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Inconformes con el Comisariado de Bienes Comunales y la distribución de los 130 millones de pesos de indemnización que pagó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por 502 hectáreas de tierras, un grupo de habitantes de Santa María Mixtequilla mantiene tomada la Casa Comunal de esa localidad del Istmo y han comenzado a organizarse para fraccionar las tierras comunales y repartirla entre la ciudadanía.
Adelaido López Gallegos, uno de los coordinadores del grupo denominado Resistencia Pacífica, expuso que la inconformidad inició porque, presuntamente, el Comisariado realizó acuerdos para la venta de 502 hectáreas de tierras sin consultar a la ciudadanía.
De esas tierras 132 hectáreas eran parcelarias y 370 son de uso común. Las parcelarias se pagaron 260 mil pesos por hectárea a quienes tenían certificados parcelarios. Las de uso común se pagaron al Comisariado de Bienes Comunales y fue cuando un grupo de habitantes comenzó a demandar que todos los vecinos del pueblo sean beneficiarios de los recursos.
“Ahora no quieren tomar en cuenta al pueblo para las regalías de las tierras de uso común. Se amparan en la Ley Agraria, señalan que los comuneros tienen el derecho para manejar las tierras del pueblo, pudiera ser, pero la voluntad del pueblo es otra”, indica
La situación parece tensa, los integrantes del Comisariado aseguran que quieren hacer una asamblea de comuneros para decidir el destino del dinero de las tierras de uso común y el grupo de la Resistencia Pacífica se opone.
“Ellos (los comuneros) han querido hacer asamblea para decidir que se hace con los recursos, pero nosotros no lo vamos a permitir. Tienen amañada la asamblea, van a decidir que se hagan obras que ya tienen “amarradas”, sin priorizarlas para el pueblo, quieren desaparecer ese dinero”, declara López Gallegos.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec necesita licitar con las empresas que van a participar en las obras del polo de desarrollo, pero el grupo de la Resistencia Pacífica dice que no tiene prisa.
La propuesta de la Resistencia es que se realice una asamblea, pero con la participación de comuneros y ciudadanos y que en una pregunta expresa se pregunte a todos los pobladores qué hacer con el recurso.
Además, piden que se indemnice a los comuneros que han reclamado el pago total de sus hectáreas “como debe ser”, “si no tiene los certificados parcelarios para eso están ellos, para ayudar a los compañeros y hacerles sus documentos”
El tercer punto es que todos los ciudadanos mayores de 18 años tengan la oportunidad de ser comuneros, si cumplen con los requisitos.
“Eso es lo que pedimos. No tenemos prisa. La presión no es de nosotros, si pasa el tiempo y ellos no tienen la voluntad hacia su pueblo, aquí vamos a seguir”, advierte Adelaido, quién junto con otros habitantes han comenzado a trazar una brecha en terrenos cercanos a donde construirán el polo de desarrollo.
Mientras tanto, las 502 hectáreas de tierras donde, según información oficial, podrán desarrollarse empresas agroindustriales, de metales, así como de cuero y textiles, siguen en la indefinición.
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