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Francisco Javier Valdivieso Alonso de origen oaxaqueño y Brent Mikos Lambropoulos académico jubilado canadiense, fueron arrestados en la ciudad de Oaxaca por defender a un migrante venezolano de intimidaciones de un par de policías turísticos y enviados a una celda del Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del estado.
Durante las 10 horas de arresto en el cuartel, ubicado en en Santa María Coyotepec compartió una celda con sentenciados de los Ceresos Tanivet, Cuicatlán, Etla y Miahuatlán, más los nuevos ingresos.
Francisco narra que el jueves alrededor de la una de la tarde, estaba con Brent Mikos en el jardín San Pablo, ubicado en calles del Centro Histórico de la capital, cuando vieron que una pareja de agentes de la Policía Turística del gobierno del estado estaba amedrentando porque “presumiblemente” iba a fumar marihuana.
Durante varios minutos estuvieron en calidad de espectadores sin decir nada, pero a punto de irse les hizo la observación que estaban cometiendo una arbitrariedad. “Era un claro abuso de autoridad. Sobre todo porque desde junio de 2018 portar marihuana con fines de consumo personal no es un delito y además, el migrante nunca prendió un cigarro”.
El oaxaqueño explica que la agente Ángeles Guadalupe Bazán (después supo su nombre) nunca expuso un argumento concreto y por el contrario, el migrante se identificó con permiso para transitar libremente por territorio nacional. Pero los seguían amedrentando y fue cuando intervino Francisco y Brent Mikos lo secundó: «Les dije que por eso no confiábamos en instituciones como la Policía porque no eran cuerpos de seguridad. Su compañero tuvo una actitud más pasiva, pero ella inmediatamente brincó.»Les dije que por eso no confiábamos en instituciones como la Policía porque no eran cuerpos de seguridad. Su compañero tuvo una actitud más pasiva, pero ella inmediatamente brincó», cuenta.
Francisco, quien es maestro en Antropología social, les hizo saber que lo que estaban haciendo era un abuso policial con prejuicio racial porque era un afrovenezolano que viene de un país empobrecido.“La calidad de extranjería y migrante la asocian inmediatamente a la ilegalidad”, apunta.
Antes de irse, ambos tomaron fotografías a las placas de la motocicleta que usaban los agentes. Sin embargo cuando habían avanzado sobre la calle, ella lo jaloneó y le dijo que lo iba a llevar. Llegaron otros cuatro elementos de seguridad quienes lo sometieron a él y a Brent MIkos y los llevaron al cuartel general donde permaneció 10 horas.
Ahí abrieron una carpeta de investigación (36099/FVCE/OAXACA/2023) en su contra, sin que les notificaran el delito. Brent Mikos que casi no habla español, nunca entendió de que lo acusaban. No le permitieron llamar a su embajada o a un consulado para buscar una asistencia legal, muchos menos tuvo un traductor. A él sólo le permitieron hablar con su familia unos minutos que no le alcanzaron para explicar a dónde lo llevaban porque les quitaron su celular y todas sus pertenencias.
Francisco denuncia que en tiempo en el cuartel fueron sometidos a escarnios, le estuvieron tomando fotos al menos cinco policías y escuchó decir a alguien entre los policías “chingensenlos, chinguenselos para que escarmienten”, además le exigieron firmar un documento de “lectura de derechos” sin saber el motivo de su detención.
Más de cinco horas después, un comisario de apellido Salvador Amaya les dijo que aunque no era su obligación permitirles las llamadas, pero “por humanidad” les permitirían llamar. Más tarde les notificaron que el delito que se les imputó fue “resistencia a particulares”.
Ambos salieron 10 horas después con un historial delictivo al que le sumaron consumo de marihuana, “¡cuando ni siquiera fumamos!” exclama, “por eso pedí un antidoping que no me quisieron hacer y tampoco registraron en la carpeta de investigación”.
El Canadiense notificó a su embajada, quien inició los trámites para la defensa del académico y Francisco el oaxaqueño, una queja ante la Defensoría por lo que considera una violación a sus derechos elementales de libre expresión y en el caso de Brent Mikos el derecho al debido proceso.