Por Janet González
Diecisiete días después de la desaparición de la abogada mixe Sandra Estéfana Domínguez Martínez, de 38 años de edad, y de su esposo, Alexander Hernández, de 46 años, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la separación del cargo «por unos días» de Donato Vargas, delegado de Paz, quien fue acusado por la activista desaparecida de liderar un chat de whatsapp denominado «Sierra XXX» que compartían imágenes pornográficas de mujeres indígenas.
El anuncio se da, tras el llamado de Naciones Unidas para que la defensora de derechos humanos aparezca con vida.
El objetivo de esta separación del cargo es no entorpecer las investigaciones del caso, indicó el mandatario estatal.
«La línea de investigación es muy fuerte por la otra parte (la del esposo). Pero por cuestión de sigilo tenemos que cuidar todo esto», reiteró el Gobernador en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno este lunes.
En tanto, la Fiscalía del Estado dio a conocer el fin de semana, tras quince días de búsqueda, que ya hay una persona del sexo masculino detenida por tener en su poder el teléfono celular de la abogada desaparecida.
La desaparición de la activista y su esposo fue denunciada el 8 de octubre por sus familiares, según dio a conocer la misma Fiscalía. Desde entonces diversos organismos y asociaciones civiles han pedido a través de denuncias públicas, marchas, y conferencias de prensa, una investigación ágil y la presentación con vida de la activista.
El 9 de octubre Donato Vargas, delegado de Paz, fue invitado a la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, en la que el secretario de Gobierno, Romero López, le cedió la palabra para que diera a conocer su postura sobre los señalamientos en su contra por la desaparición de la abogada mixe y su esposo.
En ese espacio Vargas consideró las acusaciones en su contra como «grilla política», y negó que hubiera alguna denuncia penal sobre el tema del chat. Denuncia que desde 2020 presentó Domínguez Martínez y que motivó la destitución de Rolando Vásquez de la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), como sanción por ser identificado como el que publicó la foto de la activista como imagen de perfil del denunciado chat.
Ahora, 12 días después de esa conferencia en el que el Gobierno estatal le brindó un foro público, y a 17 días de la desaparición de Sandra y su esposo, el Gobernador decidió por fin separar del cargo al funcionario, quien ya había sido denunciado también por una ex pareja por violencia de género.