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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 188/2024 a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como a la presidencia municipal de Salina Cruz para reparar integralmente el daño a las víctimas indirectas, por las violaciones cometidas en el caso de Abigail Hay Urrutia.
La investigación de la CNDH documentó violaciones a los derechos humanos de la víctima, específicamente a la seguridad jurídica, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la vida, además del incumplimiento del deber de cuidado por no ser canalizada oportunamente para recibir atención médica adecuada, a pesar de que las autoridades involucradas tenían pleno conocimiento de su condición de salud.
También identificó afectaciones a los derechos de siete familiares, víctimas indirectas, quienes sufrieron presiones por parte de personas servidoras públicas y elementos de seguridad del municipio de Salina Cruz. Debido a estas presiones, los familiares se vieron obligados a trasladarse a otro estado de la República Mexicana, lo que afectó gravemente su proyecto de vida y, en particular, el interés superior de dos niños.
Abigail Hay Urrutia fue detenida el 19 de agosto de 2022 y conducida a los separos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, donde fue localizada sin vida tres horas después.
Durante su detención, un perito la diagnosticó con un trastorno neurológico, pero, en lugar de canalizarla a servicios médicos especializados, fue llevada ante el juez cívico y remitida a los separos, donde fue hallada sin vida tres horas después.
No se consideró la condición de salud de la víctima, las autoridades no la canalizaron a una institución o con un especialista en psicología o trabajo social, lo que agravó la situación.
A pesar de que las autoridades locales sabían de los antecedentes de violencia familiar contra la víctima, no se investigó el caso bajo la perspectiva de género, tampoco se trató como un posible feminicidio ni se reconoció la violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por todo eso, la CNDH solicitó que la Fiscalía de Oaxaca y la presidencia municipal de Salina Cruz reparen integralmente el daño a las víctimas indirectas, otorgando compensación, atención psicológica y tanatológica, asesoría jurídica gratuita para dar seguimiento a los procedimientos administrativos, civiles y penales.
Además de colaborar con las investigaciones correspondientes e impartir cursos de formación especializada en materia de derechos humanos para evitar situaciones similares, así como exhortar al personal de ambas dependencias a llevar su actuación apegada a los principios de perspectiva de género, combate a la corrupción y máximo respeto a los derechos humanos.
«La capacitación continua del personal, tanto en el ámbito de la seguridad pública como en las áreas de salud y justicia, es crucial para evitar que hechos tan lamentables como el que se describe se repitan. Un servicio público comprometido con la protección de los derechos humanos no solo debe actuar con eficiencia y transparencia, sino también con empatía y sensibilidad, para asegurar que la atención y el trato a la ciudadanía sean justos y humanos», concluyó el organismo.