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A raíz del levantamiento del veto que prohibía el cambio del uso de suelo en la zona de reserva ecológica y Área Natural Protegida de la ciudad de Oaxaca, que abarca unas 1400 hectáreas, organizaciones sociales, ambientalistas, urbanistas y arquitectos han cuestionado la falta de transparencia de los gobiernos tanto municipal como estatal.
El director del Instituto de la Naturaleza y Sociedad de Oaxaca (INSO), Juan José Consejo, dijo que los gobiernos han sido poco transparentes en un tema de interés social: “Para que no suene feo en la prensa, han sido tan transparentes como lo que han hecho en el río Atoyac”.
Consejo explicó que el decreto de 1992 en el que se estableció la zona de reserva fue restituido y presentado por el gobierno del estado el año pasado, en él se precisaron los polígonos de la zona. “La consejería Jurídica lo presentó como un gran logro para dar certeza jurídica. Pero esto todavía no da certeza jurídica, solo nos dice los límites del decreto de 1992″.
De acuerdo con el ambientalista, aún está pendiente el Programa de Manejo de la Zona de la Reserva Ecológica y Área Natural Protegida y el Programa de ordenamiento de la zona conurbada, ya que el anterior de 1994 tenía vigencia era de 10 años, pero hasta ahora el gobierno del estado no lo ha presentado.
Este último programa es un instrumento de planificación para regular y el desarrollo de la área geográfica que comprende varios municipios y debe establecer los lineamientos para el uso del suelo, la infraestructura, los servicios públicos, la movilidad y la protección del medio ambiente, con el objetivo de lograr un desarrollo urbano sostenible y equilibrado en la zona.
A pesar de eso la regidora promovente de los cambios, Surisadai Sánchez, argumentó que la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que en su Artículo 8 señala que los municipios tienen facultades para la regularización de la tenencia de la tierra urbana, de conformidad con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
La regidora no mencionó que esta misma ley en su fracción VI indica que los cambios en el uso de suelo debe ser acorde a los Programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano en vigor, además obliga a los municipios a evaluar las manifestaciones de impacto urbano del Centro de población, y emitir las resoluciones correspondientes.
También obliga al municipio a gestionar la participación de los sectores de la sociedad organizada que tengan relación con el tema, en la elaboración y operación de los programas de ordenamiento territorial y urbano, en la protección del patrimonio cultural y natural, así como en la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales; sin embargo ni el INSO y otras organizaciones que han alertado sobre intereses inmobiliarios en la zona y se han pronunciado por la conservación, han recibido invitación para participar.
“Lo que dijeron los concejales es un argumento de derechos humanos para brindar seguridad a las familias, pero lo que pedimos a los gobiernos, es que se nos diga cómo están realmente las cosas ahí, quien ya tenía terrenos sustentados con documentos. Y se explique el proceso de compraventa que está sufriendo la zona, “que más bien es de agandalle”.
El ambientalista sostuvo que lo mismo ha ocurrido en todo los Valles Centrales, donde eran tierra comunales o ejidales, ha sido un proceso de “agandalle” de la tierra, donde se han asentado políticos y personas con altos recursos económicos, que luego “regularizan” sus propiedades con procesos irregulares.
Un ejemplo, dice, es el Hotel Victoria que está sobre el Cerro del Fortín. Y ahora, los proyectos inmobiliarios que se sabe están en el Cerro del Crestón, a los que solo pueden acceder personas con muy alta capacidad económica. “Esta es la historia de siempre…
Nadir Hernández Quiroz, integrante de la organización Flor y Canto señala que esta decisión del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez es grave, ante la falta de consulta y de transparencia. Advierte que los mecanismos de participación ciudadana se están cerrando también por la pretensión del gobierno municipal de desaparecer los Comités de Vida Vecinal (Comvive) una figura que ha funcionado como un puente entre la ciudadanía y el gobierno y que, en su origen, tiene el objetivo de gestionar servicios públicos y proponer soluciones para el bien común.
El Colegio de Urbanistas de Oaxaca también manifestó su preocupación con respecto a esta decisión de revocar el acuerdo que prohibía el desarrollo urbano en esta reserva. Señala que el cambio de uso de suelo no es una acción menor ni automática. “Requiere sustento técnico basado en estudios de impacto ambiental, urbano y social. Estos documentos deben ser públicos, verificables”, precisó en un comunicado.
Los urbanistas consideran que la propuesta de urbanización debe incorporar medidas de mitigación y compensación ambiental, así como una evaluación de su viabilidad. Además de las cuestiones técnicas y jurídicas que la justifican. “De lo contrario, se incurre en una omisión grave que vulnera los principios de planeación, legalidad y transparencia”.
Además abogan por el derecho a saber qué está haciendo el municipio en materia de desarrollo urbano, pues dicen: “No se trata de frenar el crecimiento, sino de garantizar que este se dé con responsabilidad. “El Cerro del Crestón no es únicamente una porción de tierra, enfatizan, es un bien común, es un espacio de valor ambiental, social y cultural para Oaxaca. Su protección o transformación debe discutirse con base en criterios técnicos, no intereses políticos o privados”.
