Llevan 40 días sin electricidad, sin agua y sin acceso a suministros básicos
Cinco familias cristianas de la ranchería “Cerro Cajón”, — en la comunidad chinanteca San Isidro Arenal, del municipio de San Juan Lalana— han sido privados de electricidad, agua y suministros básicos durante los últimos 40 días.
El 14 de diciembre de 2023 los habitantes de San Isidro Arenal llevaron a cabo una asamblea y votaron por hacer vigente un acuerdo firmado el dos de octubre de 1993, en el que se preponderan los Usos y Costumbres.
Lo anterior limita el ejercicio ciudadano de quienes abrazan una fe distinta a la católica. Ante esta determinación, las cinco familias que se adscriben como cristianas evangélicas quedaron indefensas.
Además, los habitantes del Arenal decidieron ese mismo 14 de diciembre que a partir de ese momento se cortaría el suministro de energía eléctrica y agua potable para los cristianos. No podrían salir de la población ni comprar o vender artículos esenciales de la canasta básica y aseo personal.
En noviembre pasado cuatro de los creyentes fueron encarcelados y posteriormente expulsados de la comunidad. La Secretaría General de Gobierno intervino para “garantizar” la libertad religiosa en esa comunidad, pero los acuerdos firmados no tuvieron efecto.
El cuatro de diciembre el defensor adjunto con sede en la Cuenca del Papaloapan, Mario David Robles Mendoza solicitó la intervención de la Secretaría General de Gobierno y José Méndez López, delegado de la paz en San Juan Bautista Tuxtepec acudió a la comunidad.
Ambas dependencias convocaron al presidente municipal de San Juan Lalana, Lauro Pérez Sánchez a un diálogo con los afectados. Además se abrió el expediente DDHPO/1885/(04)/OAX/2023 ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Las autoridad municipal permitió que las familias regresaran a la comunidad, pero luego las privó de sus derechos.
El 19 de enero de este año Azael Ramírez Miguel, apoderado legal de la Iglesia Cristiana Interdenominacional —a la que pertenecen los creyentes— se reunió con autoridades estatales y señaló al párroco Miguel Miranda de San Juan Lalana y al profesor Jesús Sánchez Hernández como instigadores del hostigamiento hacia las cinco familias.
El expediente ante la DDHPO aún está en trámite y los derechos de las familias son vulnerados todos los días.