El grupo parlamentario de la Cuarta Transformación presentó este miércoles ante el Pleno del Congreso, una serie de reformas a la Constitución de Oaxaca para evitar que quienes tengan una sentencia o resolución administrativa por violencia de género o morosidad alimentaria, ocupen un puesto dentro del gobierno del estado.
La diputada Concepción Rueda Gómez expuso en tribuna que los grandes retos que tiene Oaxaca por delante exigen tener a las mejores y los mejores servidores públicos. Por ello, dijo, quienes maltratan y lastiman a las mujeres, y quienes abandonan su responsabilidad como padres, no pueden ejercer un espacio de poder.
La iniciativa de reforma presentada considera que quien haya sido condenado o sancionado por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público no podrá tener ningún cargo público, de ningún nivel, tanto en los tres poderes del Estado, como en los órganos autónomos y en los municipios.
Lo mismo para quien haya sido condenado o sancionado, mediante resolución firme, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Y de la misma manera para quien esté inscrito como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias a una hija o hijo menor, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias correspondientes.
Las reformas propuestas son al artículo 65 Bis, 101, 113 y 114 de la Constitución. A la fracción V, VI, VII y VIII y a todo el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
De aprobarse sería la primera vez en el país que se toman medidas de carácter constitucional en estos temas.