Foto: Carmen Pacheco
A los campesinos del Valle de Ocotlán se les conoce como “sembradores de agua” porque lograron recuperar a través de pozos de absorción, sin la intervención de gobiernos, hasta un 80 por ciento de la recarga en sus mantos acuíferos, después de enfrentar una fuerte sequía en 2005. Desde entonces su lucha se concentra en hacer valer su derecho a participar en la administración de los recursos hídricos.
En 2013, gracias a esas acciones, un juez federal obligó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a realizar una consulta indígena para la posible modificación de un decreto de veda de 1967 que les limitaba el acceso al vital líquido, algo que hasta la fecha no se ha cumplido, a pesar del “acuerdo histórico” que firmaron en octubre de 2019 con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Después de diez meses, los campesinos de 16 comunidades, agrupados la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados aquí en Oaxaca, entre ellos mencionan la armonización de leyes y tratados internacionales para reconocer sus derechos territoriales por parte la Federación, el derecho de participar en la administración del agua subterránea con sus reglamentos internos comunitarios y la creación de una concesión colectiva para las comunidades.
Para lograr lo anterior 一explica Juan Justino Martínez González一 se elaboró una propuesta de modificación al decreto de veda en la que participaron instituciones como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Conagua y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
De acuerdo con el integrante de la Copuda, la propuesta que refleja sus demandas legítimas, fue enviada a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y posteriormente a la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, pero hasta el momento no hay respuesta de ninguna de las instancias involucradas en esta última fase, es decir la Conagua y la Consejería Jurídica de Presidencia que preside Julio Sherer Ibarra.
En ese mismo documento, firmado en San Antonio Castillo Velasco, se establece que ellos (los campesinos) seguirán realizando obras de captación y en conjunto con la Conagua deberán implementar acciones a favor del cuidado del líquido y el mejoramiento del sistema de riego para asegurar el aprovechamiento del agua, algo que dicen, han cumplido hasta ahora, a diferencia de las autoridades federales.
Para los campesinos, la nula respuesta refleja la incoherencia en el discurso de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya que por una parte, la Conagua habilitó en línea la posibilidad de otorgar concesiones a particulares o empresas, pero a ellos se las ha negado, bajo el argumento de la Ley de Aguas de 1992 vigente hasta hoy.
“No observamos voluntad política para cumplir los acuerdos”, declararon esta mañana en conferencia de prensa. Por el contrario señalan que se les está negando su derecho como pueblos indígenas a participar en la administración del agua en sus territorios.
Por esa razón, piden una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir que se cumpla con el derecho de los pueblos y exponer una serie de atropellos, que 一refieren一 se han presentado durante la consulta.
Mencionan por ejemplo, el trato racista y clasista que se les ha dado al negarles el derecho como pueblos y comunidades indígenas a participar el cuidado y administración del recurso hídrico y que la Conagua ha favorecido el uso industrial, así como la asignación de concesiones bajo un criterio discriminatorio.