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El proyecto sobre la presa Paso Ancho, con el que el gobierno estatal y federal planean enfrentar la crisis del agua en Oaxaca es un proyecto que fue clausurado por la Profepa desde 2014, pese a ello el gobierno anuncio su arranque para el mes de agosto y cambiará de nombre a “Margarita Maza” en honor a la esposa del expresidente de México Benito Juárez García.
El gobernador del estado Salomón Jara Cruz informó esta semana que este proyecto forma parte de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico presentado la semana anterior por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el que se planea atender las zonas con mayor escasez de agua.
La presa «Margarita Maza» iniciará en agosto de este año y se concluirá a principios del 2027 y tendrá una inversión total de 4 mil 600 millones de pesos, para garantizar mil litros de agua por segundo, en beneficio de toda la zona metropolitana que ronda entre los 650 mil y 700 mil habitantes”, dijo el Gobernador.
Antes, el 12 de marzo de este año, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, anunció en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que la construcción de la presa Paso Ancho tendrá una inversión inicial de 700 millones de pesos, de un total previsto de 4 mil 600 millones de pesos.
“Se está trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, en julio se va a llevar a cabo la licitación y en agosto se estará iniciando”, declaró.
¿Por qué clausuró la Profepa en 2014?
La construcción de la presa Paso Ancho inició en 2012 en la administración del entonces gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo, en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega, con una inversión inicial de 3 mil 341 millones de pesos.
En esa fecha la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca (Sinfra) a cargo de Nezahualcóyotl Salvatierra, quien también fue secretario de Infraestructuras del gobierno de Salomón Jara Cruz hasta diciembre de 2024, autorizó el pago a dos empresas por adjudicación directa, al menos 2 millones de pesos, sólo para la elaboración de dictámenes de impacto ambiental para la Presa de Paso Ancho —el cual debía incluir el análisis jurídico— bajo el concepto «programa de cumplimiento de condicionantes ambientales de los proyectos presa y acueducto Bicentenario de la Independencia (Paso Ancho)»
Uno a la empresa Planeación, Sistemas y Control, SA de CV, del Distrito Federal, por 980 mil pesos, bajo el contrato PS/U9 01 08 0028/2012 y otro a QV Gestión Ambiental S. C. por 958 mil pesos bajo el contrato estatal número PS/U9 01 08 0031/2012.
Pero la Profepa lo clausuró de manera total por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat).
La Semarnat informó que la empresa responsable de obra: Tradeco infraestructura S.A. de C.V. “no presentó información técnica y documentación legal faltante” del lugar donde se desarrollaba el proyecto. Por ello, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat resolvió desechar dicha autorización que implicaba la afectación de una superficie de 1.0251 hectáreas,
Sin embargo, al realizar una visita inicial, se observó la ejecución de actividades de cambio de uso del suelo en terrenos forestales, las cuales afectaron una superficie de 2.0174 hectáreas de vegetación de selva baja caducifolia y de encino. Todo ello, sin contar con la autorización por lo que la ejecución del proyecto denominado “Obra de desvío de la Presa Paso Ancho” quedó condicionada a la autorización del cambio de uso del suelo.
La obra se paró en su totalidad y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad (ahora Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación por presuntas irregularidades, hasta la fecha no se saben los resultados.
Es un proyecto inviable, dicen organizaciones
Desde agosto de 2024, al menos 20 organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano y Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) calificaron de inviable técnica, social y jurídicamente esta iniciativa, además de costosa.
Debido a los antecedentes del proyecto Paso Ancho, clausurado por la Profepa en 2014, pidieron su justificación ecológica, económica y ambiental, así como sus impactos esperados: positivos y negativos.
El ambientalista Juan José Consejo Dueñas del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca ( INSO) dijo que en la zona metropolitana de Oaxaca hay una crisis que pone en riesgo la viabilidad del Valle Central, una “crisis grave y compleja” que no puede ser resuelta por una obra, requiere de un conjunto de medidas legales, técnicas, administrativas y económicas.
Advirtió que han cambiado los paradigmas y la discusión de cómo abordar los temas ambientales e hídricos, por lo que retomar este proyecto es un retroceso. “Sabemos tiene elementos insalvables, por ser obras increíblemente caras y existen muchos análisis al respecto, no sólo se trata del vaso y la presa, sino también un acueducto de más de 80 kilómetros, que tardaría mucho, es decir, ya no es una respuesta a los muchos problemas del agua”.
Consejo Dueñas dijo que los supuestos en que está fundado son hoy más discutibles pues las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.
Las organizaciones integrantes del OCCAMA señalan que hay otras soluciones al problema hídrico de Oaxaca e hicieron énfasis en la necesidad de que las autoridades impulsen procesos participativos donde los diferentes niveles de gobierno asuman su responsabilidad para recuperar y sanear fuentes de agua a nivel local, fortaleciendo la gobernanza del agua desde una visión de cuenca, antes de emprender proyectos donde se vulneran derechos de comunidades en beneficio de grandes urbes que no modifican sus dinámicas de sobreexplotación y contaminación del agua.