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Una hora y media después de marchar desde la fuente de las ocho regiones, llegan al zócalo Aracely Martínez, madre de la defensora desaparecida Sandra Domínguez, y las hermanas Kisha y Kenia Domínguez.
Un par de policías cierra apresuradamente la puerta de Palacio de Gobierno. Ellas colocan ahí una enorme lona en la que se distingue una frase que parece resumir la larga e incierta tarea de buscar a una hija o hermana desaparecida. Te seguimos buscando.
Como desde hace cinco meses, Kisha vuelve a tomar el micrófono para replantear el caso de Sandra Domínguez. Afirma que el Estado le arrebató a su hermana.
“No desapareció. No se perdió. Hoy afirmamos que la vigilaron, la acosaron, la persiguieron hasta desaparecerla”.
Las autoridades realizaron un operativo en enero de este año para buscar a Sandra, en éste murieron cuatro personas, solo una fue detenida presuntamente por estar vinculada a la desaparición de la activista. Hasta ahora no hay más informes de la Fiscalía sobre el caso.
La familia asegura que no se quedará en silencio, que no aceptan la violencia como algo normal o justificada, “como en la narrativa de los funcionarios del gobierno del estado”.
Los funcionarios han asociado la desaparición de Sandra con presuntas actividades criminales de su pareja. El secretario de Gobierno Jesús Romero López incluso desestimó que pudiera estar relacionada con la denuncia que hizo contra el coordinador de Delegados de Paz del gobierno, Donato Vargas Jiménez, a quién se identifica como operador político en la zona mixe.
Sandra lo acusó de participar en un chat machista en el que además participaban funcionarios o aspirantes a un cargo público compartiendo fotos íntimas de mujeres indígenas.
“Con su valentía Sandra defendía los derechos humanos de las mujeres indígenas, luchaba por su dignidad, por su libertad, por su derecho a vivir sin miedo”, dice su hermana.
Yesica Sánchez Maya de la organización Consorcio, comenta que el caso de Sandra exhibe la violencia contra las mujeres en María Lombardo que el gobierno (el actual y los anteriores) había querido ocultar.
La madre y hermanas de la defensora afirman que la seguirán buscando y anuncian su decisión de seguir el camino de las Madres de Mayo, de Doña Rosario Ibarra de Piedra, de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, conformarán el Komite Pëjy Tyotk (Flores y Mariposas) con el objetivo de mejorar las condiciones de búsqueda y vincularse con otras organizaciones nacionales e internacionales.
Familiares e integrantes de diversas organizaciones marchan hacia el zócalo | Foto: Rocío Flores.
A Sandra la desapareció el Estado, reitera Kisha. “Los que la espiaron son responsables, los que callaron son responsables y los vamos a señalar… No les tenemos miedo. Vamos a seguir gritando hasta qué nunca más una familia tenga que pararse aquí a exigir lo que jamás debió ser arrebatado.”
La madre de la defensora no desiste. Lleva la imagen de su hija en una pancarta con la que caminó en silencio durante la marcha. Lee un mensaje para su hija.
“Sandra querida, cada minuto sin saber de ti me consume, la incertidumbre me abarca, pero mi amor es más fuerte que todo eso. Ninguna madre debería sufrir la desaparición de su hija. No me rendiré hasta que la verdad salga a la luz y los responsables paguen por ese crimen. No voy a dejar de gritar tu nombre…»
Su voz titubeante y la lágrima que le sucede muestra lo dolorosa que puede ser la búsqueda. Sus manos temblorosas apenas sostienen la hoja donde está escrito el mensaje que lee para Sandra.
«No voy a callar, por todas las madres que viven esta pesadilla seguiré luchando. Te buscaré hasta el último de mis días…»
En la zona mixe, donde desapareció Sandra, se ha reportado homicidios, feminicidios, desapariciones, trasiego de drogas, tráfico de migrantes y fosas clandestinas, según la información de las fiscalías y los datos de la Secretaría de Gobierno. La Fiscalía de Oaxaca confirmó en octubre del año pasado que esa zona es considerada de alto riesgo.
Algunos diarios del país reportan que desde 2023 con la llegada del CNJG, esos delitos se han incrementado en el municipio de María Lombardo, en el límite de Veracruz y Oaxaca.
