No hay un estado en México donde no haya una persona desaparecida. Ésas fueron las palabras de la abogada y directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) Silva Patricia Chica en el foro Búsqueda Justicia e Impunidad… a tres años de la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz.
Patricia Chica dijo que la desaparición de la activista, después de investigar y denunciar la corrupción en Nochixtlán, Oaxaca, es un ejemplo de lo que sucede en el país, donde la desaparición es generalizada y crece cada año más.
En mayo de 2022 las cifras oficiales, con datos de las fiscalías de los estados, reportaban en México 100 mil personas desaparecidas; en el 2023, 107 mil; y en este 2024 se estiman 112 mil personas desaparecidas.
En Oaxaca, en 2022 había un total de 418 personas desaparecidas, al siguiente año se contabilizaron 620. Claudia Uruchurtu es una de ellas.
Su hermana Sara la describió como una ciudadana más con el deseo de cambiar las cosas en el país. “Ella está convencida de que las cosas se pueden mejorar, los problemas que ella enfrenta son los problemas que afectan a todos”, dijo.
En 2021, cuando sucedió su desaparición, era la primera vez que un partido de izquierda llegaba al poder con Andrés Manuel López Obrador y una promesa de justicia e igualdad, de combate a la corrupción y de cambio.
“Mi hermana se lo tomó literal. Ella hizo todo siguiendo esa línea. Tenía hasta cierto punto, una ingenuidad de pedir algo que todos queremos, el bienestar común. Con el tiempo se dio cuenta de los obstáculos, pero no paró”
Claudia comenzó a investigar, halló elementos para denunciar la corrupción y el desvío de recursos en obras públicas del municipio de Nochixtlán, administrado en esa fecha por la morenista Lizbeth Victoria Huerta. Además del uso de dinero destinado para atender la pandemia de Covid 19, en campañas políticas.
La activista escaló de un nivel municipal a un nivel federal y logró hacer una serie de denuncias a nivel federal. Cuando ella desapareció ya habían varios requerimientos de auditorías municipales, aseguró Sara Uruchurtu.
Sara indica que optó por renunciar a esta idea pesimista de que en México no cambia nada: “La desaparición de mi hermana no fue un evento, hay toda una historia detrás. La idea de Claudia de luchar por la justicia y por la verdad no va a parar. Vamos a seguir».
«Esto no puede seguir así. Todos los cambios en este país y en el mundo se han dado a través de la lucha. Tenemos que seguir buscando”, dijo Sara Uruchurtu, a las familias de las personas desaparecidas en Oaxaca y el país.
La abogada Patricia Chica explicó que en todas estas desapariciones en México hay planes de grupos criminales asociados con autoridades: “Antes del 2010 las regiones donde operaban estaban demarcadas, habían ciertos acuerdos, pero se crearon grandes cárteles como el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación que entraron a disputarse territorios”.
La desaparición es una práctica que garantiza el control territorial, el miedo, la facilidad para operar, de alguna manera generan impunidad y silencio. A Claudia, por ejemplo, las autoridades no han vuelto a buscarla.
Por la desaparición de la activista hay cinco personas en prisión, cuatro sentenciadas a 40 años, la ex edil Lizbeth Victoria Huerta, a pesar de haber sido declarada responsable del delito de desaparición forzada, fue sentenciada solo a cuatro años, dos meses y 22 días de prisión por el delito de obstrucción de búsqueda.
Sin embargo, en diciembre pasado, un nuevo fallo judicial ordenó la reposición del procedimiento, lo que implica un nuevo juicio. El abogado José Juan Julián Santiago del Colectivo Defensores por la Justicia, señala que hay desigualdad procesal, “de fondo lo que buscan es que salgan libres, apostando a la impunidad”.