Por El Cabildo de Oaxaca de Juárez resolvió este jueves no someter a votación el dictamen con el cual se pretendía reactivar los cambios de uso de suelo y permisos de construcción en la zona de reserva ecológica de los cerros del Fortín, el Crestón y Cruz Blanca.
El dictamen promovido por los regidores de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Pavel López Gómez y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático Jesús Joaquín Galguera Gómez, estaba listo para el análisis, discusión y votación de los integrantes del cabildo. Sin embargo al iniciar la sesión, las autoridades anunciaron que sería postergado “para propiciar las mejores condiciones para buscar la mejor solución del problema”.
Inmediatamente después, el regidor Pavel López dijo que en esta problemática que se está tratando y que viene de tres décadas atrás, “la responsabilidad de todas y todos es estudiar y darle una solución a aquellas personas que son afectadas”.
“Es importante que este tipo de decisiones tan importantes también sean valoradas por el gobierno del estado, para que tengamos una mejor convivencia, creo que es la mejor decisión para este cabildo y para la ciudad de Oaxaca”, dijo, acto seguido sonaron los aplausos de quienes se asumen como propietarios en esa zona.
En entrevista posterior, el regidor informó que se reunirían con el gobierno estatal este viernes a la una de la tarde en Palacio de Gobierno para retomar la discusión sobre los límites de la reserva ecológica.
“El gobierno del estado está interesado en revisar el decreto de 1992, ya que no está bien elaborado”, insistió. Según el regidor, principal impulsor de la derogación del decreto que prohíbe las licencias de construcción, eso no les permite tener la poligonal claramente definida.
Dijo que platicaron con los ejidatarios y pequeños propietarios de la zona norte: San felipe, el ejido Guadalupe Victoria y Donají y a través de la secretaría de Gobierno y Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno estatal pidió revisar de manera conjunta el dictamen.
“Es bueno, así involucramos al gobierno del estado, que es quien decretó en 1992. Es importante que a 30 años de este decreto se actualice”, terminó.
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