A unos días de que se determine la pena y sanciones al defensor David Hernández Salazar por los delitos de incendio y daños a particulares, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Unidos por la defensa de la Tierra y el Territorio exigen la revisión de la sentencia y el indulto para el agente comunitario de Puente Madera.
El defensor zapoteca, opositor al Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) del Corredor interoceánico, en San Blas Atempa fue declarado responsable de esos delitos el pasado 30 de enero de este año.
Los activistas de la APIIDTT exigen la cancelación de la Causa Penal 446/2022, en la que dicen se acusa injustificadamente a su compañero y a 17 habitantes más de Puente Madera.
En un comunicado explicaron que el día 12 de febrero de 2022, personas que supuestamente son propietarias de parcelas en tierras de uso común de San Blas Atempa, ingresaron al monte El Pitayal a medir “ilegalmente” las tierras con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico.
Todas estás personas, abundaron, se encontraban a más de 200 metros, lo que técnicamente hace imposible tener visibilidad sobre la carretera panamericana, debido a la densa vegetación de árboles y arbustos.
Sin embargo, acusaron a David Hernández Salazar de haber iniciado el fuego en los vehículos estacionados, cuando él se encontraba con otras personas en camino a denunciar hechos de hostigamiento de días anteriores y llegó hasta que le comentaron que se requería su presencia en la protesta. Al llegar, vio la columna de humo que salía de los vehículos estacionados y se reunió con los habitantes de Puente Madera para conocer la situación.
En esta Causa Penal 446/2022 las acusaciones son «absolutamente falsas”, sostienen en contraparte los defensores, pues no todas las personas en esta lista se encontraban en lugar de los hechos.
En suma, apuntan que en los 14 días de juicio que tuvo el defensor binnizá demostraron que la denuncia en contra de David, está fundamentada en mentiras, contradicciones e interés económicos y político de exfuncionarios y actuales representantes del Municipio de San Blas Atempa, vinculados al cartel del despojo y grupos del crimen organizado.