En Santa María Mixtequilla, autoridades de Bienes Comunales denuncian el olvido gubernamental  y la omisión del fiscal de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla ante la denuncia interpuesta por robo y allanamiento de morada, de parte de un grupo de ciudadanos que mantienen tomada la oficina de Bienes Comunales. 

El presidente del Comisariado de  Bienes Comunales, Eduardo Desales Orozco señala que la denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 13776/FIST/TEHUANTEPEC/2023, pero el fiscal tiene detenidas las órdenes de aprehensión aproximadamente desde hace un mes .“No han hecho nada, no quieren actuar», dice.

Desales Orozco explica que el grupo de habitantes denominado Resistencia Pacífica tiene tomada la Casa Comunal, la maquinaria, el vehículo de Bienes Comunales y se están posesionando de tierras comunales.

Los otros integrantes del comisariado: Pablo Pavón Reyes, David Martínez Orozco y Rosa María Fuentevilla Morán señalan que lo delicado es que no permiten que se realicen las asambleas legalmente convocadas.

La exigencia de la Resistencia es que del recurso de 130 millones de pesos que pagó el gobierno federal por la indemnización de 502 hectáreas de tierras,  lo que resta después del pago a quienes tienen títulos parcelarios, se reparta entre toda la población.

“Es un sector de la población  que está liderado por dirigentes locales, quienes han tratado de convencer al resto de la población que el recurso le corresponde a todos. Pero la Ley Agraria no contempla la distribución de los dineros entre los ciudadanos”.

Según la legislación en la materia, el dinero debe ser entregado a los Bienes Comunales a través de un Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), como ya sucedió. Posteriormente se realiza el pago a los campesinos o personas que de una u otra forma han acreditado tener derechos sobre las tierras de uso común en un porcentaje que se define en asamblea.

Luego se acuerda, también en asamblea, el destino del dinero que queda después de haber hecho esos pagos o el monto con el que se apoyará a la comunidad, ya sea en obras o proyectos productivos.

La legislación no habla del  reparto de dinero a ciudadanos, reiteran los comuneros. El presidente del Comisariado dice que ante este escenario, como autoridades están evaluando convocar nuevamente a asamblea para que acuerden legalmente qué hacer con el dinero, pues la última asamblea convocada para el 11 de junio fue suspendida para evitar confrontaciones.

“Hay varias propuestas, algunas personas apoyan la idea de ese movimiento de repartirlo totalmente; otros comuneros están con la idea de que no se reparta nada y que todo sea distribuido en proyectos de beneficio colectivo como educación, cultura, cooperativas, comedores, o bien en servicios básicos como el agua, o para la construcción de pozos profundos. Otros piden que una parte se reparta y la otra se destine a obras colectivas. Pero finalmente eso lo va a decidir la asamblea comunal, el problema es que no nos podemos reunir”

Desales afirma que “si la asamblea decidiera que se reparta a todos, o si dice que se va a invertir a obras, o que  la mitad se reparta y la otra mitad en obras colectivas, así va ser. Se levanta el acta y se manda al Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE),  para que el dinero quede liberado. Mientras tanto el dinero no se toca”

Por otro lado, lamentan que el gobierno federal no ponga atención al problema que les dejó: “Les corresponde (al gobierno federal ) explicarle a la gente que tiene tomada la casa comunal que están en la ilegalidad”

Sobre la  Resistencia Pacífica advierten que su interés no solo es el reparto del dinero, sino asumir el control de la representación comunal y observan que ya hay un acercamiento con figuras políticas de la región.

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