Por: Citlalli López Velázquez

Lydia escapó descalza de la violencia familiar la noche del 10 de octubre de 2021, pero el temor la persigue. Su expareja, Iván, un académico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), vinculado a proceso, busca obtener la guardia y custodia para alejarla de su hijo.

Lydia entrelaza los dedos y respira profundo. Las consecuencias del estrés se reflejan en la debilidad de sus cabellos y uñas. Vivir entre juzgados luchando con los obstáculos del sistema judicial, que presume de tener perspectiva de género, ha disminuido su tranquilidad y su paz.

“He podido probar que es un hombre violento, pero las autoridades con el “argumento” del bien superior del menor , que según debe  garantizar su desarrollo integral, tanto físico como emocional, dicen que tiene que convivir con su papá a fuerza, sea como sea este”.

A Iván, las autoridades le han permitido las convivencias a pesar de que su hijo tiene trastorno del espectro autista y la madre considera que corre peligro a su lado por los antecedentes de violencia.

La lucha jurídica de Lydia comenzó el día que tuvo que dejar su hogar, en un punto en donde la violencia familiar se había exacerbado. Esa noche acudió ante la fiscalía a denunciar, pero las autoridades minimizaron la gravedad de la situación. Le aconsejaron que regresara a casa, pues “solo se trataba de un enojo”.

“Me dijeron: no te pasó nada grave, no corres peligro, regresa a tu casa, cálmate y vienes otro día. Cuando puse la denuncia, la MP estaba hablando por teléfono, no me tomó la denuncia como yo la estaba narrando. Fue horrible. Salí peor”.

El paso siguiente fue solicitar ante la Defensoría Pública la guarda y custodia del hijo. Ahí mismo llegó su expareja. 

—Ya valiste— me dijo. 

A lo largo del tiempo en que vivieron juntos la principal amenaza de éste era que si ella dejaba la casa, le quitaría a su hijo o la metería a la cárcel.

Actualmente Lydia enfrenta una denuncia por violencia familiar con la que su expareja busca cumplir sus amenazas. Por falta de pruebas no ha prosperado, sin embargo, ha repercutido de manera importante en su salud mental.

El camino ha sido sinuoso para ella. La carpeta en contra de su expareja se judicializó un año después, en julio de 2022. En el proceso, se reveló que Ivan no era apto para el cuidado de su hijo autista, según un peritaje psicológico que lo describió como agresivo, violento, manipulador y narcisista. A pesar de estas evaluaciones, las autoridades permitieron que continuara la convivencia con el menor.

Punto crítico | Después de la vinculación a proceso de su expareja, el juez suspendió las convivencias de manera verbal, sin dejar constancia escrita en los documentos oficiales. Este hecho permitió que Iván interpusiera un amparo y obtuviera un régimen de convivencias amplio, contrariando los resultados de la evaluación psicológica.

Lydia resalta la falta de medidas cautelares adecuadas, ya que su expareja debería haber asistido  al centro de reeducación para hombres, pero no lo hizo. Y a pesar de eso no hay ninguna sanción para él.  Las convivencias continúan y representan para ella una causa de angustia. Además, la espera de la audiencia intermedia mantiene en pausa el proceso penal.

A ello se agrega, la preocupación económica, ya que el padre del académico y padre de su hijo, —quién, por cierto, ha escrito artículos contra la violencia de género— apenas le da una pensión alimenticia de 500 pesos mensuales. Lydia considera que al ser allegado del anterior rector de la UABJO, Eduardo Bautista, le disminuyeron su sueldo en nómina para reducir la pensión.

En medio de esta batalla, Lydia ahora es consciente de la violencia vicaria que ha sufrido. Desde el noviazgo, su expareja la amenazaba con quitarle a su hijo como una forma de control. 

Su experiencia le permite asegurar que esta violencia, ejercida a través de los hijos, ha sido subestimada por las autoridades, por lo que considera urgente una revisión de los protocolos judiciales para casos de violencia vicaria, así como la implementación de medidas cautelares que realmente protejan a los menores y a las víctimas.

Violencia vicaria reconocida en ley, pero no es sancionable

En Oaxaca fue el 1 de febrero de 2023 cuando el Congreso del Estado aprobó reconocer la violencia vicaria dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Quedó definida de la siguiente manera:

“toda acción u omisión cometida por una persona, por sí o a través de terceros contra una mujer, con quien tiene o mantuvo un vínculo matrimonial o una relación de concubinato, noviazgo o de tipo sentimental, que se ejerce a través de las hijas e hijos producto de la relación o cualquier otra persona significativa para ella, con el objeto de causarle un daño psicológico, patrimonial, moral o de cualquier otro tipo”

Sin embargo, la violencia vicaria no ha sido tipificada en el Código Penal de Oaxaca para que ésta pueda ser sancionada de manera penal.

La violencia vicaria en números

La encuesta nacional “Reconocimiento de la Violencia Vicaria en México”, coordinada y ejecutada por la agencia de investigación Altermind y el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV) respondida por 2,231 mujeres de todo el país obtuvo datos que arrojan luz sobre este tipo de violencia.

86% de los agresores amenazaron con hacerle daño a los hijos.

76% amenazó con no dejarla ver a sus hijos.

82% niega la pensión alimentaria.

88% inició trámites legales en su contra.

El 57% de las mujeres con custodia fueron denunciadas por violencia familiar.

62% de los agresores simularon actos jurídicos para retener a los hijos.

El 81% de las mujeres fueron separadas de sus hijos, y solo el 39% tiene algún tipo de convivencia con ellos.

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