Foto: Jorge Luis Plata
Hace cuatro años, Laura ingresó el penal de Tanivet, en Tlacolula, Oaxaca, presuntamente por participar en un secuestro junto con otras cuatro mujeres. Colaboraron como cuidadoras y vínculo para que los hombres ejecutaran el delito. Ellos están libres.
Laura −como la llamaremos para resguardar su identidad− tiene 46 años, es originaria de la región de la Cañada, madre de dos hijas, una de ellas menor de edad. Antes de estar en la cárcel era enfermera técnica y trabajaba en un hospital. El expediente la señala como partícipe del delito, pero ella afirma que no participó en el secuestro.
Hace un tiempo conoció a una abogada que acompaña casos sobre Justicia social desde la sociedad civil, quien la contactó con Mary Carmen Ortega, una abogada feminista quién hasta la fecha la acompaña en asuntos de reclusión; le ayuda a tener contacto con su familia, colaboran en la venta del trabajo que realizan en el penal vendiendo sus tejidos afuera y regresándole el dinero.
Para Marycarmen, la situación de las mujeres en reclusión no es como la metáfora de “están tras las rejas”, la abogada considera que las mujeres que viven en reclusión también necesitan afecto, cercanía y el encuentro con otras personas. Por ello asegura que seguirá acompañándolas mientras las condiciones propias de su trabajo y vida personal se los permita.
La pandemia también las afectó, se redujeron las visitas solo a fines de semana y de familiares directos. “Viven su cautiverio con dolor”, dice la abogada.
La justicia, el gran pendiente del Estado Mexicano
Para Mary Carmen, la justicia es un gran pendiente del Estado Mexicano, especialmente para grupos históricamente vulnerables, como el de las mujeres. Asegura que este tipo de casos tienen que verse con perspectiva de género.
Aunque reconoce que se han dado avances en el tema de justicia y las autoridades ya ofrecen mejores tratos a las personas en reclusión, aún hay un vacío que impide un acceso pleno desde instituciones como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Poder Judicial o las fiscalías.
Menciona como un ejemplo el caso del secuestro en el que participaron Laura y otras tres mujeres, dice que muchas veces quienes planean y ejecutan el secuestro son hombres, en tanto las mujeres ayudan como cuidadoras, sin embargo, son ellas quienes terminan en la cárcel.
“ Tiene que ver con su identidad de género, en el caso de las mujeres sucede que a veces tienen vínculo amoroso o familiar con los secuestradores, tienen hijos, son madres solteras o no tienen trabajo, no pueden huir y dejar todo”, explica.
La abogada destaca que las mujeres delinquen por razones distintas a la de los hombres, y desde el Poder Judicial debe plantearse cuál es el fondo o la condición que las llevó a esta situación, “en eso tienen que ayudar. Muchas veces ni siquiera saben que es ilícito lo que hacen, también es un problema de desconocimiento de derechos”.
¿Es posible otra alternativa?
La abogada considera que las mujeres privadas de su libertad y con hijos menores de edad tienen que tener otra condición, se deben encontrar otros mecanismos para que paguen su falta, que la cárcel no sea la única alternativa. “Es necesario que se vea con una mirada desde los derechos humanos, perspectiva de género y acceso a la justicia”.
“Pareciera que cuando una mujer tiene hijas e hijos menores y está en la cárcel es una cadena de desgracias, si el papá no se hace responsable de ellos, en ocasiones quedan en la indefensión”.
Para Marycarmen la justicia social no se trata de tener más o mejores penales, sino que haya cada vez menos personas cometiendo delitos y en caso de que los cometan tengan información, es decir, saber que eso que harán implica un delito y que se tendrá que sancionar. Después la primera red en una justa reinserción tendría que ser el Estado a través de sus instituciones correspondientes, plantea.
Dentro del penal, indica, siempre se garantiza que haya alimentos y atención médica, aunque no hay atención especializada, pero siempre es importante que reciban productos de higiene personal, dinero, sacar los productos que realizan para venta y el acompañamiento legal y desde la sociedad civil.
“Muchas de estas cuestiones no se cumplen del todo porque no se mira la raíz de la perspectiva de género, desde lo humano, las personas no son solo un número, cada una de ellas tiene necesidades diferentes”.
La abogada sabe que ella y su amiga no son suficientes, no tienen toda una estructura para un litigio estratégico. Su ayuda, dice, es solo un acompañamiento en espera de la sentencia, para que Laura no decaiga en su ánimo, mientras insiste, igual que en estos cuatro años, en desvirtuar el señalamiento que la llevó a prisión.
CIFRAS
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional:
Al cierre de 2020, la cifra de personas privadas de la libertad a nivel nacional fue de 211 mil 169. Del total nacional, 94.4% fueron hombres y 5.6% mujeres.
La edad que predomina entre las reclusas es de 30 a 34 años de edad.
En el caso de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios federales, el secuestro fue el delito de mayor frecuencia, mientras que en los centros penitenciarios estatales fue robo.
Hay 384 mujeres privadas de la libertad con hijos menores de seis años. En Oaxaca, cinco niñas y niños permanecieron con sus madres en los centros penitenciarios.
