Integrantes de distintos colectivos en la presentación del informe de violaciones a DH | Foto: Cortesía.
Oaxaca ocupa el primer lugar en el país en asesinatos a personas defensoras en México –le siguen Guerrero y Chiapas– 58 personas defensoras han sido asesinadas de 2018 a 2024, según el último informe de 33 organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil en Oaxaca.
Las organizaciones presentaron este lunes el informe Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, en el que dan cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos en nuestra entidad.
En dicho informe explican que de las 58 personas defensoras asesinadas, 55 pertenecían a un pueblo indígena y sus crímenes han quedado en la impunidad.
Además de estos crímenes, debido a los conflictos agrarios y a la oposición comunitaria de megaproyectos en sus tierras, las organizaciones reportan otras violaciones como el desplazamiento forzado, la división de tejido social y el amago de prisión de personas defensoras.
Mencionan entre los casos más recientes los asesinatos de Wilfrido Atanacio Cristobal, Victoriano Quirino Jiménez y Abraham Quirino Agustín de la comunidad de El Platanillo, quienes fueron emboscados el 13 de febrero de 2025.
De acuerdo con este informe, ellos eran integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y fueron asesinados en el contexto de un conflicto agrario entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa por la disputa por 26 mil 800 hectáreas de territorio. Aunque el conflicto data de hace unos 50 años, se reactivó recientemente a raíz del programa federal Caminos Rurales
También exponen el caso de la comunidad indígena Chontal El Coyul, Huamelula, en el Istmo de Tehuantepec que lucha por la defensa de la playa Morro Ayuta ante la presunta imposición de un proyecto inmobiliario.
Habitantes de El Coyul denuncian que se les fabricaron delitos frente a Palacio de Gobierno de Oaxaca. Foto: Rocío Flores
En esta localidad se fabricaron delitos de despojo agravado y secuestro a 21 personas, quienes fueron sentenciadas a 15 años de prisión y 90 mil pesos de multa, más una reparación de daños por 55 millones de pesos.
En Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa, existen procesos judiciales contra 24 personas indígenas ayuujk y binizaa de ambas comunidades, quienes fueron afectadas por las obras del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El informe presentado en el marco de la visita de la Embajada de los Países Bajos a la ciudad de Oaxaca el pasado 9 de mayo, expone otros casos de asesinatos, desapariciones y despojo de tierras y desplazamiento forzado en la región Mixteca; así como otros agravios en los derechos de pueblos indígenas, afromexicanos, a una vida libre de violencia, a la salud, a la diversidad sexual, al medio ambiente, a la participación ciudadana, a la información y la comunicación.
En todos los casos, ocurridos históricamente y durante la administración de Salomón Jara Cruz, señalan, el papel del Estado, sus acciones y políticas han sido insuficientes en cuanto a garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño, la no repetición y el derecho a la verdad.
Por el contrario, indican, la respuesta ha sido la criminalización de la protesta social de las propias comunidades, defensores comunitarios y de personas de organismos civiles.
Las organizaciones exigen justicia para las personas defensoras del territorio asesinadas y desaparecidas así como la generación de un diseño institucional evitar la situación de inseguridad de las personas defensoras.