El 27 de septiembre de 2018, la senadora Xóchitl Gálvez manifestó en la sesión ordinaria de la Cámara de senadores del Congreso de la Unión: “Durante muchos años pasamos de ver a los pueblos indígenas como sujetos de asistencia, como folclor, y hoy tenemos la gran oportunidad de reconocerlos como sujetos de derecho”.

En esa fecha se presentó la propuesta de Ley del Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la senadora lo celebró: “me da muchísimo gusto que podamos coincidir con el Partido de Morena y el Partido Acción Nacional en un tema tan importante”.

En 2024, la ahora candidata presidencial y sus principales impulsoras en el PAN, Kenia López Rabadán y Margarita Zavala de Calderón, reniegan del término “pueblo” y exigen que se cambie la Constitución para que la sociedad mexicana deje de ser pueblo y pase a ser “conjunto de ciudadanos”.

La rabia por el evidente fracaso de la campaña presidencial de Gálvez lleva a estas supuestas representantes populares a manifestar no sólo su fanático empeño en negar la realidad, sino a exhibir su desconocimiento de la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 39 establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Los dos siguientes artículos de la Constitución mexicana refuerzan el poder soberano del pueblo en nuestra nación. Dice el artículo 40 constitucional: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. 

Y el artículo 41 de la Constitución puntualiza: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.

En el desastre en que se ha convertido el proceso electoral para la menguada oposición conservadora, las lideresas del partido proverbialmente derechista ansían que el concepto de pueblo sea erradicado de la norma suprema porque creen que con un cambio de vocablos anulan la voluntad de ciudadanas y ciudadanos para que dichas fanáticas no gobiernen más.

El mecanismo mental por el que Gálvez, López Rabadán y Zavala han llegado a ese extraño repudio proviene de su ignorancia: en una república en que el pueblo está constituido en su mayoría por campesinos, obreros y trabajadores de todo tipo, las privilegiadas del PAN quisieran eliminar a esa multitud para que sólo sus elitistas partidarias y partidarios decidan el destino de México.

El martes 13 de febrero de 2024 Xóchitl Gálvez fue recibida por el papa Francisco I en el Vaticano. Presumió su encuentro con el pontífice, quien fue el único personaje que la recibió en Europa tras su fallido besamanos a derechistas de España. Pero la candidata de los papistas seguramente ignora que la iglesia católica tiene una doctrina social, y menos ha de saber que el 26 de marzo de 1967 el papa Paulo VI dirigió a los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles de todo el mundo, y “a todos los hombres de buena voluntad”, la carta encíclica Populorum Progressio «sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos».

Al abjurar del concepto de pueblo, la candidata de la cleptocracia encabezada por Alejandro Moreno y Marko Cortés, rechaza asimismo lo que el papado dispuso para el desarrollo del pueblo:

“En los países en vía de desarrollo no menos que en los otros, los seglares deben asumir como tarea propia la renovación del orden temporal. Si el papel de la Jerarquía es el de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este terreno, a los seglares les corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven”, señala la encíclica papal.

Paulo VI dejó claro en su encíclica: “A nuestros hijos católicos de los países más favorecidos, Nos[otros] pedimos que aporten su competencia y su activa participación en las organizaciones oficiales o privadas, civiles o religiosas, dedicadas a superar las dificultades de los países en vía de desarrollo”.

Y la encíclica es enfática en su llamado a los gobernantes: “Hombres de Estado, a vosotros os incumbe movilizar vuestras comunidades en una solidaridad mundial más eficaz, y ante todo hacerles aceptar las necesarias disminuciones de su lujo y de sus dispendios para promover el desarrollo y salvar la paz”.

Desde luego, el espíritu de ese documento papal ha sido desoído por los propios financieros del Vaticano, como Angelo Caloia, Gabriele Liuzzo y Lamberto Liuzzo, del Instituto para las Obras de Religión (conocido como el Banco del Vaticano), quienes en enero de 2021 fueron sentenciado por lavado de dinero y malversación de fondos con inmuebles administrados por la entidad.

Quizá Xóchitl Gálvez y sus amigas legisladoras, beneficiadas por el poder en México, se sientan autorizadas por el mal ejemplo de los financieros del Vaticano para olvidar la recomendación que Paulo VI hizo en su encíclica Populorum Progressio que, además, convalida para todas las naciones del mundo el concepto de pueblo. Ése que las panistas en campaña desearían eliminar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.