En 2019  unos hombres llegaron a San Bernardino en Santa Cruz Xitla y le ofrecieron a Julia tres mil pesos por llevar una maleta a Tapanatepec, Oaxaca, una localidad a unas ocho horas de distancia de su comunidad. Ella aceptó y viajó en una camioneta con otras personas, pero  en el camino unos hombres la interceptaron y la detuvieron.

Julia fue recluida en 2019 en el centro penitenciario de Tanivet  por delitos contra la salud, por transportar cannabis sativa, la detuvieron solo a ella, a pesar de que en la camioneta había otros hombres que la acompañaban. La utilizaron como “mula” como popularmente les llaman a las personas que  transportan drogas.

—Uno se podrá preguntar por qué aceptó, por qué a los hombres que viajaban con ella  no los detuvieron— dice el abogado Tomas López Sarabia, presidente de Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), organización que acompañó a Julia en su proceso.

Pero no vamos a entender su respuesta y quizá nunca vamos a entender su historia hasta que vivamos en la casa de Julia, un espacio construido de paredes de carrizo, techo de lámina galvanizada, piso de tierra en el que vivía ella, sus  tres hijos y su suegra.

Por eso, cuando a ella le preguntas, ¿por qué lo hiciste? responde con franqueza que necesitaba 3 mil pesos para arreglar el techo de su cocina. Nada más.

Las condiciones de vida, de hacinamiento y de falta de servicios en San Bernardino, Santa Cruz Xitla son similares en la mayor parte del municipio, de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022, pero particularmente en su localidad, catalogada con pobreza extrema.

“Desafortunadamente esa es una realidad, a las mujeres indígenas del país las siguen utilizando  para este tipo de delitos, aprovechando su condición de pobreza”

Tomás López Sarabia

Muchas historias como las de esta mujer se han detectado en las cárceles del país, un lugar que según el abogado y defensor representan el  último eslabón de  violación sistemática a los derechos de las personas indígenas.

López Sarabia señala que el tema central con los presos indígenas es que se les violenta sus derechos humanos en el Ministerio Público, se les violenta en el Poder Judicial y  finalmente llegan a las cárceles donde desafortunadamente viven la última fase de este cáncer, es decir una serie de obstáculos, el no ejercicio de la justicia en el que están involucrados.

De acuerdo con el tanbién defensor de derechos humanos los datos estadísticas refieren que la mayoría de estas personas indígenas son primodelincuentes,  es decir es la primera ocasión en la que han cometido  un delito y por eso están en esos centros penitenciarios.

Más allá de si son culpables o inocentes,  lo que es importante dice Tomás Sarabia  es que viven  constantes violaciones a  sus derechos humanos incluso para poder  regresar a la comunidad.

El abogado cuenta que cuando una persona indígena está en prisión no tiene visitas familiares, la  atención a la salud es muy deficiente, no escuchan otra lengua más que el español, algunos aprenden a hablarlo ahí para sobrevivir;  y entre otras cosas, las capacitaciones u oficios  que aprenden en la penitenciaría, no necesariamente son las que usan en sus comunidades,  “les enseñan a hacer costuras, balones de fútbol, entonces cuando salen y regresan a comunidad no lo vuelven a hacer y en consecuencia se dificulta su reinserción social”.

Eso en general, pero en el caso de mujeres indígenas es mucho más complicado porque si al hombre mínimamente la familia intenta visitarlo, hay mujeres que son totalmente abandonadas en los centros penitenciarios, relata.

“Lo que nosotros observamos es que hay problemas estructurales, es muy difícil resolverlos en un corto plazo, pero sí  hay maneras y justo es lo que buscamos con los talleres para los servidores públicos, queremos que  tomen conciencia que cuando están frente a una persona indígena, sepan que no es la que vive en una ciudad, que no es la persona que tiene abogado particular, que no es quien va a tener cada semana su visita conyugal o familiar, sino personas que en muchos de las casos son abandonadas en sus centros penitenciarios.”

El caso de Julia es como una cara de la moneda, era la jefa de familia. Estuvo tres años lejos de sus dos hijos. y  de su suegra, una señora de 80 años. Obtuvo su libertad hace un año. gracias a la Ley de amnistía. Actualmente está en un proceso de reinserción en su comunidad. Cuando su suegra  la vio regresar se soltó en llanto, dijo que Julia era la que la cuidaba y cuando se la llevaron no tenía a nadie.

Lo que Cepiadet hizo en el caso de Julia es acompañarla para regresar a su comunidad y empezar a ver qué necesidades tiene ella y su familia para poder regresar “a una vida normal”.  “Estamos mostrando en este caso  que el Estado tampoco se preocupa de un acompañamiento posterior a estas personas”, dice el defensor.

Actualmente Julia busca emprender un pequeño negocio acorde a su contexto. Pero muchas otras mujeres no corren la misma suerte, algunas están ocho o 10 años y si salen no logran recuperarse, como en el caso de Adela, una mujer que probablemente sufrió otro tipo de violencias al interior del centro penitenciario. El shock con el cual salió era muy fuerte y  apenas después de cuatro años, está retomando su vida, pero ya no puede regresar a su comunidad porque en su caso, estuvo en prisión por un tema de homicidio y fue estigmatizada.

Carlota y Socorro son otras dos  mujeres indígenas, ambas fueron acusadas de secuestro. Otras ni siquiera saben por qué  delitos están presas, también hay personas que ya fueron sentenciadas y que pueden obtener un beneficio, pero por desconocimiento y por no hablar en español no saben que pueden salir antes del tiempo de su sentencia.

Sarabia López ve en este contexto que existe un desconocimiento del marco jurídico de los derechos indígenas entre servidores públicos, debe entender que esta es una entidad diversa. Esa diversidad a la que se refiere no solo es gastronomía, vestimenta, no son maíces de gran colorido.

 “Tenemos que ver el otro rostro de la moneda que es la deficiencia del Estado para garantizar derechos de la población indígena. Es una tristeza,  pero el déficit de Latinoamérica respecto a las violaciones  derechos indígenas es muy alto”.

En el tema de Oaxaca dice: nos hemos centralizado tanto que  pensamos que la capital es Oaxaca y en realidad es un estado de más de cuatro millones de habitantes, donde más del 69 por ciento somos indígenas, pero no tomamos conciencia de ello.