Por El Área Natural Protegida y reserva natural de la del Valle de Oaxaca abarca 2 mil 300 hectáreas. Video: Paola Flores.
Lisbeth Mejía Reyes
Aun cuando el cabildo retiró el dictamen con el que eliminaba las restricciones en las zonas de reserva ecológica, el activista Carlos Alberto Morales, presidente de la asociación civil Colmillo Blanco, consideró que lo hecho por las comisiones es muestra del interés y de la capacidad económica de “grupos inmobiliarios” y particulares “que a fuerza quieren construir en las áreas naturales”.
Morales recordó que es responsabilidad del gobierno estatal delimitar la zona de reserva decretada el 14 de noviembre de 1992, que abarca unas 2 mil 300 hectáreas, lo mismo que su protección. Sin embargo, ha visto desinterés de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad Energías y Sostenibilidad (Semabieso), que encabeza Karime Unda Harp.
Asimismo, observó que en el dictamen el municipio iba a autorizar licencias, permisos de construcción, apeo y deslinde, algo que no le corresponde en tanto no hay certeza de “si son terrenos urbanos o áreas naturales”, pues todavía “no hay un estudio que pueda decirnos exactamente dónde están los límites”.
Sobre las presuntas irregularidades del decreto a las que se ha referido el regidor Pavel López, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, dijo que el decreto no está mal sino que no se ha respetado. “Lo que él está haciendo es lo que han hecho las otras autoridades que han pasado, no lo han respetado. Ellos (los del municipio) son los primeros que deberían de retomar el estudio sobre el área natural. Si la autoridad estatal no lo hace, ellos debieron hacerlo con estudios de impacto ambiental para evitar estos problemas, pero no lo han hecho, lo siguen invadiendo. Lo que está haciendo Pavel es invadir las áreas naturales”.
¿Qué pasa con la procuraduría ambiental o la Semabieso?
Morales responde que al ser el municipio y la administración estatal del partido Morena ninguno presiona al otro. “La Procuraduría de Medio Ambiente debería estar atenta a lo que está sucediendo, debería exigirle a la Semabieso un estudio. No lo hace. La Semabieso se ha mostrado desinteresada en la situación, ellos quieren confundir las cosas. Cuando esos decretos se hicieron estas áreas estaban deshabitadas, no había construcciones”.
El congreso local, del que refirió “la obligación de exhortar a las autoridades para que solucionen este problema”, también observa desinterés. “Creo que este gobierno de la cuarta destrucción nos ha venido a quitar el área natural más importante de la ciudad de Oaxaca”.
Los ejidatarios, dijo, siempre han tenido el derecho de posesión, pero no han respetado las actividades que se pueden realizar en estas áreas y ahora reclaman servicios en viviendas que no existían al momento del decreto.
“Continúan sus derechos de posesión, pero las actividades dentro de las áreas naturales son específicas y exclusivamente para cuidados y conservación ecológica. Esto es lo que ellos no quieren hacer, no se está quitando su derecho de posesión, se les debe normar qué actividades pueden realizar ahí y qué no. Esas viviendas no existían ahí, ahora quieren servicios urbanos que no deberían existir porque cuando se hizo ese decreto no existían estas áreas urbanas. Pero están permitiendo primero la invasión y después van a querer regularla y eso no va a funcionar”.
La Consejería Jurídica ha dicho que hay intereses de inmobiliarias, de pequeños propietarios que compraron y de ejidatarios. Morales reafirma que sí hay intereses inmobiliarios, incluso desde que Samuel Gurrión, quien estuvo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, “tiene terrenos en San Felipe, tiene un hotel en área natural”. Y que en la presa Rompepicos ha estado involucrado Eviel Pérez Magaña.
“¿Por qué siempre los políticos se aprovechan de estos lugares? La misma familia del ex presidente Oswaldo García ha tenido intereses. No respetan el decreto. No necesitan que se haga la delimitación que ponen de pretexto, tienen que respetar que esas áreas son con fines ecológicos y de preservación, no tienen por qué permitir construcciones”.
Sin embargo, el activista también percibe desinterés de la ciudadanía para cuidar las áreas naturales. “Es una tristeza porque ni siquiera conocen o valoran sus áreas naturales. Sin embargo, para los que hemos estado trabajando y cuidando, es una tristeza que todo el trabajo que hemos hecho ahora va a terminar en propiedad de otras personas para beneficio de empresas, inmobiliarias, inclusive empresas de comunicación que están colocando antenas. Es un monstruo contra el que estamos enfrentándonos”.
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