispánica.
De acuerdo con las autoridades municipales y de Bienes Comunales, la sentencia establece que la comunidad fue fundada antes de que se constituyera el Estado mexicano y por tanto tiene derecho a la protección de la justicia federal como lo establece la Constitución mexicana en su artículo dos.
“Con esta sentencia se logra el reconocimiento de nuestra forma de vida y a nuestra forma de conservar la naturaleza. La lucha en estos años ha sido para que se reconozca que aunque seamos indígenas tenemos derechos sobre nuestros territorios”, dijo Nestor Baltazar Hernández, el comisariado de Bienes Comunales de esta comunidad, ubicada en la Sierra Norte del estado.
Sin embargo aclaran, la sentencia no es definitiva, tanto la empresa como la Secretaría de Economía han impugnado la resolución.
“Tenemos la confianza de que nos darán la razón, la tenemos, sin embargo sabemos que estamos ante un gran poder económico, por eso nuestra labor es tomar conciencia de las afectaciones de esta industria en la naturaleza, en el medio ambiente, y el impacto a la salud y a la vida de los habitantes” manifestaron este martes en conferencia de prensa.
Actualización: 21:13 horas.
1 Comentario
miguel huerta s.
Cuando la razón se impone y La VOLUNTAD de hacer Justicia.caminan por el mismo sendero y sobretodo Por el Bien de la Comunidad, las palabras sobran. Ya no estamos en los tiempos de la Corrupción, hoy los Jueces y Magistrados están Bajo la lupa y que bueno que así lo entienden. Ojalá se logre la Suma de lo que busca el Pueblo y el Beneficio sea Un hecho.
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