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Activistas de la comunidad LGBTIQ+ y organizaciones como Amicus DH, Transfusión e Intrépidas buscadoras del peligro exigieron este lunes al Gobierno estatal acatar la orden judicial del juicio de amparo 117/2025 y asignar presupuesto a la comunidad LGBTIQ+
En conferencia de prensa, denunciaron que el gobierno estatal y el Congreso local buscan evadir una resolución judicial que ordena designar un presupuesto específico en el Presupuesto de Egresos 2026 para garantizar los derechos humanos de esta población.
Naomi Méndez Romero reina de las Intrépidas buscadoras de peligro explicó que un juez ordenó la asignación de este presupuesto que es urgente ante las condiciones de exclusión y discriminación que vive la población LGBTQ+ en las distintas regiones del estado, cada una con sus características propias.
Hemos vivido un contexto de violencias y rezagos en el ámbito educativo, laboral y en el acceso a la justicia. “Salir a la calle es cruzar la puerta de la muerte”, manifestaron ante el incremento de los crímenes de odio en el estado.
De Amicus DH, Juan Cuevas explicó que el gobierno estatal en lugar de analizar la sentencia que obliga a designar una partida para atender sus necesidades específicas, interpone un recurso e inmediatamente después da la noticia de que ya se va a empezar a discutir el Presupuesto de Egresos 2026.
Cuevas enfatizó en la necesidad de políticas públicas afirmativas en materia de educación, de trabajo, seguridad y justicia para que esta población pueda ir ascendiendo. “tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadana”. Por ello, considera que dentro de esas mesas de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos 2026 es necesario que estén personas de la comunidad LGBTIQ+
“Estamos en situación de desigualdad, es lo que no entendieron del juicio, tanto el Congreso como el Gobierno del Estado no reconocen nuestra calidad de personas desiguales, porque lo somos, en la Ley dice que todos somos iguales, pero en los hechos es diferente; no lo entendieron y por eso presentaron un recurso de revisión”, explicó.
“¿Dónde está el presupuesto para la población diversa, muxe que ordena el juez?”, cuestionó.
Las organizaciones llamaron tanto al Ejecutivo como al Legislativo cumplir con su responsabilidad constitucional, acatar el amparo e incluir en el análisis del presupuesto a esta población que ha sido históricamente violentada.
