^{Foto: Captura de pantalla de video de Centro Universitario Comunal de Santa María Yaviche}

Tal  como lo habían advertido algunas autoridades de la misma Universidad Autónoma Comunal  (UACO) el pasado 15 de febrero, el gobierno del estado intervino la ley orgánica de dicha institución al modificar  la naturaleza jurídica de la UACO, pasando de tener autonomía plena, a autonomía técnica y de gestión.

Desde la lectura en el pleno del Congreso, el pasado 21 de febrero de este año, legisladoras y legisladores primero omitieron  la lectura del dictamen y luego el concepto de ley orgánica y simplemente se refirieron a la ley,  lo cual marca una diferencia en cuanto a su autonomía.

La diputada morenista Juana Aguilar Espinoza, quien propuso la iniciativa de creación de la Universidad,  dijo que trataron de ser congruentes con las voces que se escucharon durante las consultas realizadas entre el mes de febrero y marzo de 2023.

Mientras que el diputado Horacio Sosa Villavicencio celebró esta nueva ley, con la que dijo se terminaba con la incertidumbre jurídica de este centro de estudios, pues la  ley anterior  fue  frenada por una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Esta nueva ley es un logro de la Universidad y los pueblos y comunidades indígenas que han cuidando que el proyecto se mantenga con el espíritu de comunal” dijo, a pesar de que la nueva ley  lo que menos invoca es justo a ese espíritu comunal, por el contrario podría decirse que la nueva ley, en la práctica minimiza  la propuesta inicial de comunalidad, porque los planes y programas de estudio de alguna manera estarán sujetos a la estructura gubernamental.

De hecho,  una vez publicada, el 24 del mismo mes, se confirmaron  las advertencias sobre la intervención del gobierno estatal,  hechas el 14 de febrero por un grupo de integrantes de la Asamblea Académica, incluso por Rigoberto Vásquez García, quien se ostentaba como rector de manera  irregular.

Lo anterior, en virtud de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación al ordenar la consulta a los pueblos sobre la creación de la UACO, dejó sin personalidad jurídica a quien fungía como primer rector, el antropólogo Jaime Martínez Luna.

Las modificaciones fundamentales se pueden observar desde el primer artículo. En la ley orgánica con número de decreto 1201 del  2020, la cual a la letra dice: 

Se crea la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como organismo descentralizado del Estado, dotada con plena autonomía en los términos de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Pág.10), con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Los organismos descentralizados son las entidades creadas con autonomía para su funcionamiento y con sus propias formas de gobierno conforme lo determinen las leyes o decretos de su creación.

Sin embargo, esta nueva ley del 2024, con número de decreto 1802, la modifica:

Se crea la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como Organismo Público Descentralizado (OPD)  del Gobierno del Estado de Oaxaca, con domicilio en Guelatao de Juárez en el estado de Oaxaca; con autonomía de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca.

Es decir, este organismo (la UACO) pasa a ser paraestatal, y quedará  bajo la coordinación del titular de la SEP en Oaxaca.

¿Autonomía plena? ¿Qué fue lo que cambió en la ley?

Entre otras modificaciones se observa el cambio del órgano de la Universidad, que antes estaba integrado por el Consejo Académico, la Rectoría, así como representantes de los Centros Universitarios comunales, ahora  pasó a ser un Consejo Directivo Universitario, integrado por  titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo y representantes del gobierno federal.

El Presidente de este Consejo será la o el titular de la SEP Oaxaca, un organismo recién creado en 2023, por cierto, el cual contará con derecho de voz y voto.

El Secretario Técnico será la persona titular de la Rectoría, con derecho de voz y sin voto.Y los  vocales serán los titulares de las Secretarías de  Finanzas, Administración, de las Mujeres, de Interculturalidad Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y el titular del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología e Innovación.

El máximo órgano tendrá tres representantes del gobierno federal designados por las Secretaría de Educación Pública Federal y un comisario que será el titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia  y Función Pública

La mayoría de  los titulares de las secretarías contarán con derecho a voz y voto, con excepción de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que paradójicamente señala entre sus objetivos impulsar acciones de inconclusión de estas comunidades que dice representar.

Es decir nueve integrantes del Estado con derecho a voz y voto frente a cuatro representantes designados por la Asamblea Académica Universitaria, también con derecho a voz y voto.

Según la nueva ley, este Consejo tiene entre sus atribuciones autorizar la publicación del reglamento interior, aprobar y expedir los demás reglamentos, estatutos, políticas, acuerdos, y programas institucionales y el presupuesto derivado de los mismos.

También aprobará anualmente los proyectos de programas financieros de presupuestos de ingresos y de egresos,  y autorizará el nombramiento del personal a partir de perfiles que desarrollen de manera efectiva los objetivos de la Universidad, a propuesta del rector o rectora. 

Entre otras modificaciones destacadas se observa que ahora el rector podrá ser nombrado y removido por el gobernador Salomón Jara Cruz.

Se eliminó el requisito explícito de ser oaxaqueño o oaxaqueña y no ocupar, o no haber ocupado algún cargo en algún partido político, sindicato u organización social, para ser rector o rectora.

Ahora, un ciudadano o ciudadana mexicana podrá ocupar esa función y solamente se restringe su postulación si ocupó un cargo en algún partido político en los dos últimos años anteriores al día de su designación.

Lejos quedó ese proyecto presentado por la diputada Juana Aguilar Espinoza en 2020, en el que propuso una institución no vinculada al razonamiento eurocéntrico de la educación. Su implementación y ejercicio desde la academia y viceversa, representaba dejar de lado las políticas diseñadas para homogeneizar la sociedad, indagar en  otras fuentes de razonamiento y reconocer los conocimientos que se generan en el estado a través de las distintas  formas de trabajo,  de organización, es decir los pensamientos propios de los pueblos originarios.

A pesar de haber advertido la posible modificación y haberla calificado como regresiva, debido a que prácticamente anula el concepto y/o la práctica de comunalidad, un aspecto central de esta visión de universidad, ni el rector ni la la Asamblea Académica Comunal de la UACO han ofrecido una postura crítica al respecto, por el contrario, en el Congreso local, ese día 21 de febrero, solo celebraron la aprobación.