En Oaxaca persisten las violaciones a los derechos humanos por el desinterés, la negligencia y la corrupción de los gobiernos, según cinco organizaciones de la sociedad civil.
Estas violaciones representan desigualdad, pobreza, violencia contra poblaciones indígenas, mujeres, y personas defensoras entre otras.
Marco Leyva de la organización Educa, indica que este panorama se ha generado por problemáticas como la militarización, el machismo en las instituciones y la falta de reconocimientos de los derechos de pueblos indígenas, y se han mantenido en el largo plazo.
No es exclusivo de algún gobierno. Tanto el PRI como Morena han contribuido a esta crisis por omisiones, falta de transparencia en la asignación de los recursos y por no anteponer los derechos humanos en sus planes y políticas públicas.
Así lo documentan en el informe “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación” las organizaciones Educa, Consorcio Oaxaca, Flor y Canto, Calpulli, y la Red Nacional de Abogadas Indígenas.
Sobre este informe, presentado este miércoles 6 de diciembre en la ciudad de Oaxaca, Marco Leyva refiere que efectivamente hay discordancia entre el discurso oficial y la asignación real.
Yesica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca menciona como ejemplo la política transversal de igualdad de género, a la que autoridades asignan millones de pesos, pero de los cuáles no se sabe con precisión a dónde van.
Es imposible” saber en qué acciones se utiliza el dinero asignado”.
Marco Leyva
Por otro lado, señalan que la violencia feminicida aumenta; su registro en el periodo de 2018 a 2022 reporta un incremento del 126% en feminicidios. Y en 2021 un 131.7% en desapariciones de niñas y mujeres.
La falta de autonomía de los poderes y órganos autónomos también forman parte del análisis presentado, en él exponen cómo agudizan los problemas de los derechos humanos. “Son claves para la procuración de justicia y están supeditados al poder oficial”, dice la abogada feminista.
La defensora señala los casos de los últimos dos fiscales Arturo Peimbert y Bernardo Rodríguez Alamilla, quienes ocuparon la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y posteriormente fueron impuestos en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Las organizaciones resumen en este informe diversos problemas entre los años 2018 a 2023 y señalan como el principal obstáculo para enfrentar la situación, la falta de voluntad de los gobiernos.
Informan que desde el 2018, a pesar de la alternancia política a nivel federal y en el último año con la llegada de Salomón Jara como gobernador, se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.
“Encontramos continuidad entre las administraciones priistas y morenistas… Pese a la retórica de Estado “la paz” es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación”, concluyen.