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Después del acuerdo del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, con el que autoriza el cambio de uso de suelo en zonas de reserva como el Crestón, el Observatorio Ciudadano Comunitario de Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) pide a las autoridades que de la misma manera que se respetan los derechos legítimos de posesión de particulares, se respete el derecho humano colectivo a un medio ambiente sano y se conserve la Cordillera Norte.
La cordillera es una de las regiones prioritarias de conservación de México por su gran patrimonio biocultural, su papel es clave en el abasto de agua y la regulación climática. Además cuenta con gran potencial productivo. Por ello es decisivo protegerla, han reiterado diversas organizaciones que conforman el observatorio. No solo se trata del Cerro del Crestón y del Cerro del Fortín, los cuales representan solo una fracción de ésta.
Si bien los conflictos se centran en alrededor de 1, 200 hectáreas que comprenden el decreto, recientemente georreferido, por razones biofísicas, sociales y financieras, es completamente inviable el desarrollo urbano en la Cordillera Norte , la cual se extiende a 60 mil hectáreas.
El OCCAMA considera que debe haber la disposición de privilegiar la concertación como medio para dirimir diferencias y mantener la visión integral de conservación de toda la Cordillera. «Conservarla es tarea urgente y prioritaria de sociedad y gobierno», sostiene.
Entre algunas medidas sugieren que los tres niveles de gobierno y el poder legislativo, cumplan con la obligación de difundir medidas jurídicas, administrativas y presupuestales con el objetivo de brindar la más alta protección de esta zona y a los servicios ecológicos que brindan a la población.
Esta resolución del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez del 29 de julio pasado, con el que derogó el acuerdo que mantenía suspendidas las autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas de reserva como el Crestón, ya se había intentado varias veces, la última en 2023, provocando polémicas y enfrentamientos entre ambientalistas.
En su momento Juan José Consejo del INSO, como la misma Consejería del estado y habitantes de la zona colindante con la reserva, coincidieron en que hay intereses inmobiliarios que pugnan por eliminar las restricciones ambientales para sus beneficios, a pesar de los instrumentos legales y administrativos que se han creado para frenar la destrucción. De ahí, la necesidad de un diálogo abierto y con amplia participación social.
Al mismo tiempo, las organizaciones y ciudadanía integrantes del OCCAMA piden que se promueva la transparencia en torno a todo este tipo de disposiciones, con el objetivo de evitar el conflicto de interés que vincula a servidores públicos con los proyectos inmobiliarios, a fin de evitar la especulación, la corrupción y todas aquellas consecuencias que agravan el problema de la gentrificación.
