Hay complicidad, obstaculizan la justicia: María Elena Ríos
Mi motivación es seguir siendo como era, dice esperanzada María Elena Ríos, aunque sabe bien que después del ataque con ácido que sufrió en septiembre de 2019, presuntamente por órdenes del exdiputado priista Juan Vera Carrizal, ya nada será igual.
La joven saxofonista de 29 años habla de sus heridas, convencida de que estas no son eternas. Va a llegar un día en que lo van a sentenciar, dice. Inmediatamente aclara que no busca venganza. “Cuando estaba en el hospital vi mi cara y mis brazos y dije, Dios mío, por favor, no me permitas odiar, porque esto (las heridas) va a tardar mucho en curarse, pero odiando no la voy a lograr. Porque cuando estás mal de acá — se toca el corazón—, se refleja en tu cuerpo”.
Parece tranquila. Está sentada a la sombra de un enorme sabino. Entre las ramas más altas, las chicharras anuncian la entrada de un verano más. Pero ni el sonido estridente de esos insectos apaga su voz.
Este mes de mayo se cumplieron dos años y ocho meses de la agresión que sufrí. Físicamente me siento recuperada. Sé que no voy a quedar igual nunca, pero si al tercer día del ataque, cuando vi mis brazos como en estado de putrefacción, no me eché para atrás, por qué tendría que hacerlo ahora, expresa la joven saxofonista.
María Elena Ríos vive en la región Mixteca de Oaxaca. Su caso se suma al de 28 mujeres atacadas con ácido en el país en las últimas dos décadas, según el registro de la Fundación Carmen Sánchez. Este tipo de ataque es el segundo registrado en esta entidad del sur. La primera víctima fue María Luisa Gómez López, una maestra de primaria de la región del Istmo de Tehuantepec. Ella no sobrevivió. El ataque nunca fue investigado como feminicidio. Tenía 42 años. Su madre murió de tristeza.
Quiero mencionar a María Luisa porque tengo el privilegio de estar aquí y es lo que me toca, explica María Elena. Ella considera que tiene un compromiso con las mujeres porque muchas le escribieron o la dibujaron, a pesar de que no la conocen. Jamás voy a olvidarlo. No hay manera de pagarlo o tal vez la puedo nombrando todas las que me sean posible. Esta lucha no solo es por mí.
La agresión que sufrió María Elena representa una forma de violencia extrema. Un daño irreversible que marcó su vida. No solo por las heridas físicas, sino por las violencias que sufrió en las distintas instituciones del Estado.
Su proceso de recuperación y el juicio contra sus agresores, acusados de intento de feminicidio, ha sido tan complejo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación, con más de 300 puntos, en febrero de este año, para el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal Arturo Peimbert Calvo, en la que pidió a las autoridades generar un mecanismo para ofrecer medidas de atención y protección efectivas a víctimas, reconocer su responsabilidad en el caso de María Elena y ofrecer una disculpa pública por las omisiones y el incumplimiento de sus obligaciones para procurar justicia.
La CNDH considera que se vulneraron los derechos humanos de María Elena por el hecho de que 17 personas servidoras públicas del gobierno estatal no atendieron su obligación de investigar y sancionar la violencia cometida en su contra. También porque no procuraron la justicia con perspectiva de género, sobre todo tomando en cuenta que el ataque se dio aún con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, activada en el estado desde el 30 de agosto de 2018. La agresión contra ella ocurrió en Huajuapan de León, uno de los municipios señalados en los que se pidieron declaratoria acciones de emergencia.
Las autoridades estatales tenían dos meses para cumplir con lo indicado por el organismo de derechos humanos, pero hasta ahora no lo han hecho. María Elena piensa que para las autoridades es humillante reconocer que se equivocaron y que están haciendo todo mal y menos lo van a hacer ahora que tienen encima una campaña para la gubernatura.
A veces me siento molesta, frustrada, triste. Me cansa, me suelto a llorar, pero ya no hay tiempo para estar sufriendo, tengo que hacer cosas , dice María Elena. Su voz es firme. Revela su coraje por las omisiones del gobierno del estado y la complicidad para proteger a sus agresores. Sus palabras son rotundas. Asegura que en todos los casos sucede lo mismo. Lo han hecho con Soledad Jarquín, la madre de María del Sol, la fotógrafa asesinada durante el proceso electoral del 2018; con la mamá de Zayra Leticia, la joven desaparecida hace 18 meses. En estos casos, tanto la Fiscalía como las vicefiscalías presumiblemente incurrieron en omisiones y los presuntos responsables quedaron libres.
María Elena sostiene que las autoridades obstaculizan la justicia en Oaxaca. «Hay complicidad. Solo les gusta visibilizar lo bonito. En redes sociales hay protagonismo. como si los problemas no existieran. Pero las violencias contra las mujeres empeoran y los casos de feminicidios aumentan».
Lo que ella señala no sólo coincide con las conclusiones de la CNDH sobre la crisis de violencia y la invisibilización de parte del gobierno. También los registros hemerográficos de organizaciones como Consorcio Oaxaca y GesMujer muestran que la violencia feminicida aumenta y representa un conjunto de violaciones, desapariciones, agresiones y prácticas institucionales que atentan contra la dignidad, integridad, libertad y la vida de las mujeres.
Consorcio indica que desde el inicio de la administración de Murat hasta el 16 de mayo de este año han asesinado a 631 mujeres. Y en total se han registrado más de 3 mil 432 casos de violencia contra ellas. Las desapariciones y los feminicidios son las agresiones más recurrentes, juntas suman el 66.8 % del total; les siguen en incidencia los casos de violencia familiar con el 15.1 % del total, luego los delitos sexuales con el 12.9 % y por último los suicidios y los registros de violencia política de género, que en conjunto representan el 5.2 % de los delitos contra mujeres.
Aun con la alerta decretada el 31 de agosto de 2018, se registraron 2004 casos de violencia contra mujeres: entre 2019 y 2021.
Aunque los casos de violencia contra las mujeres disminuyeron, según Consorcio, en un 22 % durante el segundo año de la Alerta, en el tercer año se incrementaron en un 44 % respecto al segundo y 34 % con relación al primero, el calendario sigue avanzando y los casos de feminicidios, desapariciones, delitos sexuales y otras violencias aumentan. De hecho, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en el primer trimestre del año, Oaxaca ocupó el cuarto lugar nacional en el delito de feminicidios.
Autoridades simulan cumplir con la alerta
La Alerta de Violencia de Género con las Mujeres (AVGM) es un señalamiento directo para el Gobernador, le pide cumplir con medidas urgentes para proteger la vida de las mujeres ante las condiciones desfavorables, dice la abogada feminista Erika Lili Díaz Cruz, integrante del grupo interdisciplinario que dictaminó la alerta.
Para Oaxaca, dicha Alerta estipula 21 medidas urgentes de seguridad, justicia y reparación, así como medidas para enfrentar y disminuir la violencia feminicida. El Ejecutivo debió generar mecanismos y condiciones para disminuir las violencias. “Pero no sólo no han disminuido, sino que han aumentado, basta escuchar la afirmación de las víctimas de no encontrar justicia”, precisa la abogada.
La abogada feminista asegura que las autoridades se niegan a ver esta crisis como un tema público, por eso es necesaria y urgente la participación de toda la sociedad, los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado. «Siguen (las autoridades) en una lógica misógina al pensar que esos problemas son de mujeres y que no son importantes. La consecuencia es la impunidad, y eso hace que las víctimas suelan sentirse solas y desamparadas por las instituciones. Por eso, para muchas mujeres, activistas y organizaciones civiles las acciones de la AVGM en Oaxaca representan una simulación, una farsa, «son solo acciones mediáticas que no tienen sentido».
A eso se añade la opacidad de las instituciones que no responden con claridad sobre las medidas implementadas y los recursos aplicados en estas 21 acciones, ni sobre el impacto de estas. Tampoco son claros con los criterios para la asignación de los recursos a las distintas dependencias para la implementación de la Alerta y las Políticas Públicas de Género.
Más de una decena de solicitudes de información hechas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el análisis de los tres informes anuales y la evaluación del Grupo Interdisciplinario y Multidisciplinario (GIM) a las acciones reportadas, así como la revisión del presupuesto otorgado por la Conavim y el asignado para políticas de género revelan deficiencias y una serie de omisiones en respuesta a la Alerta que ponen en evidencia la falta de eficacia para resolver esta crisis de violencia feminicida. Por la extensión de los informes y dictámenes se exponen solo algunas.
De entrada, en el primer informe de 2018-2019, el gobierno general solo resume los servicios que brindan algunas instituciones como la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas, por mencionar algunas. De esta última, destaca, por su nula relación con las medidas urgentes sugeridas, las actividades de su Unidad de Enlace de Género, las cuales consisten en brindar asesoría y vinculación institucional a las mujeres trabajadoras en el marco de la estrategia “Mujer tu Espacio» que se realiza en diferentes secretarías del gobierno estatal.
En el informe se describen, básicamente, programas que se realizaban antes de la AVGM. De hecho, la misma la subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres (SMO), Edna Liliana Sánchez Cortés, admitió en entrevista, el 27 de abril de este año, que dichas acciones son parte de las políticas, acciones y servicios dirigidos a la prevención y erradicación de la violencia que ya desarrollaba el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra Mujeres (PASEVGM) y que fueron reforzadas a partir de la Alerta. Sin embargo, no presentan evidencias de la relación con las medidas específicas de ella ni indicadores que den cuenta de su efectividad.
Lo que se percibe son respuestas a recomendaciones anteriores, cuando ni siquiera estaba decretada la AVGM.
Dicho informe destaca la difusión del número 911 y la creación del Programa “Mujeres a Salvo” que presuntamente busca generar espacios seguros para mujeres, niñas y adolescentes, pero hasta la fecha son sitios desconocidos.
Además, la difusión del 911 a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública no especifica que el número puede usarse en casos de violencia contra mujeres. Tampoco se reportan acciones de seguimiento a estas llamadas, solo las canalizaciones a corporaciones policiales, aunque no el resultado de las mismas. En síntesis no se identificó una estrategia coordinada entre gobierno estatal y municipios que incorporara al 911.
El GIM reporta que entre 2019-2020 las acciones se presentaron de manera fragmentada por secretarías y municipios, y estos últimos dejaron la responsabilidad a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), sin reflejar acciones de fortalecimiento. Y sobre las supuestas capacitaciones no presentan informe de resultados.
La extraña distribución de recursos
Llama la atención que en el mencionado primer informe de 2018-2019, se integra un capítulo sobre la distribución de presupuestos de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca destinada para la política transversal de igualdad de género 2019, con los cuales daría cumplimiento a la medida 6 de la alerta, la cual plantea al gobierno del estado asignar recursos necesarios para hacer frente a la contingencia de la AVGM.
Destaca entre los más altos, $ 1, 505, 253,470.59 para los Servicios de Salud de Oaxaca y dos montos: uno por $ 975 212, 527.70 y otro por $ 30, 674,152.30, destinados al Colegio de Bachilleres de Oaxaca, institución que entre 2018 y 2020 reportó al menos 14 casos de acoso sexual a las alumnas, por los cuales se abrieron 14 carpetas de investigación, según reportes de la directiva de la institución. La Fiscalía no pudo confirmar el dato debido a que la información sobre los delitos contra mujeres no está desagregada.
Además, $316, 910, 961. 22 para el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca; $156, 939, 182. 82 para la Oficina de Pensiones; $67, 874, 120,01, destinado al Instituto Estatal de Educación para Adultos; $67, 610.450. 98 para el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia para el estado de Oaxaca (DIF); por mencionar algunas instituciones, tampoco se sabe cómo usan este recurso, si bien no están etiquetados para atender específicamente la alerta de género, incluyen temas vinculados a la misma.
En contraparte, solo $ 17, 497, 182.97 fueron asignados a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), la institución responsable de formular, promover e instrumentar políticas públicas para la igualdad sustantiva, entre otras funciones encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres y la prevención y erradicación de la violencia de género, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Autonomía municipal a modo
La declaratoria iba dirigida al gobierno del estado e incluye acciones para 40 municipios. Según la subsecretaria Edna Liliana Sánchez Cortés, el gobierno del estado no es el único destinatario, hay 41. Las acciones tienen diferentes corresponsables institucionales y ámbitos de competencias distintas. Argumenta que los municipios tienen cierta autonomía respecto al gobierno del estado, con base en eso, se interpreta lo que le corresponde al estado, a cada una de las instituciones y a los municipios, incluso, dice que hay medidas que tienen una corresponsabilidad.
Lo cierto es que en el segundo informe, el gobierno estatal anexa los reportes de los municipios con alerta de género. En ellos, se exhibe no solo una falta de coordinación con las dependencias responsables de dar seguimiento a este mecanismo, sino la inexperiencia en temas de género.
Un ejemplo es el reporte del municipio de Nochixtlán del 31 de agosto de 2019 al 30 de agosto de 2020, en el que se propone el desarrollo de talleres (para hombres y mujeres) de “Dulces típicos, Chiles chipotles, Mermeladas de frutas, Chiles en vinagre, Amaranto de chocolate”, etcétera. También plantea un cambio de look a dos mujeres de los grupos mediante un concurso después de la capacitación con el tema de autocuidado, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Ejemplos como estos pueden observarse principalmente en el primer y segundo informe entregado a la Conavim. En el tercero no presenta indicadores que muestren los cambios y progresos que está haciendo tampoco se proporciona información sobre los recursos asignados, a pesar que la Conavim estableció en 2020 una metodología que precisa que los informes deben desglosar el presupuesto de acuerdo con cada una de las medidas sugeridas en 2018.
Los informes son públicos y pueden consultarse en el sitio web de la Conavim y de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Recursos Conavim
Respecto a los presupuestos otorgados entre 2019 y 2021, la Conavim informó que destinó al gobierno del estado $ 33, 598, 286.00 para implementar la Alerta a través de lo que denomina “Acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de AVGM contra Mujeres en Estados y municipios”.
Para conocer la distribución de los recursos se consultaron nuevamente los informes anuales y se realizaron solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en distintas fechas.
La Sepia informa que el recurso (de Conavim) se destinó al proyecto “Mujeres Abriendo Caminos” y otros cuatro proyectos de seguimiento. Destaca en su informe dos acciones que no solo no contribuyen a enfrentar la violencia, sino que además refuerzan roles históricos de género: el primero es el programa de “Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Indígenas y Afromexicanas” y el segundo la entrega de molinos a mujeres.
Esa misma secretaría presenta una matriz sobre los recursos aplicados a la Alerta, en la cual reporta un recurso de más de 30 millones de pesos para la compra de ocho vehículos, y la contratación de diversos programas, como el de “Estímulo al mérito académico de jóvenes indígenas y afromexicanos», «Semillas de Talento” o “Ver a Oaxaca con Amor”, que con el apoyo de la Fundación Devlyn realiza jornadas de salud visual en comunidades indígenas, programas que no establecen relación con ninguna de las medidas urgentes que establece la AVGM.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aseguró que no cuenta con presupuesto asignado para la implementación de la Alerta.
La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) recibió de la Conavim $3,063,000.00 En cuanto a los proyectos, informa que el primero fue aprobado desde 2019 por un monto de Un millón 200 mil pesos para realizar un estudio que permite identificar los efectos de las dinámicas de la delincuencia organizada en la violencia contra las mujeres y estrategias para su prevención en los municipios que se encuentran en las regiones Costa y Papaloapan, pero hasta la fecha, no se sabe nada de dicho estudio. En la solicitud El GIM confirmó que el estudio no se presentó.
El segundo fue aprobado en febrero de 2021 por 1, 863,000.00, y destinado a la contratación de personal y equipamiento para la identificación y atención a mujeres canalizadas al Centro Paimef, a un albergue de Medio Camino de Oaxaca, pero en julio informó que ese recurso aún no había sido recibido.
De acuerdo con la SMO, en 2019, para aplicar las medidas de la Alerta invirtió de su presupuesto un total de 19, 773, 641.00 pesos para proyectos de inversión, sin embargo, la información que proporciona es repetida y confusa y no establece la relación directa con las acciones emergentes. Resalta, por ejemplo, que 4. 6 millones de pesos del presupuesto de proyectos de inversión fueron destinados al rubro “Hostería”, lo que difícilmente se puede entender como una acción de la Alerta.
En el 2020, indica, invirtió 1, 574, 499.99 pesos, sin embargo no precisa el origen de los fondos utilizados ni tampoco sus alcances.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sesipinna) recibió 580 mil 754.00, pero no proporciona ninguna información al respecto, aunque se le solicitó vía transparencia.
ONG cuestiona el destino de los recursos
La activista y defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya considera que si bien los recursos de Conavim representan un apoyo importante, de ninguna manera pueden ser considerados los únicos para implementar la Alerta, ya que el PED establece un presupuesto “intransferible, progresivo y suficiente” para la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra mujeres”.
Sin embargo, destaca, no se conoce en qué acciones se ha aplicado y qué resultados generó para enfrentar la violencia que estamos viviendo las mujeres en Oaxaca. Por ello, dijo, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario, de la cual forma parte, realizó entre 2020 y 2021, una extensa investigación y evaluación sobre los programas “urgentes” implementados, así como los recursos destinados a la alerta de género y a las políticas de género, incluso una evaluación sobre los programas Operativos Anuales de las distintas secretarías de gobierno estatal.
Los resultados pueden ser consultados en el informe denominado Tres años de Simulación, falta de transparencia y descoordinación institucional, el cual contiene información sistematizada y clara sobre el panorama de violencia en el estado, además de ofrecer datos sobre los principales delitos registrados durante tres años a partir de la Alerta, registra los municipios que más delitos contra mujeres reportan y sobre todo pone en evidencia, con los mismos datos oficiales, la falta de transparencia en el uso de los recursos y la falta de voluntad del gobierno estatal para cumplir con el mandato de implementar la AVGM.
Una prueba de ello, dice Yésica Sánchez Maya, es que fue asignado hasta un 19% del Presupuesto de Egresos para la Política Transversal de Igualdad de Género, pero ese monto se traduce en pocas acciones concretas.
La defensora de los derechos humanos de las mujeres explica que para evaluar este presupuesto y su incremento es necesario entender en qué acciones se ha aplicado y qué resultado generó, pero la información no se encuentra disponible ni en el presupuesto de egresos ni en sus anexos.
Lo mismo ocurre en las dependencias estatales, en el Programa Operativo Anual (POA) de cada una de ellas, los miles de millones del presupuesto para la política transversal de género no desglosan ninguna acción específica sobre género.
Para la abogada feminista, lo que se pone en evidencia es que los asuntos de las mujeres, la vida, la seguridad de las mujeres, sigue quedando como en tercer plano. En el caso de la Conavim, dice, su evaluación se está quedando corta. Ella considera que en una cuestión de alerta como esta, a los seis meses tendrían que evaluar si está sirviendo o no, e incluso suspender. Pero lo que se hizo fue seguir simulando que se está bajo un mecanismo de urgencia.
Sanchéz Maya es directa, dice que no hay voluntad política y eso está costando demasiadas vidas. En un escenario de violencia institucional, porque si hay un presupuesto tan alto, no se puede cumplir con lo básico. ¿En dónde está todo ese dinero? cuestiona.
Hablamos de simulación porque se asigna mucho dinero, pero en lo concreto, no hay ni hojas para ir a poner una denuncia, a las víctimas no les pueden ofrecer un vaso de agua. No hay gasolina para que vayan a dejar los oficios.
La defensora considera que el Congreso de Oaxaca debe revisar la cuenta pública, investigar cómo se gastó el dinero. Podría haber desconocimiento, pero lo otro, puede ser colusión y corrupción, porque corrupción también es cobrar por un trabajo que no haces, expone.
¿Es necesaria una auditoría? preguntamos a la defensora. Sin dudar responde que sí valdría la pena hacer una auditoría de la Federación porque Oaxaca tiene más del 97 por ciento de recursos federales, y en el tema de mujeres hay mucha gente contratada que realmente no está haciendo nada efectivo. Al Conavim le faltan mecanismos eficaces para evaluar las alertas. Además, abunda, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca tendría que estarla evaluándola ya que ese es su mandato.
Mientras tanto, el gobernador del estado presume en medios y redes sociales un modelo ejemplar de gobernabilidad, observo. Eso tendrían que preguntárselo a las víctimas, dice terminante la académica Erika Lili Díaz Cruz.
María Elena considera que uno de los graves problemas en las instituciones que deberían cumplir con el tema de la alerta, es que en esos espacios, que en teoría sirven para ayudar y proteger a las mujeres, “son usurpados por hombres o mujeres que han estado viviendo del lado del privilegio: sobrinos, hijos o hijas de exgobernadores, de políticos dinosaurios de ciertos partidos”.
En un estado pluricultural como Oaxaca, lo que se requiere, según la activista, es visitar los pueblos que están en el olvido y admitir que las violencias se encuentran en todas las regiones, están en Chacahua, en Corralero, en la Costa; en Yucuná, en la Mixteca, y otras comunidades recónditas donde ni el gobernador ni la titular de la Secretaría de la Mujeres han llegado.
La joven Mixteca mira en retrospectiva y recrea los distintos movimientos de lucha de las mujeres: es impresionante la manera en cómo las mujeres nos estamos uniendo, a pesar de que el patriarcado sigue en esta lucha constante de vernos fragmentadas. A mí me han inspirado las madres buscadoras, las madres paisanas de la Mixteca, los movimientos feministas como Marea Verde, el movimiento que se dio en torno a la Ley Olimpia. Las mujeres somos poderosísimas en las distintas luchas. Y todas nos inspiran. Es verdad, en las violencias se llevan parte de los que somos, pero aquí estamos. «La mejor venganza es ser felices».