Fotografía: Carmen Pacheco
“No me voy a quedar con los brazos cruzados, yo no voy a rogar justicia”, dice Verónica H. C., quien desde hace tres años investiga y documenta las pruebas contra su expareja, Jorge Alberto V.G., por la violación cometida en contra de la hija de ella y dos hijas de ambos, las tres menores de edad, ante la inacción de la Fiscalía de Oaxaca.
Verónica tiene 34 años de edad, es abogada y expareja de Jorge Alberto V.G., un empresario restaurantero con el que mantuvo una relación durante 14 años, hasta que lo sorprendió cuando violaba a la hija de ella, que en ese tiempo era una adolescente de 17 años.
La abogada relata que tiempo después se enteró que su expareja también violó a las hijas de ambos, de 12 y ocho años de edad.
Verónica expone que cuando presentó la primera denuncia el último día de agosto de 2020, ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, el agresor se enteró que haría la denuncia y le llamó para decirle: “adelante, te estarán esperando en la Fiscalía”.
Efectivamente, abunda, a diferencia de otros casos en los que hay que esperar horas, a ella la recibió inmediatamente la agente del Ministerio Público (MP) Luvia Maibeth Gallardo, quien dijo: “¡ah!, es la chava que iba a llegar a denunciar al padrastro, pásenla conmigo”.
Ese mismo día le practicaron el examen ginecológico y le dieron una cita para el examen psicológico, que sería en fecha posterior.
Lo que siguió después de la denuncia, dice, fue una serie de actos de obstrucción. Siete meses después de que ella y su hija se presentaron al examen psicológico, Verónica se enteró que la MP y la psicóloga Reyna Paola, de la Fiscalía Especializada, registraron en su informe que no asistieron.
“Elaboraron un informe en el que se dice que asistí únicamente para avisar que la adolescente no iba a llegar porque ya no estaba en la ciudad. Pero sí nos presentamos, le tomé fotos a la bitácora de registro, en tiempo y forma”, relata Verónica.
De ese informe, explica, se enteró siete meses después porque durante todo ese tiempo le negaron el acceso a la carpeta de investigación con el argumento de que no existía, que nunca fue a poner una denuncia. “Tuve que mostrarles los audios y las fotos que tomé del día que hice la denuncia”, precisa.
En marzo de 2021, Verónica acudió con el entonces fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, quien se comunicó con la fiscal Edith Celaya Morales para solicitar una tarjeta informativa de la carpeta de investigación y ahí se enteró que el mismo fiscal había determinado el no ejercicio de la acción penal, una determinación que da por concluida la labor que –por mandato constitucional– posee el Ministerio Público para indagar y perseguir el delito de violación y otros delitos y que se tiene que notificar a la persona denunciante, pero eso no sucedió, nunca se le informó.
Después de la revisión de la carpeta, Rubén Vasconcelos Méndez ordenó que se siguiera investigando y que se diera una fecha para que la menor pudiera presentarse a un examen psicológico, el cual fue aplazado en tres ocasiones, hasta que finalmente se realizó y se determinó que no había ninguna afectación. “Hasta la fecha no me quieren entregar la grabación, porque yo puedo hacer un dictamen sobre el dictamen”, menciona la madre de las tres niñas, una de ellas ahora mayor de edad.
Después de obtener la carpeta de investigación 26177FMUJ/UDNA/2020, en marzo de 2021, Verónica se enteró que Jorge Alberto V.G también violó a las dos hijas biológicas de ambos.
Denunció y se abrió otra investigación más contra el mismo agresor, la 5370FMUJ/UDNA/2021, por violación agravada contra sus dos hijas biológicas de ocho y 12 años de edad.
Sobre el presunto agresor Jorge Alberto V.G, hay además dos investigaciones en curso por violencia familiar en contra de Verónica: 35066/FMUJDN/UDNA/2019 y la 33372/FMUJ/UDNA/2020. A ella hasta la fecha, no le han practicado un examen psicológico.
Sobre las violaciones a las dos hijas más pequeñas, Verónica explica que la menor de 8 años de edad sigue sin una valoración por parte de la autoridad estatal. Su otra hija de 12 años se atrevió a hablar y dijo que su papá también abusaba sexualmente de ella. Se le practicó un dictamen, el cual reveló afectaciones. Sin embargo éste “se perdió” durante tres o cuatro meses, no fue integrado a la carpeta. «Tuve que presentar elementos para probar que el examen fue realizado por la psicóloga Claudia Gurrión. No tuvieron otra opción más que aceptar y el dictamen apareció”.
Por estos delitos, la Fiscalía General giró una orden de prisión preventiva oficiosa en marzo del 2021. Sin embargo, las carpetas fueron retiradas de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género por el nuevo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo.
“El fiscal prometió imponerse con base en la justicia, empezar de cero la investigación, pero hasta la fecha no ha cambiado la situación”, señala Verónica.
Solicitamos una entrevista con el fiscal Arturo Peimbert o una versión oficial sobre el estado general que guardan las carpetas de investigación. Lo que se obtuvo fue la promesa de una audiencia con el funcionario estatal para el próximo martes.