Primera parte
Cuando era niño, la serie de libros de fotografía de naturaleza de Agrupación Sierra Madre A.C., financiados por CEMEX, influyeron —al menos visualmente— en mi actual condición de biólogo y fotógrafo de la naturaleza.
En estos documentos bibliográficos, Patricio Robles Gil planteaba que la esperanza de la conservación de la biodiversidad en México era la propiedad privada; es decir, grandes extensiones de tierras (latifundios) acaparadas en manos de particulares interesados en preservar y/o hacer un manejo o aprovechamiento (¿explotación?) desde la óptica de los ranchos cinegéticos y afines.
En un intento por comprender más sobre este asunto del origen de los ranchos cinegéticos, poco a poco fui encontrando pistas de que en mi natal Tamaulipas ha habido actores de la vida política que bien podríamos considerar como pioneros en materia del jugoso negocio —en beneficio exclusivo de particulares— que es la cacería cinegética en contextos de propiedad privada. Este el caso del ex gobernador Emilio Martínez Manautou, abuelo del junior de la política conocido como el “Niño verde”, cuyo padre es Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Resulta que en su rancho privado en San Fernando Tamaulipas promovieron a diestra y siniestra la cacería deportiva/cinegética de la paloma de alas blancas y de otras especies protegidas por la normatividad mexicana para diversión de ciudadanos “gringos”, los cuales en su país de origen enfrentaban restricciones más reales gracias a más efectivos marcos regulatorios sobre el manejo de la vida silvestre.
En este mismo tenor, en vísperas me llegó un anuncio publicitario pagado vía Meta-Facebook en que Mauricio de la Maza Benignos —miembro de la élite del ambientalismo en México— comparte su producción audiovisual original acerca del complejo contexto socioambiental en Cuatrociénegas de Carranza, Coahuila. En este mini documental, el autor hace énfasis en el uso de un concepto conocido como “tragedia de los comunes” para describir en su propia visión y opinión personal —con la innegable carga subjetiva que esto conlleva—, que básicamente son los actores sociales (ejidatarios y pobladores locales) e instituciones gubernamentales corruptas quienes y las que se oponen —por intereses de orden mercantilista— a la conservación —desde la perspectiva occidental y propia del capitalismo verde y la propiedad privada— de este espacio natural único a escala planetaria.
De tal manera que la investigadora de la UNAM Valeria Souza manifestó de manera pública a diversos medios de comunicación sobre la urgente necesidad de pedirle el favor al magnate Carlos Slim de que compre las tierras en conflicto para así finiquitar el problema socioambiental de facto. Visión que evidentemente va de la mano con la filosofía propia de Pronatura Noreste A.C., ONG vinculada estrechamente con de la Maza Benignos y que mantiene reservas privadas dentro del polígono de la supuesta Área Natural Protegida, actualmente al borde del colapso por los conflictos en torno al uso irracional del compuesto vital para la vida orquestado por grandes corporaciones, como es el caso de Grupo Lala y otros, las cuales demandan el acaparamiento del líquido esencial para la vida para solventar la producción agrícola de alfalfa –—como alimento para sus reses— en medio del árido desierto chihuahuense.
A todo el embrollo social y ambiental que se vive en el norte, noreste y noroeste del país respecto a la agenda de conservación de la biodiversidad bajo la premisa de la propiedad privada y/o decretos de Áreas Naturales Protegidas, se suma el fenómeno de la inseguridad por parte del crimen organizado, así como la muy notoria falta de capacidad de parte de las instituciones ambientales y ONG mercenarias verdes, así como de los propios actuales actores sociales locales, de poder llegar a organizarse para así defender sus territorios y bienes naturales comunes.
Caso opuesto son el centro, sur y sureste de México, en donde se gestan procesos desde tiempos inmemoriales de conservación de la biodiversidad de manera comunitaria, consciente y voluntaria.
En definitiva, los procesos comunitarios como son las empresas comunales de ecoturismo o turismo de naturaleza de bajo impacto, así como las iniciativas de Manejo Forestal Comunitario, Comercio Justo de Café y otras iniciativas creadas desde las bases campesinas y ciudadanas —bajo la premisa del bien común y/o comunalidad— han demostrado ser la verdadera esperanza para salvar al mundo del apocalipsis socioambiental traducido en el cambio climático global y la sexta extinción masiva de la vida (especies).