*Invalida multas por el servicio de alumbrado, por usar disfraces, por insultos o señas obscenas; violaban principios de legalidad

*Por ser disposiciones generales de vigencia anual, el Pleno exhortó al Congreso de la entidad para que en el futuro se abstenga de emitir normas que presenten los mismos vicios de inconstitucionalidad.

_Redacción

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones de las Leyes de Ingresos de diversos municipios de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023, en los que se preveían cobros por los siguientes conceptos:

Cobros por el servicio de alumbrado público municipal, sin prever la base, tasa o tarifa del derecho a pagar, además de delegar su determinación a autoridades diversas

Cobro por certificaciones de documentos, derivados de solicitudes de acceso a la información, lo cual violentaba el principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información. la corte argumentó que el legislador no justificó de manera objetiva y razonable el costo de los materiales utilizados para su reproducción.

Cobros por servicios de búsqueda de información y expedición de copias simples, certificadas y certificaciones de documentos, no relacionados con el derecho de acceso a la información, los cuales violaban el principio de proporcionalidad tributaria; además las tarifas no guardaban una relación razonable con el costo que le genera a los municipios la prestación del servicio.

Cobro por registro de nacimiento, al violar el derecho humano a la identidad y gratuidad en la emisión de la primera acta de nacimiento, tutelados por el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Federal.

Multa por celebrar fiestas o convivios en propiedad privada, sin contar con permiso de la autoridad municipal, al vulnerar el derecho a la libertad de reunión en el ámbito privado, establecido en el artículo 9o. de la Constitución Federal, así como a la seguridad jurídica, tutelada en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Multas por mendigar habitualmente y dormir en lugares públicos, los cuales violaban el artículo 1o. constitucional, al generar un efecto de discriminación indirecta en perjuicio de las personas que tienen la necesidad de pernoctar o solicitar apoyo económico en la calle.

Multa para la persona encargada de la guarda o custodia de un “enfermo mental”, por dejarlo trasladarse libremente en un lugar público. La norma no cumplía con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, pues no tenía un propósito válido e infringía el principio de igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 1o. constitucional.

Multas por organizar o tomar parte en juegos, deportes o celebraciones en lugares públicos, que causen molestias o pongan en peligro a otras personas que vivan cerca de tales lugares. Lo anterior, por ser violatorias al derecho a la cultura física y práctica del deporte, ya que su redacción era ambigua y dejaba un amplio margen de discrecionalidad tanto a las autoridades municipales, como a los particulares que expresaran molestia por la práctica de juegos o deportes.

Multas por no portar cubrebocas en la vía pública y en transporte público, cuando existan enfermedades que pongan en riesgo la salud de la población y en tiempos de pandemias, su aplicación arbitraria transgredía los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Multas por: proferir insultos, faltas de respeto, insultos, agresiones verbales a la autoridad municipal; dirigir palabras lascivas, obscenas, altisonantes o signos obscenos a cualquier persona; y cantar canciones con palabras altisonantes o que atenten contra la moral. De acuerdo con la Corte, su redacción daba un amplio margen a las autoridades para determinar, de manera discrecional las acciones, palabras, signos y gestos que harían al presunto infractor acreedor a una sanción, lo cual violaba el principio de seguridad jurídica.

Multa por usar disfraces sin razón justificada, que propicien la alteración del orden público o atenten contra la seguridad a las personas; su redacción daba un amplio margen a las autoridades para determinar cuándo se darían esos supuestos, lo cual violaba el principio de seguridad jurídica.