Por Foto: Dante Carrillo
Antes de terminar el sexenio, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa autorizó al geólogo Leonardo Triay Cisneros la explotación del cerro La Llovizna en terrenos comunales de Juchitán de Zaragoza. “Hoy en ese lugar biodiverso se están extrayendo unos 140 metros cúbicos de hematita por hora con la utilización de tres tractores orugas y 22 volteos”, denunció el defensor comunitario Édgar Martín Regalado, originario de Unión Hidalgo en el Istmo de Tehuantepec, a la par anunció una huelga de hambre ante la explotación ilegal.
“Porque de todas maneras me están matando, anuncio, en mi carácter de defensor comunitario, el inicio de una huelga de hambre frente a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad el lunes 23 de octubre al amanecer”, dijo y exhortó a la responsable de esa institución Karime Unda Harp atender el problema de La LLovizna.
El cerro La Llovizna es un sitio biodiverso, en el que se forma una ciénega, es una reserva comunitaria compartida por l municipio de Unión Hidalgo y la agencia La Ventosa, de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec. “Este cerro tiene un elevado contenido de hematita, cuarzo y probablemente oro”, comentó el defensor, quien desde hace varios años inició la defensa de esta área.
Édgar Martín explica que en septiembre del año pasado varios defensores comunitarios presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso indebido de explosivos para dinamitar en ese cerro y también en la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca. (Propaeo).
La Fiscalía le dio “carpetazo” en una semana. La Propaeo clausuró el 17 de febrero la extracción de materiales pétreos. “Para nuestra sorpresa, el gobierno de Murat, 30 días antes de irse otorgó un nuevo permiso al geólogo Leonardo Triay Cisneros quien es proveedor de hematita y fue ejecutivo de la empresa Cruz Azul Lagunas, la cual la utiliza el material como un aditivo en la producción de cemento.
En esa fecha, nosotros avanzamos en la integración del expediente porque impugnamos la resolución de la Fiscalía y un juez de control de Oaxaca le ordenó a la Fiscalía reabrir la carpeta de investigación e integrarnos como coadyuvantes, es decir que podíamos intervenir en el proceso pero en una posición subordinada a las autoridades.
Por esa razón ayer fui con la Policía Ministerial al cerro y descubrimos que esta reserva estaba siendo devastada, había tractores de oruga gigantes extrayendo material y 22 volteos, ¡Bajaban 20 volteos por hora ,imaginate, después de ser un paraíso! exclama.
El antecedente: una concesión a una minera canadiense
Riverside Resources, una empresa de exploración minera, con sede en Vancouver estuvo explorando la zona de la Llovizna y dijo “aquí hay oro”, así que tramitó y obtuvo una concesión en 2008 con una vigencia de 50 años por parte de Economía. La llovizna se sitúa en la parte Sur Oriente de ese proyecto llamado La Ventosa Proyect. Por fortuna, dice, el título de concesión por ahora está cancelado.
Pero, el problema importante, abunda el defensor comunitario, es que es una zona con oro, y Leonardo Triay Cisneros había sondeado el lugar, quizá no encontraba el modo de explotarlo porque ya estaba concesionado, pero lo que encontró es que podía tramitar un permiso para la explotación de un banco pétreo y lo ha estado haciendo con la autorización que le dió la Secretaría del Medio Ambiente en el gobierno de Murat.
Triay Cisneros se topó con un problema, el lugar es propiedad social, pertenece a los bienes comunales de Juchitán, así está en la resolución presidencial y en el plano definitivo.
Sin embargo, sus relaciones con personajes de La Ventosa como Porfirio Montero, José Alberto Ríos Valdivieso y Etelvina Valdivieso, quienes le ayudaron a obtener un documento privado, y ante un notario protocolizaron y con ese documento falso obtuvo el cambio de uso de suelo de terrenos forestales y ante la la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca obtuvo la autorización de impacto ambiental.
Así está explotando el lugar de manera ilegal, señala Édgar Martín Regalado, por ello considera que no puede haber una prórroga del permiso si la empresa no está cumpliendo en materia de impacto ambiental, dinamitó cuando no tenía autorización, extrajo más de una tercera parte de lo permitido en materia ambiental y lo más importante —dice— falsificó escrituras para obtener ante la Semarnat el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
