Efraín Santiago Pérez comisariado ejidal de San Martín de los Cansecos, comunidad ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca, se pregunta «por qué carajo sigue trabajando la industria minera Cuzcatlán en San Dionisio, Ocotlán, Oaxaca si ya se le venció su plazo para explotación el pasado 28 de octubre de 2021, por qué las autoridades siguen amparando a gente que solo quiere seguir escarbando la tierra». Su mayor preocupación es cómo van a vivir las niñas y los niños mañana.
Él y otras autoridades agrarias de 10 comunidades zapotecas integraron el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos ante el anuncio de esta empresa minera, filial de la canadiense Fortuna Silvers Mines, de expandir la explotación hacia sus comunidades, y emprendieron acciones por la vía jurídica con la que lograron que en enero de 2020 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negara la autorización del permiso ambiental con el que pretendía prolongar por diez años más el periodo de explotación de plata y oro. Luego en julio de 2021 la autoridad federal publicó una nueva negativa.
Con este resolutivo la empresa tendría que parar sus operaciones en octubre de 2021, cuando se venció el plazo de la Manifestación de Impacto Ambiental, también llamada MIA original, pero se amparó para seguir operando y nuevamente comunidades como como Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán se movilizaron.
El pasado 25 de octubre de 2021 entregamos las actas de las consultas comunitarias realizadas en 11 y 12 de diciembre de 2021 en Santa Catarina Minas y San Dionisio Ocotepec, dice Luisa Martínez Rojas, regidora de Obras de San Martín de los Cansecos, una de las comunidades afectadas. Son 6 mil 500 firmas de ciudadanas y ciudadanos, así como actas de las consultas, reitera.
Luisa Martínez Rojas igual que Efraín Santiago Pérez están frente al atrio de la Iglesia de Santo Domingo ofreciendo con las autoridades una conferencia de prensa, informa que en los Valles Centrales hacen uso de su autonomía para tomar las decisiones a partir de sus propios acuerdos de asambleas y mecanismos comunitarios, sin intervención ni influencia externas y así decidir sobre sus tierras, por ello, dice, están exigiendo a la Semarnat respetar su derecho a la libre determinación y no autorizar la ampliación de la Manifestación de Impacto Ambiental solicitada por la minera.
El agente municipal de la comunidad de Monte del Toro, Juan José López indica que con la renovación de la MIA la empresa pretende seguir con la explotación de plata y oro por 10 años más, a pesar de que ha realizado obras y actividades que van en detrimento de los derechos de las comunidades, como por ejemplo la contaminación de sus tierras, mantos freáticos y ríos por derrame de líquidos en su presa de jales.
Juan José habla en representación del Frente integrado por ejidos, comunidades, ayuntamientos y agencias municipales. Dice que los ejidos y comunidades agrarias son legado de sus abuelas y abuelos, no para las empresas transnacionales.
San José del Progreso es el lugar donde se encuentra la minera, pero es solo la puerta, el territorio es abajo, arriba, el territorio no sólo es sólo una parcela de tierra, también nos afecta a las comunidades de abajo por la contaminación del agua, comenta otra de las autoridades locales.
En todo eso coincide Efraín Santiago, quien este miércoles sin tomar el micrófono pero con tono firme comparte su reclamo: “El oro y la plata está en el subsuelo, no le estorba a nadie. No tienen pensamiento, porque vienen a invadir Oaxaca, a robarle del país, por qué amparan a ambiciosos que están vendiendo el oro y la plata, si sabemos todos que no es propiedad de nadie”, reclama frente a la prensa.
Valeria Gómez de la comunidad de El Llano también toma la palabra para alertar sobre un nuevo proyecto minero llamado Monte Albán: “desde el mes de diciembre llegaron personas con maquinarias a desmontar y talar la vegetación, están matando tunillos, biznagas, magueyes, a ellos no les importa, queremos que detengan eso, solo vienen a matar la vegetación y a ahuyentar a los animales”, declara.
Sobre este nuevo proyecto Montealbán Neftalí Reyes explica que se trata de una nueva solicitud de MIA de una empresa llamada Albatroz, la cual solicita permiso de explotación también en San Dionisio Ocotlán, aunque aún no han logrado establecer a quién pertenece. Sin embargo, refiere, habitantes de San Dionisio dicen que han recibido visitas de representantes de la minera Cuzcatlán.
Para Valeria la posibilidad de una minera cerca de su hogar representa un riesgo debido a que hay un pozo que abastece a la comunidad y cerca de ahí es donde pretenden dinamitar. “Las casas están muy cerca, imagínese si se llega a poner la mina, ellos se van con las bolsas llenas de dinero, y qué va a ser de nosotros que vivimos de la agricultura”, declara ante la amenaza de esta industria, la cual recibió de enero de 2002 a abril del 2016, 322 títulos de concesión en Oaxaca que cubren una superficie de 462 mil 974 hectáreas.
“Queremos que pare, que no se siga contaminando más, nosotros así sin dinero somos felices, vivimos de la agricultura y de lo que nos da dios» agrega Valeria. Por ello se suma a la exigencia del Frente, el cual pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que informe el estado de las solicitudes de la minera Cuzcatlán y que se respeten los acuerdos internacionales, el respeto a una vida digna y el derecho a un medio ambiente sano.