Margarita Ceceña Ramírez y Laura Raquel Padilla eran madres independientes que trataban de proveer a sus hijos de una vida digna. Ambas fueron asesinadas por intentar que sus hijos tuvieran una vida mejor. Ambas fueron quemadas vivas.
El 25 de julio de este año falleció en Cuautla, Morelos, Margarita Ceceña Ramírez a sus 30 años de edad. No fue por accidente ni por enfermedad, sino por las lesiones de segundo y tercer grado que le ocasionó un ataque con fuego. El 1 de julio su concuño, de nombre Primitivo Rangel Atempa, la roció con gasolina y le lanzó un cerillo encendido.
La tía y dos primas de la víctima, junto con otros dos hombres, azuzaron a su bestial pariente a quemarla viva, mientras una vecina trataba en vano de frenar el ataque. La mamá de Margarita, Andrea Martínez, y un hijo de la joven mujer fueron también rociados con gasolina, pero lograron huir. Los agresores de Margarita quemaron, además, la tiendita que fue la causa del pleito familiar que terminó en un asesinato particularmente atroz.
El terrible fin de Margarita no fue un suceso repentino. La joven ya había denunciado a sus familiares el 27 de mayo por una agresión tumultuaria a golpes. Las autoridades que recibieron su queja la desestimaron, alegando que sus lesiones no eran graves. La negligencia oficial alentó el siguiente ataque de los parientes, con resultado mortífero.
Margarita había llegado a vivir a Cuautla con sus tres hijos y su madre después de divorciarse en Ecatepec, Estado de México, donde residía. Un primo suyo le cedió una casa para que ella la habitara. Pero tanto Margarita como su primo ignoraban que la familia de éste consideraba suya esa propiedad. Su tía, sus primas y los maridos de éstas no estaban dispuestos a cederle la vivienda, porque la rentaban a otras personas.
Ahora, nadie podrá rentar ese predio, escenario de un crimen absurdo y salvaje. Los pocos pesos que motivaron el asesinato de Margarita, a nadie beneficiarán. La Fiscalía General de Morelos ha revelado los nombres de seis atacantes, todos prófugos: el agresor directo Primitivo, y quienes lo instigaron: la tía María de la Cruz Martínez Cervantes, las hermanas Nataly Carreño Martínez y Karen Carreño Martínez, así como Leobardo Celón Cortés y Ramiro Vega Cruz. Por si fuera poco, hay una menor de edad implicada en el ataque.
La muerte de Margarita por quemaduras, luego de que agonizó durante 26 días, ocurrió a los cinco días de que otra agresión similar aniquiló en Zapopan, Jalisco, a Laura Raquel Padilla, de 35 años de edad, madre de un hijo enfermo de autismo y epilepsia.
Inicialmente, la versión sobre la muerte de Laura Raquel expuso que un vecino, azuzado por al menos cuatro personas más, roció con alcohol a la joven madre y le prendió fuego el 16 de julio de 2022. La víctima —torturada por quemaduras de tercer grado— falleció el 21 de julio siguiente.
Después de la muerte de Laura Raquel, las legisladoras jaliscienses del PAN y del PRI se apresuraron a manipular políticamente la tragedia: acudieron a denunciar omisiones de las autoridades en la investigación del caso, aprovechándose de que la familia, la agrupación Yo Cuido México y los medios de comunicación ya habían señalado esas omisiones.
Esas diputadas de la oposición (algunas, recientemente cuestionadas por proveer al dirigente nacional del PRI con fotografías procaces de sí mismas) se apresuraron a capitalizar políticamente el atroz crimen contra Luz Raquel, en vez de hacer lo más urgente y que les corresponde: legislar para que los feminicidios cometidos con fuego o sustancias corrosivas reciban penas más severas que las actualmente establecidas para esos crímenes.
Quizá por esa laxitud en la legislación, el vecino señalado por ser el posible responsable agresor letal de Luz Raquel, un hombre llamado Sergio Ismael, se apresuró a entregarse a las autoridades, las que lo acusan, no de asesinar a la víctima, sino de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.
Esto, porque el 5 de mayo Sergio Ismael, después de un altercado, agredió a Luz Raquel arrojándole cloro industrial en el pecho. La víctima denunció ese ataque el 6 de mayo, pero la Fiscalía General de Jalisco se negó a investigar el delito hasta que el propio agresor se entregó el 23 de julio. Aprovechando el cargo menor, la instancia investigadora omite acusar al sospechoso de agresión letal o feminicidio.
El fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, presionado por los señalamientos públicos, tuvo que investigar los sucesos. Sus señalamientos apuntan, de entrada, a cuestionar la versión del feminicidio de Luz Raquel Padilla. Dado que la difunta no puede aportar elementos para su defensa, la autoridad da credibilidad preferente a las pruebas aportadas por el presunto victimario.
Basándose en videos que proporcionó la familia de Sergio Ismael, y que aseguraron provienen de una cámara de seguridad que el mismo indiciado instaló a la entrada de su domicilio, el fiscal Méndez Ruiz informó que tienen evidencias de que el 8 de mayo Laura Raquel movió la cámara instalada por su vecino. Al día siguiente, en la escalera del edificio donde ambos convivieron, apareció pintada una amenaza de muerte: “Te voy a quemar viva”. El fiscal Méndez Ruiz añadió que otros dos videos de la misma cámara muestran a una mujer que prende fuego a un objeto y lo arroja a la puerta de Sergio Ismael.
Según los datos arrojados por el fiscal jalisciense, el día en que a Luz Raquel la hallaron con quemaduras en el parque de la colonia Arcos de Zapopan, ella había comprado en una farmacia dos botellas de alcohol; además, en una licorería adquirió un encendedor. El fiscal añadió que esos objetos fueron hallados en el parque, junto a las pertenencias de Padilla.
De acuerdo con los informes del funcionario, varias personas intentaron auxiliar a la mujer antes de la llegada de los servicios de emergencia, y esos mismos testigos declararon que la mujer pedía ayuda “y refería que se había quemado”. El fiscal recalcó que un paramédico que atendió a la víctima dijo que Luz Raquel le manifestó asimismo que “se quemó”.
El informante dijo carecer de evidencias de que el indiciado Sergio Ismael estuviera en el parque. Insistió en que “hasta el momento, de la investigación y de lo que llevamos, no lo tengo posicionado [a Sergio Ismael] en el lugar en el que sufrió la posible agresión Luz Raquel”.
Al conocer los dichos del fiscal, vecinos que presenciaron el ataque condenaron la versión oficial como un intento de culpar a la víctima de su propia muerte.
La nota que informa de la indignación vecinal refiere: “un grupo de sujetos iba siguiendo a Luz Raquel mientras la insultaban de manera verbal. Posteriormente, se acercaron a ella, le rociaron una sustancia inflamable y le prendieron fuego. […] un hombre se quitó su saco y se lo puso encima para que no pudieran verlo, mientras Luz Raquel gritaba que la estaban quemando”.
La testigo, cuya identidad se reserva el medio informativo, reprochó: “No sabemos por qué están tergiversando la situación, están cambiando todo, dicen que ella fue la que compró el alcohol, realmente siento que se están burlando de nuestra inteligencia”.
Previamente a las declaraciones del fiscal, la víctima había presentado una denuncia contra su vecino, quien se quejaba de que el hijo de Luz Raquel hacía demasiado ruido durante sus crisis por las enfermedades que padece.
Como parte de la agrupación colectiva de mujeres #YoCuidoMéxico, Luz Raquel había denunciado las agresiones de su vecino y sus constantes amenazas, pero las autoridades se negaron a darle protección.
A estos casos se suma el de Liliana Torres, de 24 años de edad, secuestrada en Salinas Victoria, Nuevo León, el 26 de marzo de 2022. La víctima ha declarado que sus captores, cuatro hombres, la violaron, la golpearon hasta dejarla inconsciente, para luego quemarla viva. Liliana se despertó en llamas, pero sobrevivió; estuvo en coma durante un mes, salió de la postración, si bien por sus lesiones no pudo declarar sino hasta junio de este año. Para entonces, las autoridades habían armado una narrativa sobre el caso para culpar a la propia víctima de lo sucedido.
Mientras Liliana Torres se repone lentamente de sus graves quemaduras, la Fiscalía General de Nuevo León (ya cuestionada por sus fallos al investigar el asesinato de Debanhi Escobar Bazaldúa) omite asimismo perseguir a los cuatro hombres que intentaron acabar con la vida de Liliana, madre de tres hijos.
Estos brutales asesinatos e intentos de asesinato mediante quemaduras no son nuevos en México. En el estado de Oaxaca comenzaron a sucederse sin que ninguna autoridad reaccionara ante la gravedad de los crímenes.
El primero de que se tuvo noticia ocurrió el 27 de febrero de 2017, cuando Edgardo Romero Álvarez roció con gasolina y quemó viva a su pareja, Jennifer Antonio Carrillo, de 18 años de edad. El hijo de ambos presenció el cruel ataque. Jennifer murió por las quemaduras el 2 de abril de 2017. El agresor Edgardo Romero estuvo prófugo durante más de dos años antes de que lo capturaran y procesaran. El 26 de junio de 2021 fue condenado a 80 años de cárcel.
Dos años después del asesinato de Jennifer, en la ciudad de Oaxaca, un individuo identificado como Eliseo “El Marinela” C. C. quemó viva a Wendy Armendáriz Bustillos, de 26 años de edad, el 11 de enero de 2019. Wendy era mesera en un bar a donde llegó Eliseo a reclamar que le habían robado pertenencias. Como la joven desestimó los reclamos, el hombre regresó con un bidón de gasolina, roció con el combustible a la víctima y le prendió fuego, ante el horror de otras empleadas del bar. Wendy falleció por las quemaduras el 20 de enero de 2019. El agresor fue capturado el 12 de noviembre de 2020. Permanece sin sentencia.
Quizá alentado por el horrible ejemplo de los incendiarios de mujeres, el 9 de septiembre de 2019 el empresario y ex diputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, entonces de 56 años de edad, se vengó de la intérprete musical María Elena Ríos Ortiz, de sólo 25 años de edad, por negarse ella a continuar su relación sentimental con el hombre casado, padre de un hijo y tres hijas, dueño de varias gasolineras.
En complicidad con su hijo, el despechado Vera Carrizal mandó a dos empleados suyos, Ponciano y Rubicel H., al domicilio de la joven en la ciudad de Huajuapan de León, para arrojarle ácido. La víctima sufrió quemaduras graves en la cara y el torso.
Atrapados los dos agresores materiales el 23 de diciembre de 2019, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, destacado priista, se negó a perseguir a su compañero de partido hasta que la reportera Patricia Briseño difundió el caso en Excelsior en enero de 2020. Entonces, el gobierno del también priista Alejandro Murat Hinojosa tuvo que ofrecer una recompensa millonaria por la captura de Juan Antonio Vera Carrizal. El autor intelectual del crimen se entregó el 6 de abril de 2020. Su hijo y cómplice Juan Vera Hernández sigue prófugo, pese a que hay otra millonaria recompensa por su captura.
El 2 de abril de 2021, cuando estaba por cumplirse un año de que Vera Carrizal ingresó al penal de Tanivet, uno de los agresores materiales, el albañil Ponciano, convenientemente falleció en la cárcel. Su hijo, Rubicel, sigue preso junto con Juan Antonio Vera Carrizal, pero ninguno de los participantes en este crimen recibe sentencia todavía, mientras la víctima reclama en vano a las autoridades dictar condena a sus agresores.
En esta historia de intento de feminicidio también intervienen mujeres: Soledad Hernández y las hijas que ha tenido con Juan Vera Carrizal: Ashley, Elvia y Guadalupe Vera Hernández. Las cuatro intentaron difamar a la víctima María Elena para frenar la investigación del caso. Organizaron una marcha ¡de mujeres! para exigir la liberación de su familiar preso. Después trataron de culpar a otras personas del ataque. Por último, la familia del autor intelectual de la agresión fue señalada por el ahora fiscal Arturo Peimbert de intentar sobornar a los jueces del caso para conceder la libertad al empresario gasolinero. Gracias a la presión pública, los jueces se abstuvieron de liberar a Vera Carrizal.
El episodio más reciente de esta injusticia ocurrió en el auditorio de la Rotonda de las Azucenas, el 25 de julio de 2022, durante el espectáculo titulado Guelaguetza. En medio de los bailes festivos, María Elena Ríos desplegó ante el gobernador Murat Hinojosa y sus acompañantes una manta con las palabras “Oaxaca feminicida”. La joven fue sacada a golpes y empujones del auditorio por la policía.
Cinco días más tarde, en desagravio, la cantante y compositora Lila Downs incluyó en su concierto en el mismo auditorio a María Elena como saxofonista, el 29 de julio. No tardaron en multiplicarse las muestras de apoyo a la joven agredida en las calles de la capital oaxaqueña, y de repudio a la figura de Alejandro Murat, quien se hizo publicar en la costosa revista Líderes una fantasiosa entrevista para promover su candidatura a la presidencia de la república. Para subrayar su abuso, el mandatario hizo convertir en estacionamiento de camiones de Televisa el andador turístico a un costado del emblemático templo de Santo Domingo, con tal de que un show frívolo lo exaltara como “gobernante ejemplar”.
Como el gobierno de Murat Hinojosa en Oaxaca, el de Enrique Alfaro en Jalisco, el de Cuauhtémoc Blanco en Morelos y el de Samuel García en Nuevo León se han distinguido por dejar en la impunidad los feminicidios e intentos de feminicidio. En los casos de Oaxaca, Jalisco y Nuevo León, las autoridades cuestionadas no sólo son omisas, sino que, probablemente por complicidad con los atacantes, responden con acciones que revictimizan a mujeres cruelmente agredidas. Mientras tanto, Televisa festeja el desgobierno con sus tráileres y camiones estacionados en zona de monumentos que son patrimonio de la humanidad.