El Frente no a la Minería pide audiencia con la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores
Autoridades agrarias y municipales de 10 comunidades de los Valles Centrales cerraron este lunes el paso en la carretera federal 175, a la altura de Magdalena Ocotlán y Monte del Toro para exigir la cancelación del proyecto minero «San José» operado por minera Cuzcatlán.
Integrados en el Frente no a la Minería, las autoridades de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, exigieron al gobierno federal negar el nuevo permiso ambiental solicitado por la minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, por afectar el ambiente de sus comunidades al construir 75 obras irregulares.
Explicaron que en dos ocasiones anteriores minera Cuzcatlán ha querido justificar mediante este permiso, que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 75 obras irregulares y explotar por 10 años más sus territorios.
También denunciaron haber recibido amenazas durante la manifestación para exigir la cancelación del proyecto minero.
“Primero dijeron que iban a quitarnos del bloqueo. Luego que no éramos de Magdalena Ocotlán ( donde se ubica el proyecto San José) y finalmente nos amenazaron con traer armas para terminar con la movilización. También hemos recibido mensajes en los que nos dicen: ya sabemos quiénes son, los tenemos ubicados», expusieron en un comunicado de prensa.
Las autoridades expusieron que su movilización es pacífica, apegada a Derecho, dentro del marco constitucional.
“La minera Cuzcatlán ha violentado la legislación ambiental vigente y nuestros derechos como pueblos indígenas. En el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación hemos decidido rechazar cualquier proyecto minero en nuestros territorios, nuestras asambleas así lo han decidido»
Por ello demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador respetar sus acuerdos de asamblea y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Las 10 comunidades que integran el Frente mantienen desde 2015 un acuerdo regional de defensa del territorio y la exigencia de cancelación del proyecto.