En vísperas de la conmemoración del desalojo violento del 14 de junio de 2006, el Congreso del estado de Oaxaca  aprobó la reforma al Código Penal para tipificar como delito la ejecución extrajudicial en el estado y castigar con cárcel a quien cometa este delito.

En 2006, un día como hoy, muchos ciudadanos fueron reprimidos, presos y asesinados por agentes del Estado,  es decir fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los reportes de la Comisión de la Verdad.

Pero esta reforma surgió derivado de los hechos violentos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, cuando  murieron seis pobladores, y 149 personas resultaron lesionadas, de ellas, 45 fueron por arma de fuego y 84 por gases lacrimógenos, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El dictamen refiere:

“Comete el delito de ejecución extrajudicial el integrante o miembro de cualquier corporación de seguridad pública estatal o municipal que, estando en ejercicio de su cargo, actuando arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza, prive de la vida a una o más personas; así como cualquier persona que, con el consentimiento, aprobación, orden o apoyo de cualquier servidora o servidor público estatal o municipal, prive de la vida a una o más personas”.

La iniciativa fue analizada y dictaminada por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia que preside la diputada Lizett Arroyo Rodríguez.

¿Qué establece la reforma?

Los legisladores y legisladoras aprobaron la iniciativa para reformar al Código Penal de Oaxaca el artículo 292 Quáter, el cual  establecerá un castigo de 50 a 70 años de prisión y con una multa de mil a mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien cometa el delito de ejecución extrajudicial.

En el caso de que quien haya cometido este delito sean servidores públicos, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público por el tiempo que dure la pena impuesta.

Cuando se acredite que la víctima era una persona defensora de derechos humanos, la pena se incrementará en un tercio de la mínima y hasta un tercio de la máxima.

La reforma fue una iniciativa impulsada por los ciudadanos Santiago Ambrosio Hernández, Sergio Miguel Luna Cruz, Elvia Rosa Cruz Cruz, Rutila Santiago Cruz, Daniel Mayoral López, Moisés Hernández García, Iván Escobar Román, Uriel Ángel Pérez López, Rafael Guadalupe Salazar Maldonado y Diodoro Medina Ramírez. 

También fue apoyada por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC y Serapaz, quienes han impulsado un México más justo y equitativo; “Lamentablemente muchas de nuestras organizaciones han sido víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado”, indicaron en su escrito y recordaron las heridas profundas que estas ejecuciones dejan en las familias y comunidades, así como la importancia de erradicar esta práctica que atenta contra la dignidad humana y la vida misma.